1.- Reversazo a la herencia dorada de Zamarripa

El fiscal general del estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, desmontó el mecanismo que garantizó a su antecesor, Carlos Zamarripa Aguirre, un retiro dorado. Se trata del llamado “Sistema Complementario de Seguridad Social”, con el que de forma opaca y sin consulta se autorizó una “gratificación por fidelidad” de 3.9 millones de pesos. Sumada a su finiquito, la cifra superó los 8 millones.

La modificación del Reglamento Interior, hecha al gusto del exfiscal, no sólo le benefició a él. Al menos 14 de sus cercanos también cobraron gratificaciones superiores al millón de pesos. Un sistema de privilegios diseñado desde el poder para blindar a los de arriba.

Gerardo Vázquez Alatriste decidió revertir ese modelo. Justificó la derogación por razones de racionalidad presupuestaria y eliminación de beneficios adicionales para los altos mandos. Aunque no lo dijo de forma directa, confirma lo que Periódico Correo documentó en su momento: que aquel sistema fue un agandalle, una estructura de privilegios para un grupo dorado enquistado en la Fiscalía.

El sistema no desaparece del todo. Permanecerán los apoyos en seguridad social, atención médica y psicológica, seguros de vida, becas y estímulos, pero esta vez con enfoque hacia personal sustantivo (operativo): agentes de investigación, personal forense, peritos y laboratoristas.

“Debemos ser congruentes con los tiempos, con la realidad presupuestaria y, sobre todo, conectar nuestro pensar con nuestro hacer que nos exige transparencia, equidad y responsabilidad”, dijo el fiscal general en un video en el que hizo pública la modificación que entra en vigor este miércoles.

Este ajuste normativo es, sin duda, uno de los movimientos más significativos en el proceso de reestructura de la Fiscalía. Pero no se dio de inmediato. Vázquez Alatriste esperó hasta contar con un círculo cercano en puestos clave, como él, con origen en la Fiscalía General de la República. Así consolidó una nueva red de confianza.

Uno de los cambios más visibles fue la llegada de Marco Antonio Inda Jaime como fiscal especializado en investigación de delitos de alto impacto, en sustitución de José de Jesús Quezada Torres. También se han renovado algunas fiscalías regionales y se ejecutó un relevo que también puede ser visto como clave: la salida de José Antonio Torres Ramírez, incondicional de Zamarripa y extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Su lugar lo ocupa ahora Faustino Parra Rivera.

Hay una clara intención de desmontar la estructura que Zamarripa dejó como legado. Pero estos cambios aún están pendientes de reflejarse en la atención a víctimas, en investigaciones prontas y efectivas, evitando repetir los viejos vicios de la Fiscalía de Zamarripa, que se han dejado ver recientemente.

2.- ¿Dónde está Don Panchito?

Guanajuato es el estado más peligroso del país para las personas buscadoras. Según datos de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, cinco buscadores han sido asesinados y otros cinco están desaparecidos. La cifra por sí sola es alarmante, pero el contexto la vuelve aterradora: se mata y desaparece a quienes buscan a sus seres queridos, y el Estado apenas reacciona.

El caso más reciente ocurrió la noche del lunes, cuando hombres armados irrumpieron en un domicilio de la colonia Álvaro Obregón, en Irapuato, y se llevaron por la fuerza a José Francisco Arias Mendoza. También mataron a su hijo, Jaime. Don Panchito, como lo conocían, forma parte del Colectivo Hasta Encontrarte y busca a su hijo Miguel Ángel, desaparecido el 20 de enero de 2022 y localizado. En febrero de 2023 la Fiscalía restituyó sólo fragmentos del cuerpo de Miguel Ángel, por lo que, desde entonces, Francisco y Eva (su madre) siguen en la búsqueda del resto de su cuerpo.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta 71497/25, y la Comisión Estatal de Búsqueda asignó el folio CEBP/02037/2025. Pero, como en otros casos, no hay avances significativos. Para impedir más omisiones, activistas presentaron un amparo ante la posible aquiescencia de las autoridades, con el objetivo de obligar por la vía judicial a la Fiscalía Especializada a realizar una investigación seria, imparcial, diligente, efectiva y en un plazo razonable.

La desaparición de Francisco ocurre en un contexto especialmente grave. Son públicas las amenazas que han recibido integrantes del Colectivo Hasta Encontrarte, uno de los primeros colectivos fundados en el estado y responsable de la localización de más de 200 cuerpos. Muchos de estos hallazgos se han realizado sin acompañamiento oficial y en territorios controlados por el crimen organizado.

Lo sucedido con Francisco recuerda el caso de la buscadora Lorenza Cano, secuestrada el 15 de enero de 2024 en Salamanca. Ese mismo día, su esposo y su hijo fueron asesinados. Lorenza sigue desaparecida.

Estos crímenes reiteran una dolorosa verdad: en Guanajuato, ejercer el derecho a buscar y ser buscado implica un altísimo riesgo. No solo fallan los mecanismos de protección; la autoridad llega tarde o simplemente no llega. La impunidad, como tantas veces, vuelve a ser el rostro del Estado.

3.- Se sostiene tendencia a la baja en homicidios

Guanajuato acumula ya dos meses consecutivos con una baja en los homicidios dolosos. Aunque sigue liderando la lista nacional de asesinatos, la disminución es significativa y ha sido destacada desde la conferencia matutina del gobierno federal.

En mayo, el promedio diario de homicidios fue de 5.6, lo que representa una caída del 55.6 % respecto a febrero, el mes más violento de la actual administración estatal, cuando se promediaron 12.7 asesinatos diarios. Si se compara con mayo de 2024, cuando se registraron 6.9 homicidios diarios, la reducción es del 18.5 %. No es un giro radical, pero sí una tendencia sostenida.

La nueva relación entre la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y el gobierno federal en materia de seguridad parece estar rindiendo frutos. Aunque desde Palacio Nacional se atribuye la baja a operativos y detenciones de generadores de violencia realizados por fuerzas federales, lo cierto es que muchas de estas acciones han sido coordinadas con autoridades estatales.

Una de esas detenciones de enroques operativos para el crimen organizado se confirmó este martes, con la aprehensión de Krestoper Jonathan, alias El Tigre Blanco. Se le identifica como uno de los principales generadores de violencia en el sur del estado y como reclutador para el cártel local. En esa región —donde recientemente se detectó un campo de adiestramiento criminal— los niveles de violencia habían venido en aumento. Por cierto, a pesar de contar con antecedentes penales por homicidio y otros delitos, El Tigre Blanco seguía libre. ¿Cómo logró su liberación?

Las detenciones, así como los aseguramientos de armas y combustible —una fuente clave de financiamiento criminal—, están debilitando la capacidad operativa de algunos grupos. Esto podría explicar, en parte, la baja de homicidios.

Pero la incógnita persiste: ¿se trata de una disminución estructural o apenas de una pausa forzada? La historia reciente nos recuerda que tras cada golpe a las estructuras criminales suelen venir reacomodos violentos. Por ahora, la tendencia es alentadora. Pero el reto será sostenerla sin caer en la tentación del triunfalismo.

Contra Retrato

Yozajamby Molina Balver

La presidenta municipal de Pénjamo logró rápidamente detener un paro de labores protagonizado por un grupo de policías municipales inconformes, tras reunirse directamente con ellos y escuchar sus demandas. La morenista se comprometió a atender sus peticiones.

Algunas exigencias son de pronta solución, como frenar el regreso de los turnos de 24 por 24, esquema rechazado por los agentes ante la falta de personal suficiente. Otras, en cambio, requieren mayor análisis y gestión interna de la administración municipal, como la dotación de más y mejor armamento; así como de patrullas, que implican voluntad del ayuntamiento.

Una de las interrogantes centrales es la decisión que tomará la alcaldesa respecto a la petición de destituir al director de la corporación, Waldo Federico López López, a quien los policías inconformes acusan de malos tratos. Que sumado a las carencias terminó haciendo crisis.

El paro evidenció problemas de fondo en la operación de la Policía Municipal. Los agentes llevan tiempo trabajando sin el armamento necesario, y según fuentes en el gobierno municipal, varios mandos han abandonado la corporación para integrarse a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), también a causa de las carencias de equipamiento, lo que ha debilitado la estructura y cohesión.

No se puede dejar de lado que la protesta de los uniformados ocurrió apenas unos días después de una agresión armada contra dos policías en la colonia La Estrella, que dejó a los uniformados lesionados, uno de ellos de gravedad. Las demandas del cuerpo de seguridad son urgentes, y por lo menos ya están en conocimiento pleno de la presidenta municipal. La Policía de Pénjamo tiene antecedentes de buen desempeño, según reportes del gobierno estatal, incluso logrando detenciones importantes, no cumplir las peticiones sería un grave error que terminará desmontando a la corporación.