Ciudad de México, México.- El Senado de México ha aprobado la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a menos de tres semanas del final de su mandato.

La reforma, que ha pasado por un proceso legislativo complejo y confrontativo, ha sido ratificada tras superar obstáculos significativos en la Cámara Alta.

El proyecto de ley, que previamente había recibido el respaldo de la mayoría calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, enfrentó una dura resistencia en el Senado.

Con una necesidad crítica de un solo voto para alcanzar la mayoría, las presiones se intensificaron. Durante la sesión, se reportaron acusaciones de amenazas, chantajes y hasta detenciones dirigidas a los senadores opositores, como parte de una campaña para asegurar el voto necesario.

El controvertido proyecto de ley que plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte fue aprobado en el Senado (Foto: Twitter)

La tensión se materializó en protestas dentro del recinto legislativo, lo que llevó a la suspensión temporal de la discusión y al traslado de la sesión a la Casona de Xicoténcatl en el Centro Histórico.

El momento decisivo llegó cuando Miguel Ángel Yunes, el senador del PAN conocido por su enfrentamiento con López Obrador y acusado de corrupción, aportó el voto crucial que permitió la aprobación de la reforma poco después de la medianoche.

¿Por qué es tan polémica la reforma judicial?

El controvertido proyecto de ley que plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte fue aprobado en el Senado (Foto: Twitter)

La reforma judicial propuesta introduce cambios profundos y controversiales en el sistema de justicia mexicano. Entre las modificaciones más destacadas se encuentran:

Elección Popular de Cargos Judiciales: El proyecto establece la elección por voto popular de más de 1.600 cargos judiciales, incluidos ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados.
La elección se llevará a cabo en dos fases: en 2025 se elegirán a los ministros de la Suprema Corte, a los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, al nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito
En 2027 se completará el proceso con la otra mitad de los jueces y magistrados. El Instituto Nacional Electoral (INE) organizará estas elecciones.
Reducción en el Número de Ministros: La Suprema Corte será reducida a nueve ministros, en lugar de los actuales 11. La presidencia de la Corte será rotatoria cada dos años, determinada por el número de votos obtenidos en las elecciones.
Los ministros electos permanecerán en el cargo durante períodos de ocho, 11 o 14 años, dependiendo de su votación. Además, aquellos que no sean reelegidos en 2025 no recibirán pensión vitalicia.
Limitaciones Salariales: Los salarios de los ministros, magistrados y jueces no podrán exceder el del presidente de la República.
Periodo y Requisitos para Jueces y Magistrados: Los jueces y magistrados tendrán un periodo de nueve años en el cargo, con la posibilidad de reelección consecutiva.
Para aspirar a estos cargos, los candidatos deberán tener un título en Derecho, experiencia jurídica de al menos cinco años, y cumplir con criterios académicos y de referencia.

¿Qué sigue para la reforma judicial?

El controvertido proyecto de ley que plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte fue aprobado en el Senado 

El Consejo General del INE aprobó a finales de agosto que Morena y sus aliados (PT y PVEM) obtendrán el 73% de las curules en la Cámara de Diputados para la nueva legislatura que comenzó el 1 de septiembre de 2024.

El controvertido proyecto de ley que plantea la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte fue aprobado en el Senado (Foto: Twitter)

Con la reforma ya aprobada en ambas cámaras, el siguiente paso es su ratificación por al menos 17 Congresos estatales, un proceso que se anticipa como un trámite relativamente sencillo para Morena, que gobierna en 24 entidades del país.

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