Celaya, Gto. Por no contestar y no recibir a un ciudadano, exfuncionarios del gobierno de Celaya recibieron una recomendación de Derechos Humanos luego de la denuncia de un civil.
Según el expediente 0851/ 2022, un ciudadano acudió directamente a las oficinas de los diferentes miembros del ayuntamiento, así como de varios directores de área solicitó del periodo 2021-2024 solicitando conocer información relacionada con la agenda 2030.
Pero el ciudadano recibió respuesta de unos pocos y solo en parte, pues le dieron un resumen de actividades del 11 de octubre del 202 a1 31 de mayo del 2022, por eso la Procuraduría de los Derechos Humanos determinó que se había contestado al quejoso, sin embargo, el ciudadano hizo observaciones al Programa Municipal de Gobierno y solicitó una audiencia a varios funcionarios.
Así que en mayo del 2022 al menos tres regidoras sí le contestaron, se trató de Carmen Raquel Trejo Granados: María Cristina Villalobos Hermosillo y otra de la cual no se indica su nombre, quienes coincidieron en que su información la mandarían al Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística, pero el resto de los señalados a continuación no le dieron respuesta alguna.
Regidoras: Blanca Elena González Zavala; Catalina Puga Resillas; Rosalinda Díaz López; Eloísa Cholico Torres; Aldo Sahib Velázquez; Carmen Raquel Trejo Granados; María Cristina Villalobos Hermosillo; Ma. de San Juan Espinosa Bolaños, y Agustín Gaspar Aguado; y el Síndico Carlos Alberto Ruiz León; integrantes del Ayuntamiento en la Administración Pública Municipal 2021-2024; así como, quienes se desempeñaron como titulares de las dependencias de Desarrollo Social, Arte y Cultura, Cultura Física y Deporte, INCLUDIS, Protección Civil, Parque Xochipilli, Juventud, y DIF durante la administración pública municipal 2021-2024.
Recordar que de estos que no le respondieron hay dos que trascendieron entre administraciones, como es el caso de Carlos Ruiz, de síndico paso a regidor, y María de San Juan Espinoza, que de regidora pasó a directora de servicios municipales.
Por eso, la Procuraduría de los Derechos Humanos consideró que estos funcionarios omitieron salvaguardar el derecho de petición del ciudadano, por lo tanto, se emite la recomendación de reparar el daño y agregar una copia de esta recomendación a sus expedientes personales.
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