Ciudad de México, México.- Por primera vez en su historia, el Congreso del estado de Yucatán aprobó una reforma al Código Penal que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, una decisión celebrada por colectivos feministas y defensoras de derechos humanos como un triunfo histórico.
Sin embargo, la jornada legislativa dejó también un sabor amargo: el Congreso incumplió parcialmente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al rechazar la eliminación de la protección a la vida desde la fecundación que permanece en la Constitución local.
La sesión se realizó este miércoles y culminó con 22 votos a favor y 13 en contra para modificar los artículos 389 al 393 del Código Penal local, lo que convierte a Yucatán en el estado número 23 en despenalizar el aborto voluntario.
Pero el primer dictamen, que proponía reformar el Artículo 1 constitucional del estado para eliminar el candado que protege la vida desde la fecundación —medida considerada inconstitucional por la SCJN—, no alcanzó la mayoría calificada de 24 votos.
¿Qué significa que hayan despenalizado el aborto?
La diputada panista María Teresa Boehm dejó claro que su bancada no apoyaría la modificación constitucional:
“Nuestro voto es en contra, no por dogmas ni ideologías, sino por convicción de que un mejor Yucatán es uno donde se defienda la vida y se acompañe a la mujer”, declaró.
Sus palabras fueron respondidas desde las gradas del recinto por un grito unánime de activistas y ciudadanas: “¡Si el PAN vota en contra, la historia no perdona!”.
Junto a los 12 legisladores del PAN, también votó en contra Harry Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México. Ante el rechazo, las manifestantes respondieron con gritos de “¡Desacato!”, aludiendo al incumplimiento de la sentencia del amparo 274/2024 que obligaba al Congreso a garantizar plenamente los derechos reproductivos en el estado.
Protección a quienes decidan abortar
Pese a este revés parcial, la reforma al Código Penal fue un avance significativo. Además de despenalizar el aborto voluntario hasta la semana 12 de gestación, la diputada de Morena, Clara Rosales, impulsó una cláusula que impide que se acuse de homicidio en razón de parentesco a las mujeres que aborten, una figura penal utilizada en otros estados para criminalizar a quienes interrumpen su embarazo, incluso en contextos legales o de urgencia médica.
“No olvidemos a quienes hoy están votando en contra de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar. La Marea Verde seguirá avanzando hasta que las maternidades sean deseadas y acompañadas. ¡Será Ley Yucatán!”, sentenció Rosales desde tribuna.
Entre celebraciones y protestas
Mientras al interior del Congreso se debatían las reformas, en las afueras del recinto se enfrentaban dos posturas opuestas. Por un lado, activistas feministas ondeaban pañuelos verdes, cantaban y exigían la aprobación de las reformas.
Por el otro, simpatizantes de posturas antiderechos rezaban con imágenes religiosas en mano, pidiendo el rechazo a la despenalización. La celebración feminista terminó imponiéndose:
“Este paso nos ha llevado bastante tiempo. Lo que más me da gusto es que quienes, en 2009, interpusieron los candados para el aborto voluntario en la ley y en el imaginario social, pudieron ver que los derechos van lentos, pero llegan”, dijo Amelia Ojeda, abogada de la asociación civil UNASSE.
Con la reforma al Código Penal, el Estado de Yucatán estará obligado a proveer servicios de interrupción legal del embarazo a toda persona que lo solicite antes de la semana 12 de gestación. Sin embargo, el Congreso deberá informar al juez federal sobre los avances realizados para cumplir con la sentencia del amparo que originó las reformas, lo que podría abrir una nueva etapa judicial por el incumplimiento parcial al no modificar la Constitución local.
“El juez, por supuesto, va a notar que una parte de la sentencia no se cumplió”, advirtió Amelia Ojeda. El riesgo es que, pese a la despenalización, el candado constitucional siga generando ambigüedades jurídicas y barreras para el ejercicio pleno del derecho a decidir.