Guanajuato, Guanajuato.- Comerciantes del Mercado Hidalgo en Guanajuato acusan al Director de Servicios Públicos por robo y despojo tras los desalojos.
Después de una reunión privada entre comerciantes del Mercado Hidalgo y la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez en la Presidencia Municipal, calificaron el encuentro como exitoso, pues el diálogo permitió que los quejosos encontraran eco en sus peticiones, destacando que procederán contra el director de Servicios Públicos por robo.
En entrevista, José Ramírez Galván, abogado de la Unión de Comerciantes del Mercado Hidalgo, dio a conocer que la reunión fue positiva, ya que el primer edil abrió el despacho de su oficina para dejar claro que los comerciantes no están en contra del gobierno.
“No venimos nosotros por un solo caso específico, le quedó claro, estamos velando por varios y por el bien común del mercado. Ahora, vamos a tener oportunidad de revisar las concesiones”, agregó el abogado.
Tras la presión generada por una posible manifestación pacífica que partirá del Mercado Hidalgo y cerrará todo el centro al avanzar en sentido contrario hasta llegar a la Plaza de La Paz, José Ramírez puntualizó que lograron que las concesiones sean revisadas de nuevo mediante dictámenes técnicos e incluso que quien no esté conforme pueda impugnarlas.
“Se cometieron actos ilícitos en donde no puede llegar alguien y cortar tus candados. Quedó bien entendido que una cosa es la concesión y otra el espacio público del mercado, pero, si se le sugiere a Omar Rosas no meterse en problemas”, acotó Ramírez Galván.
Ahora, la Unión del Mercado Hidalgo, a través de su apoderado legal, adelantó que Omar Luis Rosas Ojeda desalojó y extrajo pertenencias de un local durante la madrugada, por lo que procederán legalmente en su contra.
“Se llevaron básculas, congeladores, refrigeradores, mercancía. En estos días vamos a presentar una denuncia penal por los delitos de robo, allanamiento de morada y lo que resulte, donde solicitaremos el pago de los refrigeradores”, dijo.
Sobre el monto del daño económico, sería alrededor de 100 mil pesos en mercancía. José Ramírez mencionó que los delitos que se perseguirán serán contra quien ingresó al local y quien actualmente usufructúa la concesión, sin que afecte que el cambio se haya dado hace siete meses.
“Los que estuvimos en la reunión no fuimos a confrontarnos, se les dijo que no cayeran en actos ilícitos y que los particulares lo harán en las instancias correspondientes. La alcaldesa ya está enterada”, aseveró.
En conclusión, el defensor de los comerciantes manifestó que de ahora en adelante la autoridad deberá mostrar mayor documentación al momento de entregar las concesiones para evitar malos entendidos.
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