Silao, Gto.–  Gran parte de los accidentes en la carretera Silao-San Felipe, una de las vialidades con mayor número de siniestros en la entidad, son ocasionados por operadores de tráileres. Sin embargo, las personas afectadas suelen quedar en estado de indefensión.

Así lo relató Luis Antonio, un sanfelipense que estuvo a punto de perder la vida junto a sus acompañantes en un accidente ocurrido hace aproximadamente un año.

La tarde del 16 de mayo, mientras regresaba a casa a la altura de la comunidad Rincón de Arteaga, un tráiler invadió su carril, impactó su vehículo y lo sacó de la carretera para luego darse a la fuga. Por fortuna, 10 kilómetros adelante, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) lograron interceptar el camión y detener al conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

 
A pesar de las pruebas, la justicia determinó no ejercer acción penal contra el responsable de un accidente con cinco lesionados.

Sin embargo, el verdadero problema comenzó después. Luis Antonio presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero, a pesar de los esfuerzos, su caso quedó en el olvido. “El tráiler fue liberado en un tiempo récord, apenas una semana después”, relató, cuando este tipo de procesos suelen demorarse meses.

Aunque en la carpeta de investigación había pruebas suficientes para sustentar el caso, 10 meses después se determinó el “no ejercicio de la acción penal”, dejando la denuncia archivada. A pesar de que cinco personas resultaron lesionadas en el accidente, a la víctima no se le permitió impugnar la decisión.

Luis Antonio considera que, en todo momento, el personal del Ministerio Público favoreció a la aseguradora Qualitas, que respaldaba al tráiler, para evitar que se hiciera responsable de los daños.

Ante la falta de justicia, interpuso una queja ante la Fiscalía General del Estado en contra de la Agencia 1 del Ministerio Público de San Felipe, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.

Mientras tanto, su vehículo, declarado pérdida total, permanece en un corralón acumulando costos. Recuperarlo le costaría 25 mil pesos, una cantidad que, además de la injusticia sufrida, debe enfrentar por su cuenta. 

 

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