1.- Saturación en cárceles, el reto para la “humanización”
Uno de los problemas que enfrenta el sistema penitenciario en Guanajuato es la saturación en algunos de sus centros. Particularmente, hay prisiones que destacan de forma negativa por este tema; uno de ellos es el Centro de Prevención y Reinserción Social en el municipio de Irapuato.
Como hoy informa Periódico Correo, hasta marzo esta cárcel albergaba a 370 internos, cuando su capacidad es de 305. Esto representaría un nivel de ocupación del 21.3 por ciento por encima, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del gobierno federal.
En contraste con las cifras oficiales, el director general del Sistema Penitenciario estatal, Julio César Pérez Ramírez, asegura que no existe tal sobrepoblación. Sin embargo, lo que reportan las autoridades federales apunta a un problema añejo. Si bien no se compara con la crisis en otros estados como Chiapas, sí advierte las dificultades que tendrá la administración estatal para que su estrategia de humanización de las cárceles alcance la eficacia esperada.
Además del riesgo de hacinamiento y problemas de gobernabilidad, la sobrepoblación es uno de los principales retos a atender para lograr una verdadera rehabilitación y reinserción de las personas privadas de la libertad.
Con la nueva estrategia de seguridad, que ha incrementado de forma significativa las detenciones y los procesos judiciales, la saturación de las cárceles podría agravarse aún más. Esto ya se refleja a nivel nacional, donde el mismo informe federal señala que existe una sobrepoblación de 18 mil 621 internos. Las cárceles del país tienen una capacidad instalada para 223 mil 836 personas, pero la población penitenciaria ascendía a 242 mil 457.
Entre las interrogantes que se abren está la necesidad de ampliaciones o incluso la construcción de nuevos centros penitenciarios. Sin embargo, más allá de las deficiencias de infraestructura que podrían caer en el simplismo, el problema también radica en la impartición de justicia. Una parte importante de la población penitenciaria aún no ha recibido sentencia. A nivel nacional, por el fuero común, esta cifra asciende a 80,235 personas: más del 30 por ciento. Es decir, tres de cada diez internos no han sido sentenciados. En este panorama también encaja Guanajuato, donde el problema no se reduce a infraestructura, sino a la falta de acceso efectivo a la justicia.
2.- Control del uso de motocicletas y las aristas a considerar
La realización de los cuatro foros “Por un Guanajuato Seguro y en Paz” evidenció las marcadas diferencias que existen en el estado respecto al uso de motocicletas. No es la misma dinámica de movilidad en municipios densamente poblados, como Irapuato, que, en otros como Moroleón, donde una gran parte de la población depende de la motocicleta como principal medio de transporte, ya sea para actividades escolares, laborales o comerciales.
Precisamente en Moroleón se expresaron posturas reveladoras. En este municipio, el uso de motocicletas supera al de automóviles. Ahí se debatió la propuesta de reforma a la Ley de Movilidad del Estado y al Código Fiscal estatal, que busca obligar al registro de motocicletas desde su compra, como medida de prevención del delito y para mejorar su rastreabilidad. Sin embargo, se advirtió sobre el riesgo de criminalizar a quienes las utilizan como única alternativa de movilidad.
Entre los asistentes fue constante la preocupación sobre el impacto que podría tener esta reforma en las familias que dependen de la motocicleta para sus actividades cotidianas, especialmente en municipios con un transporte público deficiente. Se teme que mayores restricciones puedan afectar el acceso a la educación o al empleo.
Los señalamientos son válidos, pues reflejan la diversidad de realidades sociales en el estado, pero también ponen sobre la mesa el descontrol actual en el uso de motocicletas. El trasfondo de la reforma es claro: se pretende frenar su uso para la comisión de delitos —el 90% de ellos se comete utilizando este tipo de vehículos según la Secretaría de Seguridad de Guanajuato— y reducir los accidentes viales.
Ante la inquietud de que esta regulación pudiera limitar derechos como el acceso a la educación, el diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad, Erandi Bermúdez Méndez, aclaró que la reforma no aborda la edad de los pasajeros, sino que se enfoca en medidas de seguridad y registro vehicular.
Sin embargo, no debe perderse de vista que, desde 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que prohíbe transportar a menores de 12 años en motocicleta. Una vez armonizada la legislación estatal, Guanajuato deberá acatarla. Lo que sigue es atender el reclamo legítimo de la ciudadanía: mejorar el transporte público como alternativa real de movilidad.
3.- Presa Allende: la historia del lirio que se repite
El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, reclamó la falta de intervención de los gobiernos federal y estatal ante el crecimiento descontrolado del lirio acuático en la Presa Allende, un problema que, por la omisión reiterada, se agrava año con año. No se trata de un escenario nuevo ni desconocido: ahí está el caso de la Laguna de Yuriria, donde el lirio no solo devastó el ecosistema, sino también el sustento de decenas de familias.
A la luz de los hechos, lo que hay es abandono por parte de las autoridades competentes. La Comisión Nacional del Agua opera con una estructura raquítica y sin recursos suficientes para actuar. Pero el desinterés también alcanza al gobierno del estado, que ni por razones ambientales ni por impacto turístico ha asumido un rol activo.
En la Presa Allende, el crecimiento del lirio ha sido sostenido, apenas contenido por las jornadas de limpieza que realizan pobladores. El problema se agrava por la contaminación generada por fraccionamientos cercanos y sus descargas, un tema donde el municipio sí tiene atribuciones para intervenir y sancionar.
Como en Yuriria, la historia se repite: esfuerzos aislados, sin coordinación efectiva entre niveles de gobierno, sin estrategia ambiental ni voluntad política para enfrentar el deterioro.
Por cierto, este fin de semana prestadores de servicios turísticos en Yuriria volvieron a denunciar el abandono oficial. Después de que la laguna se secara en 2024 y apenas comenzara a recuperar agua, el lirio regresó y volvió a expandirse sin control. El mismo reclamo de siempre, con la misma ausencia de respuesta.
Contra Retrato
Israel Mosqueda Gasca
En el municipio gobernado por el morenista se registra un repunte de hechos de violencia de alto impacto, donde uno de los principales objetivos del crimen organizado han sido agentes de seguridad local. Tan solo en 2025 suman tres policías asesinados en Valle de Santiago, uno de ellos con el cargo de comandante. A esta cifra habría que añadir el asesinato de José Luz Méndez Baltazar, director del Rastro Municipal y exdirector de la Policía Municipal, ejecutado en marzo.
En realidad, los embates del crimen organizado comenzaron incluso antes de la toma de posesión del actual alcalde. En julio de 2024 fue asesinado Ernesto Barrón Rivera, padre del regidor electo Erick Barrón Gasca y figura cercana al hoy presidente municipal. Los ataques sistemáticos contra integrantes de su administración y colaboradores cercanos han generado una presión creciente sobre el gobierno local, particularmente en el área de seguridad. Según cifras del propio ayuntamiento, entre enero y marzo de este año se registraron 15 bajas en la corporación: tres voluntarias y doce más atribuidas a una supuesta reestructuración. Aunque la cifra podría parecer menor, resulta significativa para un municipio con un estado de fuerza reducido como Valle de Santiago.
Mosqueda Gasca encabeza uno de los municipios con mayor interés estratégico para el crimen organizado, tanto por su posición geográfica —como entronque hacia otros municipios y entidades— como por la fuerte presencia del delito de huachicol, reconocida por autoridades federales y estatales, como uno de los delitos que más ganancias deja a organizaciones criminales.
En Valle de Santiago ocurre una cadena de desgracias. La disputa criminal ya se refleja en diversos indicadores: entre enero y marzo de 2024 se abrieron 26 carpetas de investigación por homicidio; en el mismo periodo de 2025, la cifra ascendió a 50, en su mayoría cometidos con arma de fuego. A esto se suma un incremento en denuncias por narcomenudeo y violencia familiar. El deterioro es evidente.