Ciudad de México, México.- La reciente elección de Hugo Aguilar Ortiz como el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado tanto esperanza como escepticismo entre los pueblos indígenas de México.
Aguilar, quien será el segundo indígena en asumir dicho cargo después de Benito Juárez en 1858, se presenta como un triunfo simbólico para la representación de los pueblos originarios.
Sin embargo, su nombramiento ha desatado una serie de críticas provenientes de activistas y defensores de las comunidades indígenas, quienes acusan al abogado mixteco de haber traicionado los ideales por los que luchó durante años, al alinearse con los intereses del Estado y los megaproyectos impulsados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De la defensa indígena a la legitimación de megaproyectos
Hugo Aguilar Ortiz, originario de Oaxaca y con una trayectoria como defensor de los derechos de los pueblos indígenas, ha tenido un papel destacado en el activismo indígena. Fue parte de la organización Servicios del Pueblo Mixe y participó en la creación de la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Oaxaca, que reconoce la autonomía de 417 de los 570 municipios oaxaqueños. En sus primeros años, muchos lo vieron como un aliado del movimiento indígena. Sin embargo, su vinculación con el poder político cambió su rumbo.
Desde su ingreso al gobierno de Oaxaca con el entonces gobernador Gabino Cué, y más tarde como parte del gobierno federal bajo AMLO, Aguilar se ha visto vinculado con la implementación de proyectos polémicos que han generado despojos en comunidades indígenas. Los más notables de estos son el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, que han sido criticados por comunidades de Oaxaca, Morelos y la Península de Yucatán debido a los desplazamientos forzados y las violaciones a los derechos humanos asociados a su ejecución.
Las voces de indignación desde las comunidades indígenas
En Oaxaca, Joaquín Galván, activista mixe, ha señalado que, aunque Aguilar es un abogado brillante, su colaboración con el Estado en la implementación de megaproyectos ha sido una traición a las comunidades indígenas.
“En la segunda etapa de su vida, Hugo operó para los intereses del Estado, apoyando la imposición de los megaproyectos, como el Corredor Interoceánico”, sostiene Galván, quien agrega que las consultas realizadas durante este periodo fueron “una simulación” y no representaron una verdadera participación de las comunidades indígenas.
De manera similar, Mario Quintero, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), criticó a Aguilar por burocratizar el despojo con “consultas rápidas y forzadas”, que no fueron libres ni informadas. En su opinión, las autoridades indígenas fueron manipuladas, forzadas a aceptar los megaproyectos, y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), bajo su liderazgo, se convirtió en una herramienta de legitimación de estos proyectos en lugar de proteger los intereses de los pueblos originarios.
Miguel Ángel Aguirre, coordinador del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, también acusó a Aguilar de tener una deuda moral y política con las comunidades zoques, quienes llevan años luchando por la restitución de tierras en una disputa con Chiapas. Según Aguirre, el nuevo presidente de la SCJN tiene la oportunidad de cumplir con una sentencia ganada por los pueblos zoques en 2021, pero su historial en el INPI plantea dudas sobre su compromiso con la justicia para estas comunidades.
Las sombras del INPI y las consultas del Tren Maya
Una de las críticas más fuertes que enfrentó Aguilar durante su periodo en el INPI fue su participación en las consultas indígenas sobre el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, que fueron cuestionadas tanto por activistas como por organismos internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya había expresado su preocupación por el incumplimiento de los estándares internacionales en los procesos de consulta, calificándolos de insuficientes y no representativos. Sin embargo, Aguilar, junto a Adelfo Regino, titular del INPI, defendió que estos procedimientos cumplían con los requisitos legales, a pesar de las acusaciones de despojo y manipulación.
Sara López González, fundadora del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), compartió su frustración, al señalar que las consultas no fueron un ejercicio de libre determinación, sino más bien un acto de legitimación de los megaproyectos. López González asegura que el INPI, bajo el liderazgo de Aguilar, trataba a las comunidades como si no tuvieran capacidad de decisión, algo que cuestiona gravemente su imparcialidad y compromiso con los derechos indígenas.
En la misma línea, Wilma Esquivel, miembro del Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on, acusó al INPI de tratar a las comunidades indígenas de manera paternalista durante las consultas sobre el Tren Maya.
“Nos trataban como si no tuviéramos capacidad de pensar y analizar”, subrayó, mientras que Pedro Uc Be, activista maya, criticó que Aguilar usó la bandera indígena como un recurso político, sin abordar los problemas reales que enfrentan las comunidades ante los megaproyectos.
El dilema de la imparcialidad
El nombramiento de Aguilar como presidente de la Suprema Corte ha desatado una controversia en cuanto a su imparcialidad. Para Juan Carlos Flores Solís, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, la reciente elección judicial ha sido “una elección a modo”, diseñada para beneficiar a Morena y sus intereses políticos. Flores Solís ve con preocupación la llegada de Aguilar al máximo tribunal, ya que teme que, lejos de ser un defensor de los pueblos indígenas, continuará legitimando los intereses del gobierno y las empresas privadas.