Ciudad de México, México.– En audiencia celebrada el 27 de mayo, un juez determinó la vinculación a proceso de Eduardo Daniel “N”, señalado como presunto reclutador, junto con Gustavo Ángel “N”, Kevin Martínez “N”, Luis Alberto “N”, Juan Manuel “N”, Armando “N”, Ricardo Augusto “N” y Erick “N”.
Las investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas indican que estos ocho individuos están implicados en al menos cinco carpetas de investigación previas. La nueva vinculación surgió a partir del testimonio de una víctima que no estaba contemplada inicialmente en el caso.
Como medida cautelar, el juez dictó prisión preventiva oficiosa por un año para todos los imputados, mientras continúan los procesos judiciales correspondientes.
El Rancho Izaguirre: centro de reclutamiento y exterminio
El Rancho Izaguirre ha sido señalado por autoridades estatales y federales como un punto clave en las operaciones del CJNG. Según las indagatorias, este lugar funcionaba como un centro de desaparición forzada y adiestramiento paramilitar para jóvenes reclutados bajo engaños. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha documentado el hallazgo de restos humanos, objetos personales, casquillos percutidos y un altar dedicado a la Santa Muerte en el predio.
Los jóvenes eran atraídos con falsas promesas laborales en centrales camioneras y después trasladados al rancho, donde eran entrenados con armas, sometidos a tortura y en algunos casos asesinados.
Alcalde de Teuchitlán, vinculado por delincuencia organizada
En paralelo a este caso, José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán y militante de Movimiento Ciudadano, también fue vinculado a proceso, pero por el delito de delincuencia organizada con agravante de colaboración con el CJNG.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de brindar apoyo logístico y seguridad al cártel en la operación del Rancho Izaguirre. Testimonios de cuatro sobrevivientes, contenidos en una carpeta de investigación de 23 tomos, revelaron que Murguía Santiago permitía y facilitaba las actividades ilícitas del grupo criminal.
Durante la audiencia, la jueza Juana Beatriz Aguilar Jiménez validó como pruebas clave los testimonios, así como evidencia de prácticas de tortura, entrenamiento con armas y quema de cadáveres en el predio.
Defensa sin éxito
La defensa del alcalde intentó desacreditar los señalamientos, argumentando que las acusaciones eran parte de una campaña política y populista. Presentaron testigos, entre ellos policías y un bombero, que aseguraron que Murguía Santiago no tenía relación con el CJNG. También ofrecieron coartadas de su paradero en las fechas mencionadas por las víctimas.
Sin embargo, la FGR sostuvo que la responsabilidad del alcalde era clara en su calidad de servidor público durante el tiempo en que el rancho operaba como centro criminal. Por ello, el juez dictó prisión preventiva oficiosa por dos años y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.