A Sandra Domínguez la desaparecieron junto con su esposo hace seis meses en su natal Oaxaca, por denunciar la existencia de una red de personajes políticos y de gobierno del estado que lucraba con imágenes desnudas, y en situaciones sexuales, de mujeres de la etnia mixe que eran compartidas y difundidas a través de chats de WhatsApp y otras redes sociales en los que participaban funcionarios públicos y políticos de la actual administración del morenista Salomón Jara.
La abogada de origen mixe, que se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres indígenas de su estado, hizo pública la existencia de al menos dos chats en los que políticos oaxaqueños de la actual y la anterior administración estatal, compartían fotografías intimas de mujeres indígenas de la etnia mixe y de otras etnias oaxaqueñas, con fines de violencia sexual y trata de personas. En 2020, todavía en la administración de Alejandro Murat, Domínguez denunció la existencia de un chat de WhatsApp que con el nombre de “Sierra XXX”, difundía y compartía fotografías íntimas y sexuales de mujeres indígenas de la Sierra Norte de Oaxaca, y acusó que entre los participantes del chat había “altos funcionarios del gobierno de Oaxaca”.
Entre los participantes que aparecían en los chats pornográficos revelados por Sandra estaba el nombre de Donato Vargas Jiménez, quien acumulaba ya desde entonces varias denuncias por violencia física y sexual en contra de mujeres indígenas que fueron sus parejas. En aquella ocasión el propio Vargas Jiménez reconoció su participación en esos chats y le ofreció una disculpa pública a la abogada. Pero en 2023 Sandra volvió a revelar un nuevo chat que difundía imágenes sexuales de mujeres indígenas y en él volvió a aparecer el nombre de Donato Vargas, quien para entonces había sido designado Coordinador Estatal de Delegados por la Paz en la administración del morenista Salomón Jara.
El escándalo denunciado por la abogada mixe, al que se sumaron mujeres indígenas que aparecían en el nuevo chat titulado “Mega Peda”, quienes presentaron denuncias penales por violencia sexual, física y sicológica en contra de Donato, sumó nuevos nombres de políticos oaxaqueños que participaban en el grupo que traficaba con las fotografías de las mujeres mixes en situaciones sexuales. Además de Vargas Jiménez, en este nuevo chat del 2023 se denunció al diputado local de Morena, Pablo Díaz Jiménez, al consejero estatal de Morena, Francisco Pérez, así como a Juan Figueroa, actual tesorero del municipio de Santiago Yave, y Xiconténcatl Cortés, constructor de obras en municipios oaxaqueños, además de otros funcionarios municipales, estatales y federales que participaban en la difusión de las fotografías de las mujeres indígenas.
Pero a pesar de las denuncias públicas de Sandra Domínguez y de las mujeres violentadas en esos chats, el gobernador Salomón Jara protegió y arropó a Donato Vargas por casi un año y no fue hasta finales de 2024, tras la desaparición de Sandra y de su esposo, cuando el mandatario morenista ordenó la separación del cargo de su coordinador de Delegados por la Paz, pero sólo temporal para que fuera a declarar ante la Fiscalía. “Hay una línea muy bien identificada, pero voy a pedirle a Donato, que se separe unos 15 u 8 días, porque nada más que se apersone, y que se presente, aunque ya lo hizo ante la Fiscalía, pero que se vuelva a presentar”, dijo el gobernador Jara minimizando las denuncias en contra de su colaborador.
Ayer, seis meses después de que a Sandra y a su esposo se los llevaron el 4 de octubre de 2024 de la comunidad de María Lombardo de Caso en el municipio de San Juan Cotzocon, justo en la Sierra Norte donde habitan las mujeres mixes a las que ella defendía y apoyaba, la Fiscalía de Justicia de Oaxaca anunció que había encontrado los cuerpos de la abogada y de su esposo Alexander Hernández, en un rancho del municipio Santiago Sochiapan, en Veracruz. Los dos cuerpos estaban enterrados en fosas clandestinas en una casa ubicada en los límites entre Oaxaca y Veracruz.
Ayer, tras reportarse el hallazgo de los cuerpos, la familia de Sandra dio una conferencia de prensa para exigir que la Fiscalía haga justicia y detenga a los verdaderos culpables de la desaparición y asesinato de la abogada mixe, cuyo único delito fue denunciar la red de funcionarios y políticos que violentaban sexualmente a mujeres indígenas. “Si durante años y meses se protegió a los políticos que ella denunció y acusó por su nombre, hoy queremos que se les investigue a todos y que se llegue a los asesinos reales de mi hermana que sólo defendía a mujeres vulnerables víctimas de abuso y violentadas por hombres de poder en Oaxaca”, dijo Kisha Domínguez, hermana de Sandra.
Hasta ahora la Fiscalía de Oaxaca no ha informado de las líneas oficiales de investigación por la desaparición y el asesinato de la activista y abogada, aunque hay versiones que apuntan a la participación de una célula del narcotráfico de la región en su secuestro, pero no se informa si los funcionarios públicos y políticos a los que en su momento acusó y exhibió Sandra están siendo investigados como sospechosos en este caso.
Habrá que esperar si el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, demuestra seriedad y profesionalismo, pero sobre todo independencia y autonomía para llegar a la verdad en la desaparición y muerte de Sandra Domínguez y su esposo. Si tuvieron que pasar 206 días para que las autoridades oaxaqueñas encontraran el cuerpo de la activista, veremos cuánto les lleva presentar sus conclusiones de un caso que claramente involucra a políticos de Morena acusados con nombre y apellido por la activista y por las mujeres mixes y que, en su momento, contaron con la protección del gobernador Salomón Jara. ¿Tendrá el valor y la autonomía para dar con los asesinos reales e intelectuales de Sandra el fiscal oaxaqueño?
NOTAS INDISCRETAS…
Como siempre pasa ante el mutismo y opacidad de las autoridades mexicanas, ayer tuvieron que ser las autoridades de Estados Unidos las que informaran de dos acuerdos en los que México terminó cediendo a las presiones de la administración Donald Trump: por un lado el tema del agua del Río Bravo, que finalmente México aceptó entregar a los agricultores texanos, y por el otro lado el asunto del combate a la plaga del gusano barrenador que está afectando al ganado mexicano. Y es que, por más que hablen de “soberanía” y de que “no, nos subordinamos”, al final las presiones y amenazas de la administración siempre terminan haciendo que el gobierno de Sheinbaum ceda bajo la figura de la “cooperación”. Porque en el tema del agua la presidenta había declarado que “no tenemos agua para entregarles”, aunque ofreció revisar opciones y ayer el Departamento de Estado informó en un comunicado, que el gobierno mexicano había aceptado pagar el agua que adeuda a su país en el marco del Tratado de Aguas de 1947. “México se ha comprometido a transferir agua de inmediato desde embalses internacionales y a aumentar la cuota del caudal estadounidense en seis afluentes del Río Bravo hasta el final del ciclo hidrológico quinquenal actual”, dijo el comunicado del gobierno estadounidense, en el que también se reconoció a la presidenta mexicana “su participación personal para facilitar la cooperación”. Algo similar pasó con el caso de la plaga de gusano barrenador en el ganado mexicano. Tuvo que salir la jefa del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, a acusar que el gobierno de México y su Secretaría de Agricultura no habían respondido a la carta que les envió desde hace unas semanas en las que se le pedía informar sobre las acciones que estaban tomando para frenar el contagio de la plaga en las reses mexicanas, y ante la nula respuesta de las autoridades mexicanas, el fin de semana la titular de Agricultura estadounidense salió a denunciar la falta de cooperación de México, al haber negado permisos de vuelo a la empresa Dynamics Aviation, para que liberara moscas estériles en las zonas ganaderas mexicanas, y ante ello Brooke Rollins puso un ultimátum: “Si no hay respuesta y acciones claras de México contra esta plaga restringiremos la importación de carne y ganado mexicano por la frontera estadounidense”, dijo la funcionaria. Ante la presión, el secretario Julio Berdegué salió a decir que estaban negociando, algo que nunca informó en México, y dijo que lo hacía con “cabeza fría” y no aceptaría presiones del gobierno estadounidense. Incluso ayer mismo la presidenta vinculó esta amenaza por el gusano barrenador a las elecciones en Estados Unidos y dijo que “México no es piñata de nadie”. Pero apenas unas horas después de los dichos de la mandataria y su titular de Agricultura, otra vez desde Washington, la secretaria Rollins anunció por la tarde que habían alcanzado un acuerdo con México para controlar y eliminar al gusano barrenador en el ganado mexicano y ofreció dar más detalles de algo que, para variar, en México no había informado nuestro gobierno. Así que podrán decirse muy “soberanos” y que “no somos piñata” o que sólo aceptamos “cooperación, pero no subordinación”, pero al final este gobierno y su presidenta, como todos los gobiernos y presidentes de la historia mexicana, se doblan y se agachan cuando desde la Casa Blanca los amenazan y los presionan. Lo demás es pura demagogia patriotera… Por cierto, para documentar el optimismo, ayer se vio en el Puerto de Veracruz una imagen que no se veía desde 1847 y 1914 cuando buques de guerra de los Estados Unidos atracaron en el el Puerto de Veracruz para invadir el territorio mexicano. Sólo que esta vez, el barco antimisiles destructor USS Gravely atracó en los muelles del puerto jarocho, pero no para invadirnos, dice la Secretaría de Marina, sino para hacer una especie de “parada técnica” en la que el poderoso y letal barco aprovechará para recargar combustible y dejar salir a su tripulación a que se relajen y descansen en el hermoso puerto veracruzano. De tantos puertos que tiene Estados Unidos en el Golfo de México, ¿los marinos del USS Gravely prefirieron bajar hasta Veracruz para cargar combustible? Bueno eso es lo que dicen la Marina y el gobierno mexicanos… Los dados mandaron Escalera Doble. Subida automática.