1.- Uso de motocicletas relacionado con el 90% de homicidios en Guanajuato
San Miguel de Allende fue sede del segundo foro regional “Por un Guanajuato Seguro y en Paz”, cuyo objetivo central fue escuchar opiniones sobre la creación de padrones de motocicletas y su registro oportuno. El evento fue encabezado por el diputado Erandi Bermúdez Méndez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado.
Ramón Celaya Gamboa, asesor jurídico de la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno estatal, advirtió sobre el uso creciente de motocicletas en hechos delictivos. Señaló que en el 90% de los homicidios en la entidad, los criminales emplean motos para huir de la escena, lo que representa un serio desafío para las autoridades.
Además, subrayó que al menos 5 de cada 10 motocicletas en circulación no están emplacadas, lo que agrava el problema de rastreabilidad. Si partimos de que el padrón oficial registra 637,977 motocicletas en el estado, la cifra real podría ser mucho mayor, dejando al descubierto la falta de control en este tipo de vehículos.
Celaya Gamboa explicó que esta dinámica delictiva tiene su antecedente en Colombia, donde la violencia asociada al uso de motocicletas llevó a más de 25 ciudades a reformar sus reglamentos. Entre las medidas adoptadas se incluyeron la exigencia de chalecos identificativos y la prohibición de llevar acompañante, con el fin de reducir delitos como el robo y los homicidios.
Por su parte, Gabriel Arturo Yáñez Saldaña, director general de Capacitación y Formación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Miguel de Allende, propuso que el padrón de motocicletas sea de uso operativo y accesible para las autoridades, sin requerimientos burocráticos que entorpezcan la labor policial.
En tanto, José Jacob Reveles Arredondo, director de Seguridad Pública y Movilidad del municipio de San Diego de la Unión, sugirió que se incluyan mecanismos que contribuyan a reducir los accidentes. Advirtió que es necesario actuar, incluso si eso implica asumir costos políticos.
Estos foros no solo planchan el terreno para la reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, sino que también visibilizan las realidades particulares de cada región. Un patrón común es evidente: las motocicletas se han convertido, en muchos casos, en instrumentos del crimen, facilitando la huida y dificultando la acción de la justicia debido a la escasa regulación y control.
Si bien su uso representa una alternativa económica de movilidad para muchas familias, los datos expuestos por las autoridades reflejan una urgencia clara: establecer mayores regulaciones y herramientas efectivas para frenar su utilización como vehículos del delito.
2.- Victoria cede y dará a apoyo para relato bíblico, pero deberán comprobar gastos
Entre jaloneos, el gobierno de Victoria, encabezado por el morenista Salomón Espinola Mendieta, terminó por aprobar el apoyo económico a la edición 57 del Teatro Bíblico, una de las representaciones de Semana Santa más importantes del noreste de Guanajuato y considerada uno de los tres grandes festejos del municipio.
Inicialmente, el ayuntamiento se había negado a otorgar el respaldo económico que, año con año, se venía entregando al grupo organizador. El argumento del alcalde tenía sustento: se requería comprobar el uso de los recursos públicos asignados, un requisito que no se venía cumpliendo y que incluso había generado resistencia entre los organizadores.
Tras varias gestiones e insistencias, el ayuntamiento aprobó un primer apoyo de 30 mil pesos. Sin embargo, las quejas continuaron y la organización llegó a considerar la cancelación de las representaciones. Fue hasta este jueves, en una sesión extraordinaria, que se aprobó una segunda partida por 20 mil pesos más. Esta decisión se tomó tras la intervención del párroco de Victoria, Andrés Hurtado Reyna, quien se comprometió a entregar los comprobantes correspondientes del gasto.
Durante la sesión, uno de los argumentos más fuertes fue que estos eventos representan tradiciones profundamente arraigadas en la comunidad, y dejarlos sin apoyo sería atentar contra la identidad misma del municipio. Difícil contradecirlo, considerando la historia que respalda este evento en particular.
No obstante, el fondo del debate es la transparencia en el uso de los recursos públicos. Por ello, es positivo que ahora se exija comprobar el destino de cada peso. No se trata de negar el respaldo a expresiones de este tipo y la derrama que dejan, sino de garantizar que los apoyos cumplan su objetivo y se transparente su aplicación.
3.- Comisión de Víctimas da postura sobre atención a familia de Jair Martínez
En la Yerbamala del jueves 3 de abril se informó sobre el pendiente que mantiene la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV), a cargo de Sergio Jaime Rochín del Rincón, en finalizar el proceso para recalcular el monto de reparación del daño a la familia del empresario Jair Martínez, quien fue privado de su libertad y asesinado en marzo de 2023.
Mediante un oficio, la CEAIV reportó los avances en el proceso, confirmando que aún no se ha concluido. Se detalló que, luego de que la familia presentara una inconformidad por el monto que se calculó como parte de la reparación del daño, se reinició el proceso “en aras de salvaguardar su derecho humano a una adecuada valoración e integración del expediente se determinó ampliar las valoraciones médicas y psicológicas”. Se solicitó apoyo a la Secretaría de Salud para que realice dichas valoraciones y, con ello, emitir una nueva resolución en favor de las víctimas. Se espera que el proceso se concluya en aproximadamente un mes y medio.
“Desde el primer momento se les ha brindado representación y asesoría jurídica a las víctimas indirectas. Como resultado de ello, el 19 de marzo del 2025 se logró una sentencia de 81 años para los ocho detenidos y el pago por reparación del daño a la familia de aproximadamente 800 mil pesos. Por tal motivo se está en espera que la sentencia cause estado, a efecto de iniciar el proceso para el cobro de dicha reparación a los imputados, de la misma manera, en caso de que exista alguna imposibilidad de pago, la CEAIV podrá realizarlo de manera subsidiaria a las víctimas”, se señaló en el oficio.
Contrarréplica: La queja 467/2023 fue resuelta por la Prodheg el 15 de diciembre del 2023. Fue hasta el 25 de abril del 2024 en que requirieron a la familia de Jair pronunciarse respecto a los requisitos para establecer la reparación del daño. En agosto del 2024 la familia entregó el documento, mismo que le fue rechazado porque no era “el formato” esperado. Les recibieron el documento hasta el 17 de septiembre del 2024. En enero del 2025 la CEAIV resolvió el plan de reparación, sin contemplar las pruebas aportadas, por lo que la familia presentó una inconformidad. A la fecha no se ha materializado la reparación del daño. ¿Más de un año para hacer su trabajo de reparar el daño no es deficiente?
Contra Retrato
Julieta del Río Venegas
Este viernes visitó Guanajuato la ex comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), quien presentó su libro Luz en la Sombra: Mi camino por la transparencia y el INAI, en las instalaciones del Tribunal de Justicia Administrativa.
En lo que también es su gira de despedida tras la extinción del INAI, consideró que en el caso de Guanajuato hay buenas posibilidades de que se mantenga el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP). Según sus dichos, este organismo destaca en materia de gobierno abierto y mostró ser muy funcional.
En su visita en el estado, dejó un mensaje para el Congreso del Estado de Guanajuato y la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, sobre la ruta que podrían seguir para garantizar la existencia de un organismo de transparencia.
“Algunos gobernantes si no se la complican, simplemente tienen que modificar, obvio desde el Congreso, y darles el giro de organismos desconcentrados (…) En Guanajuato yo veo muchas posibilidades, si la gobernadora está de acuerdo, pues que se vuelva un desconcentrado”, explicó.
La propuesta no es menor. Implica mantener la estructura técnica y operativa del IACIP, pero con un cambio en su naturaleza jurídica que lo convertiría en un organismo desconcentrado del Ejecutivo estatal. Aunque esto podría debilitar su autonomía, también evitaría su desaparición total.
El Congreso de Guanajuato tiene hasta junio para armonizar la legislación local con las reformas federales en materia de transparencia. Sin embargo, al no existir sanciones por incumplimiento, el debate podría postergarse hasta el próximo periodo legislativo. La falta de urgencia legal no debería ser pretexto para ignorar la importancia del tema: lo que está en juego es la garantía de acceso a la información y el derecho a saber, pilares fundamentales de cualquier democracia.
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