León, Guanajuato.- En medio de cuestionamientos sobre el actuar de las instancias de procuración a las infancias en el municipio de León, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg) abrió una carpeta de investigación por la muerte del adolescente Jonathan Osiel Osornio Martínez al interior de un centro de rehabilitación en la ciudad zapatera.
El caso, que se hizo público debido a una denuncia de hechos por parte de los familiares del menor de 14 años este lunes, también ya fue observado por organizaciones civiles. El coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García, cuestionó el actuar de las autoridades municipales en el caso y consideró que hubo omisiones graves en la custodia del menor.
Según la información proporcionada por la titular de la Procuraduría Auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PAPNNA), Claudia Magdalena Aviña, ante medios de comunicación, Jonathan Osiel fue canalizado al centro de rehabilitación por parte de la institución tras ser detenido por la Policía Municipal el 16 de abril.
El 5 de mayo, la familia recibió la notificación del fallecimiento del menor, reportando un presunto suicidio. Sus padres denunciaron que nunca fueron notificados de su internamiento por parte de las autoridades leonesas, y que su deceso les fue comunicado cuando les pidieron reconocer su cuerpo en una funeraria.
“La muerte de este niño es responsabilidad absoluta de las autoridades, tanto del juez cívico como de la Procuraduría que lo canalizó ahí. Escuché una entrevista que le hicieron a la funcionaria y es terrible el nivel de criminalización hacia la madre, de hecho, específicamente hacia ella, y la revictimización del niño. Además, miente sobre su responsabilidad como institución”, consideró Juan Martín Pérez.
PRODHEG abre expediente contra la PAPNNA
Desde este martes, la titular de la PRODHEG, Karla Alcaraz Olvera, afirmó que tras la publicación del caso en medios se inició una carpeta de oficio para determinar si las autoridades leonesas actuaron conforme a la ley, con la cual las instituciones de atención a las infancias ya suman 12 quejas desde 2024.
“La queja es la 1150/2025 y efectivamente se inició de manera oficiosa para revisar si hubo o no alguna situación o alguna omisión por parte de la autoridad municipal que pudiera haber tenido alguna intervención. Es lo que nosotros vamos a investigar”, puntualizó.
El coordinador de la organización Tejiendo Redes apuntó que la actuación de la Procuraduría Auxiliar fue ilegal, considerando la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, la cual establece que está prohibido ingresar a menores de 16 años a centros de rehabilitación sin el consentimiento previo de la familia, y consideró que esta medida fue utilizada más como método de castigo que como una ayuda para atender las adicciones en este sector de la población.
“Se está usando como método de castigo, no como espacio profesional de tratamiento. La gran pregunta es por qué se sigue enviando a niños bajo cuidados del sistema DIF a anexos, cuando esto es absolutamente ilegal”, expresó Juan Martín.
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