Guanajuato, Guanajuato.- Fueron analizadas siete iniciativas de reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, que buscan, entre otras cosas, eliminar la obligatoriedad del consumo mínimo, revocar permisos por venta de bebidas adulteradas y proteger a los menores de edad del consumo de alcohol y otras drogas.
Este análisis fue organizado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización. Primero se puso a discusión la iniciativa que busca dar congruencia y claridad a los trámites de autorización por parte del Ayuntamiento a los establecimientos que venden bebidas alcohólicas.
Vicente Vázquez Bustos, representante de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato, compartió que no se considera necesaria la sustitución del término “constancia de factibilidad” en lugar de “resolución de factibilidad”, esto en atención al principio de especialidad que debe imperar en el sistema jurídico y a que podría generar confusión con el documento del mismo nombre, referido y regulado en el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Luego se analizó un par de iniciativas: una para establecer la obligación de que los negocios dedicados a la venta de alcohol exhiban en sus cartas de bebidas alcohólicas la cantidad de alcohol de cada producto; y otra para prohibir la condición de un consumo mínimo para el acceso o permanencia en los establecimientos, o para la asignación o instalación de mesas en determinada área del local, o el acceso a zonas reservadas.
Karla Michelle Cruz Vega, de la Consejería General Jurídica, explicó que ambas iniciativas son viables por establecer de manera general la obligación de que los establecimientos con licencias de alto y bajo contenido en envase abierto muestren en sus cartas el contenido alcohólico, y por coincidir en la intención de limitar el consumo mínimo que actualmente se exige.
De igual manera, se discutió la iniciativa que prevé acciones preventivas o disuasivas en materia legislativa para proteger a la niñez y juventud guanajuatense frente al consumo de alcohol, drogas, estupefacientes y productos farmacéuticos controlados.
Michelle Cruz Vega señaló que esta iniciativa busca, de alguna manera, combatir la venta de drogas, sustancias prohibidas por las disposiciones legales —psicotrópicas, enervantes, estupefacientes u otras denominaciones— fortaleciendo así las acciones de las autoridades en materia de seguridad y salud pública.
También se analizó la propuesta de generar acciones que contribuyan a que las personas que presenten signos evidentes de ebriedad se abstengan de manejar vehículos motorizados, con la finalidad de proteger los derechos fundamentales a la vida y la integridad física de las personas.
Vicente Vázquez Bustos, de la Consejería Jurídica del Estado de Guanajuato, dijo que esta medida coincide con el Plan de Acción Mundial sobre el Alcohol 2022–2030 de la Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo es reducir el uso nocivo del alcohol mediante estrategias eficaces. Sin embargo, aclaró que se deben considerar aspectos como la determinación del instrumento con el que se identifiquen los signos de ebriedad.
Posteriormente se discutió la propuesta que busca adicionar dos causales de revocación del permiso o licencia de establecimientos autorizados para la venta de alcohol.
Vicente Vázquez señaló que se coincide en que el consumo de bebidas alcohólicas adulteradas ha sido considerado por las autoridades como un serio problema de salud pública, debido a su alta toxicidad y mortalidad, lo que ha ocasionado una crisis de salud. En consecuencia, se genera un incentivo adicional para que este tipo de establecimientos contraten empresas de seguridad privada debidamente autorizadas.
Reveló que no se considera viable la denominación de “expendio”, ya que dicha figura no está regulada en la normativa en cuestión.
Por último, se analizó la iniciativa para agrupar los requisitos para obtener licencias o permisos de venta de alcohol. El representante de la Consejería General Jurídica precisó que la propuesta no se encuentra alineada con el Plan Estatal de Desarrollo GTO 2050, toda vez que contraviene la eficacia, eficiencia y transparencia en la tramitología para obtener la licencia o permiso.
Aclaró que contar con requisitos establecidos en la Ley de Bebidas Alcohólicas no se considera ilegal ni innecesario, y que la autoridad fiscal tiene la obligación de verificarlos con las instancias competentes para otorgar las autorizaciones correspondientes.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta indicó que se encontraron muchas similitudes en las propuestas, tanto en el objetivo de mejorar trámites y hacerlos más prácticos para la ciudadanía, como en el de regular el consumo de alcohol y prevenir accidentes viales. Por ello, solicitó la elaboración de un solo dictamen que integre los elementos viables y se realicen los ajustes necesarios para aprovechar lo más relevante de las iniciativas.
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