1.- Panistas ignoran a la SCJN y también sus obligaciones legislativas
Papelazo el que están haciendo los diputados locales del PAN, Karol Jared González Márquez y Rolando Fortino Alcántar Rojas. Aunque votaron a favor del dictamen en sentido negativo sobre las iniciativas para despenalizar el aborto, no lo firmaron. Esa omisión, lejos de ser un descuido administrativo, es una maniobra calculada.
Más que un tema de forma se trata de una estrategia política para retrasar la discusión del dictamen en el Pleno del Congreso. Y el contexto es clave: la diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros, presentó un voto particular, figura que permite a cualquier legislador exponer argumentos diferentes a los del dictamen y someterlos a votación. Si el resto de las fuerzas políticas se alinean, ese voto podría revertir el sentido original del dictamen y abrir paso a la despenalización del aborto. Las probabilidades de que eso ocurra son altas, y en el PAN lo saben.
Por lo pronto, este jueves el tema quedará fuera de la orden del día. La discusión tendrá que esperar hasta que los diputados panistas asuman su responsabilidad y firmen el dictamen, un acto que no requiere más que voluntad y altura política. Pero, según denunció García Oliveros, ni le toman la llamada ni responden sus mensajes. Morena ya anticipa que se buscará un mecanismo para sancionar la táctica dilatoria. Desde el panismo existe el temor fundado de que el uso legítimo del voto particular finalmente despenalice el aborto.
“Eso es no trabajar, aquí estamos para legislar no para venir al contentillo de los demás (…) Señalar que lo están retrasando con una marrullería legislativa (…) no hay un argumento sostenible, pero no tienen los votos necesarios (para aprobar el dictamen en sentido negativo)”, reclamó García Oliveros, también presidenta de la Comisión de Justicia.
Pero las omisiones no se limitan al Congreso. Otro reclamo creciente desde la oposición es la falta de postura clara por parte del Poder Ejecutivo. Mientras que en otros temas se ha visto la mano o anuencia del gobierno estatal, frente a la despenalización del aborto ha prevalecido el silencio. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que durante campañas mostró una ambigua apertura al tema, hoy se ampara en la separación de poderes para evitar pronunciarse.
El PAN, que históricamente ha hecho bandera de la legalidad y el respeto institucional, hoy ignora las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus propias obligaciones legislativas. Irónico y preocupante.
2.- Exfuncionario es inhabilitado… después de muerto
Por tráfico de influencias, el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (Isapeg) inhabilitó por ocho años al exdirector del Hospital Comunitario de Huanímaro, Carlos Bombela Torres. La sanción parecería ejemplar… si no fuera porque el funcionario sancionado murió hace más de un año.
El detalle —vaya detalle— es que el fallecimiento de Bombela Torres fue público y notorio. Incluso figuras de la política guanajuatense, como el diputado local Erandi Bermúdez Méndez, expresaron sus condolencias a su familia en marzo de 2024. Ambos habían sido adversarios en la contienda por la presidencia municipal de Pénjamo en 2006 y el hoy difunto era un conocido líder perredista.
Lo que hoy revela Periódico Correo expone la falta de rigor básico de los procedimientos sancionadores en el servicio público. ¿Qué tan rigurosa puede considerarse una investigación que concluye con una inhabilitación… a un muerto? ¿Cómo y a quién se notificó la sanción?
La omisión es aún más grave si se considera que este expediente atravesó tres gestiones en la Secretaría de Salud de Guanajuato. Bombela falleció cuando Ligia Arce Padilla apenas tenía dos meses como titular de la dependencia, tras la renucia obligada de Daniel Díaz Martínez. Hoy, bajo la dirección de Gabriel Cortés Alcalá, el desatino del órgano interno se consumó: nadie se tomó la molestia de verificar si el señalado seguía con vida.
Como ocurre en algunas auditorías que detectan irregularidades cuando ya prescribieron los delitos, los procesos sancionadores parecen diseñados para fracasar. La lentitud burocrática que termina en lo absurdo.
3.- Libia cerrará billetera a empresarios, vamos viendo
La llave de los apoyos a cámaras empresariales, particularmente a la Concamín Bajío, podría cerrarse. Así lo dejó entrever la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, al declarar que solo se financiarán proyectos alineados a los objetivos de su administración, y que la construcción de edificios —como la polémica Torre Concamín— no figura entre sus prioridades. Sin decirlo para evitar la creciente confrontación con este sector, la mandataria lo reprueba.
“No lo tengo como una prioridad, al contrario, lo que estamos buscando es que cada vez más Mipymes se incorporen a Marca Guanajuato, que formalicen sus actividades para que generen empleo y desarrollo. Si va alineado a esa estrategia”, afirmó la mandataria.
El replanteamiento de la relación con liderazgos empresariales sugiere un giro político en el reparto de recursos públicos. Y no es menor: tan solo en 2023 y 2024, el gobierno estatal destinó más de 38 millones de pesos a la Concamín Bajío, según documentó Periódico Correo. Estos apoyos, otorgados en su mayoría sin mecanismos de evaluación de impacto, contrastan con la escasez de recursos que padecen sectores como el campo.
Durante el sexenio anterior, estos flujos de dinero no se limitaron a convenios formales: partidas etiquetadas como “ayudas sociales” también sirvieron para financiar proyectos privados, con el argumento de que detonarían desarrollo económico.
La administración actual parece querer marcar distancia. Resta ver si se traducirá en una política pública más equitativa y transparente o si se trata solo de un ajuste de cuentas.
Por cierto, este miércoles la gobernadora se reúne con sus homólogos de los estados de Jalisco, Michoacán y Colima, como parte de los trabajos de seguimiento a varias acciones coordinadas en materia de Seguridad. En encuentro tendrá lugar en el Cuartel Militar en Irapuato. La mandataria también buscará acercamiento con el gobernador de San Luis Potosí, sobre todo tras la masacre en San Bartolo de Berrios en San Felipe, cercana a los linderos de aquella entidad.
Contra Retrato
Humberto Hernández Martínez
En el municipio de Cuerámaro crece el reclamo ciudadano ante las deficiencias en varios servicios públicos, pero una de las preocupaciones más urgentes es el abasto de agua potable, que ha sido escaso —e incluso nulo— en algunas zonas de la cabecera municipal.
Ante las constantes quejas, finalmente se confirmó la salida de Rafael Acevedo Carrillo como director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAC). Su renuncia ya se comentaba en los pasillos del gobierno local y no ocurrió en los mejores términos. El Ayuntamiento únicamente informó el nombramiento de un nuevo titular: Lázaro Gallardo Flores, ingeniero agroindustrial, sin que se detallara si cuenta con experiencia en la gestión de organismos operadores del agua. Un desconocido que ya levantó interrogantes.
La decisión ha generado dudas sobre si el cambio fue acertado o si, como ya se dice en el municipio, “salió más caro el remedio que la enfermedad”. Acevedo Carrillo conocía a fondo el funcionamiento de SAPAC, donde laboró desde 2012 y logró mantenerse en el cargo a pesar de los cambios de administración y colores. Su permanencia reflejaba un voto de confianza de los anteriores alcaldes, hasta la llegada del actual presidente municipal, Humberto Hernández Martínez.
Aunque en 2024 las autoridades locales aseguraban que Cuerámaro no enfrentaba una crisis hídrica, los datos revelaban otra realidad: el consumo promedio de agua en el municipio era de 500 litros diarios por habitante, más de cinco veces la media a nivel estatal, que oscila entre los 100 litros. Esta sobreexplotación no puede descartarse como una de las causas de la escasez actual, aunque de la presente administración simplemente no se ha emitido información al respecto.
La salida de Acevedo Carrillo ocurre en un momento crítico, cuando las temperaturas siguen en ascenso y la demanda de agua se intensifica. La interrogante que queda es si el nuevo titular tendrá la capacidad para responder y corregir el desabasto. También si el alcalde seguirá pensando si con no hablar de los problemas en el municipio estos van a desaparecer.