Ciudad de México, México.- En un hecho sin precedentes, el gobierno de Estados Unidos presentó por primera vez cargos formales de narcoterrorismo contra miembros de un cártel mexicano.
En el centro de la acusación se encuentra Pedro Inzunza Noriega, también conocido como El de la Silla, a quien se le identifica como un alto operador del Cártel de Sinaloa con nexos cercanos a la facción de los Beltrán Leyva.
El anuncio fue hecho por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), que dio a conocer la acusación formal presentada el pasado 10 de mayo ante una corte federal en Nueva York. El caso también incluye a su hijo, Pedro Alfonso Inzunza Loaiza, y marca un nuevo enfoque legal contra el crimen organizado transnacional: tipificar ciertos actos como terrorismo vinculado al narcotráfico.
De lavador a jefe criminal
Según el expediente, Inzunza Noriega inició su carrera criminal como enlace financiero entre organizaciones delictivas y redes internacionales de lavado de dinero. Con el tiempo, su papel se transformó en el de jefe operativo de una estructura criminal dedicada al tráfico de metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.
Desde territorio mexicano, Inzunza coordinaba una red de intermediarios, transportistas y empresas fachada, que operaban tanto en México como en suelo estadounidense. Su organización también está vinculada a actividades de extorsión, violencia armada y financiamiento de ataques contra autoridades y grupos rivales.
Cargos federales por narcoterrorismo
Entre los delitos que enfrentan Pedro Inzunza y su hijo se encuentran:
- Conspiración para manufacturar y distribuir sustancias ilícitas.
- Conspiración para importar fentanilo, cocaína y metanfetamina.
- Lavado de dinero internacional.
- Participación en actos terroristas vinculados al narcotráfico.
El DOJ ha clasificado las acciones de ambos como parte de un patrón de “terrorismo narcótico”, una estrategia legal que busca equiparar la violencia ejercida por grupos criminales con actos de terrorismo tradicional, al considerar que tienen como objetivo la intimidación social, el control territorial y la desestabilización institucional.
“Los llevaremos ante la justicia”
Durante el anuncio, el fiscal auxiliar ejecutivo del DOJ, Victor Cuén, fue enfático:
“Los perseguiremos hasta que en última instancia encuentren su destino en una sala del tribunal en el Distrito Sur de California”.
Este caso marca un punto de inflexión en la manera en que el gobierno estadounidense enfrenta al narcotráfico mexicano, y podría abrir la puerta a nuevas acusaciones similares contra líderes criminales que utilizan el terror como herramienta de control.
Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni el Cártel de Sinaloa han emitido posicionamientos públicos sobre esta acusación. Sin embargo, expertos en seguridad advierten que este tipo de cargos podrían elevar la presión internacional para capturar a los principales líderes de la organización sinaloense.