1.- Nueva denuncia en el ISSSTE apunta a entramado corruptor
Desde el 30 de abril de este año, el director del Hospital del ISSSTE en Guanajuato capital, Óscar Fernández Ponce, reportó a las autoridades del instituto una serie de hechos que podrían configurar una red de presunta corrupción con la adquisición de lentes. En su oficio, dio parte a Gustavo Reyes Terán, director médico del ISSSTE y al director general, Martí Batres Guadarrama.
De acuerdo con la denuncia de Fernández Ponce, fue obligado a firmar al menos 2 mil 500 recetas médicas sin realizar revisión física alguna. En otros casos, asegura que falsificaron su firma y sello, por lo que ya presentó una denuncia formal. Lo mismo se habría hecho con la firma de la oftalmóloga de la clínica.
En el centro de esta denuncia interna figura el subdelegado médico del ISSSTE en Guanajuato, Shauri Fuentes Duarte, a quien Fernández Ponce acusa de operar para destituirlo por negarse a encubrir las posibles irregularidades. Este mismo miércoles, en declaraciones a medios, denunció que el subdelegado le exigió la renuncia bajo amenaza de ser desalojado con el uso de la fuerza pública.
Cabe recordar que Periódico Correo reveló el 19 de noviembre de 2024 la operación de una presunta red de corrupción en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en León, también vinculada al área de oftalmología. Según testimonios, se obligaba a pacientes con cataratas a comprar lentes intraoculares con un proveedor específico, bajo amenaza de retrasar sus cirugías si no lo hacían.
Tras esa publicación, la Subdelegación Médica del ISSSTE, encabezada justamente por Fuentes Duarte, emitió una ficha informativa negando que se obligara a los pacientes a realizar compras ni que se le vendieran insumos a sobreprecio. Sin embargo, en el mismo comunicado se reconoció que un médico fue inhabilitado por vender insumos quirúrgicos.
Además de los señalamientos por presunta corrupción, el informe interno del 30 de abril también apunta un supuesto hostigamiento para atacar al director del Hospital Regional de León —y actual secretario de Salud del estado— Gabriel Cortés Alcalá, con el “aparente objetivo de promover el ascenso del propio subdelegado médico”.
En el ISSSTE de Guanajuato se agudiza una lucha interna por el control de cargos clave. Esta lucha alcanzó incluso a la actual directora del Hospital Regional de León, Martha Karina Rodríguez Lizola, cuya renuncia fue exigida a través de lonas colocadas en la vía pública. Junto a la denuncia de Fernández Ponce se advierte cierta sincronía. No parecen casos aislados y solo una pugna interna, sino un entramado más profundo de poder e intereses —corruptores— que ya rebasan los pasillos de la institución.
2.- Libia crece en popularidad… pero no entre panistas
Según los resultados de la organización México Elige, si hoy se realizaran las elecciones presidenciales, Morena volvería a arrasar, obteniendo el 34.3 % de las preferencias. Sin embargo, también se percibe un desgaste que ha favorecido a la oposición, pues ha incrementado sus niveles de apoyo: el PAN alcanzaría el 23 % de los votos y Movimiento Ciudadano el 14.4 %, relegando al PRI a un distante 7.6 %.
En el caso de la oposición, particularmente del PAN —donde figuran varios perfiles guanajuatenses—, destaca el crecimiento de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. En marzo de este año, ocupaba el lugar 139 en posicionamiento nacional general; para junio, escaló al lugar 37. Además, fue reconocida como la quinta gobernadora mejor evaluada del país.
Otro dato relevante es su aparición entre los perfiles presidenciables para 2030 dentro del PAN. En la medición general de la ciudadanía, subió del lugar 13 en marzo al 10 en junio. Sin embargo, entre los simpatizantes del propio PAN descendió del noveno al duodécimo lugar, lo que muestra un contraste notable: mientras su imagen mejora ante el público en general, pierde terreno dentro del panismo.
Este retroceso interno parece vincularse con críticas y recelos de liderazgos panistas locales, inconformes con algunas de sus decisiones. Su respaldo a temas como la diversidad sexual, la implementación de programas sociales como la Tarjeta Rosa y su estrategia de diálogo con el gobierno federal —que si bien ha arrojado resultados en seguridad—, han llevado a algunos a acusarla de “morenizarse”.
En suma, hay un avance significativo en el posicionamiento de Libia Dennise ante la ciudadanía. Su tono más conciliador con la federación le ha permitido ampliar su base de apoyo. Sin embargo, esos mismos movimientos generan tensiones dentro de su partido. Su crecimiento es positivo, sí, pero todavía están bajo reserva: tiene menos de un año en el cargo y le espera el desgaste natural de todo gobernante.
3.- Evaluación RIMA a cinco años de la pandemia
Hoy concluye la quinta aplicación de la prueba RIMA 2025 (Recopilación de Información para la Mejora de los Aprendizajes) en educación básica, queda pendiente a de media superior. La meta planteada fue alcanzar a 656 mil estudiantes: 442 mil 746 de tercero a sexto de primaria y 213 mil 500 de primero y segundo de secundaria, en 5 mil 630 escuelas públicas y privadas de los 46 municipios del estado.
En 2021, durante la primera aplicación —que fue muestral—, se identificó una disminución promedio de 5 puntos porcentuales en los aprendizajes, lo que equivale aproximadamente a un año escolar perdido. Para 2023, con una aplicación censal, se reportaron avances: una mejora promedio de 3 puntos porcentuales en todos los grados evaluados en español y matemáticas, lo que representaba una recuperación del 60 % respecto a lo perdido.
En 2024 se observaron algunos progresos más, pero como reconocieron autoridades educativas, el rezago provocado por la pandemia tardaría al menos cinco años en compensarse por completo. A cinco años del inicio de la crisis sanitaria por Covid-19, los resultados de esta aplicación permitirán saber si finalmente se han alcanzado los niveles de aprendizaje que los estudiantes de a acuerdo a su grado.
El secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, destacó que la prueba RIMA no busca clasificar a las escuelas ni sancionar malos resultados. Su objetivo es detectar deficiencias a nivel individual y comprender qué aspectos deben reforzarse en cada estudiante.
Por cierto, este año la aplicación de la RIMA comenzó en la Telesecundaria 999, ubicada en la comunidad La Cantera, en Dolores Hidalgo. La elección no fue casual: esta escuela ha sobresalido por su recuperación de aprendizajes mediante diversas prácticas pedagógicas, muchas de ellas centradas en el uso del juego como herramienta educativa. Las estrategias se buscan replicar en otras escuelas.
Contra Retrato
Itzel Mendo González
La diputada local del Partido Verde, quien votó en contra de la despenalización del aborto —dándole al PAN el voto necesario para desechar la reforma—, confirmó que ella y su partido analizan denunciar a su compañera en el Congreso, la diputada de Movimiento Ciudadano Sandra Pedroza Orozco, por presunta violencia política en razón de género. ¿La razón? Que esta última le dejó billetes en su curul tras emitir su voto.
Las críticas contra la diputada del Verde se intensificaron tras esa acción de su colega de MC. Sin embargo, el acto difícilmente encaja en los elementos que definen la violencia política en razón de género, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para configurarse, debe implicar, entre otras cosas, una afectación al ejercicio de los derechos político-electorales o estar motivado por el hecho de ser mujer.
Es claro que, al votar primero a favor de la despenalización y luego cambiar su postura una semana después —justificándolo como un “diálogo con su conciencia”—, la diputada del Verde iba a enfrentar críticas y cuestionamientos. En ese sentido, ¿la acción de su compañera no podría considerarse un acto de legítima protesta?
La legisladora del Verde intenta desactivar los señalamientos que ha recibido por parte de colectivos feministas y organizaciones a favor del aborto legal, pero cae en contradicciones. Este miércoles declaró que en la primera votación, cuando ocurrió el empate, voto por la despenalización en respeto a sus compañeros de partido Gerardo Fernández González y Martha Ortega Roque, quienes en la legislatura anterior respaldaron la despenalización. Entonces, ¿esa conciencia de la que habló no estuvo presente en su primer voto? ¿Su decisión inicial se basó, en realidad, en compromisos partidistas más que en su firme determinación?
Desde Movimiento Ciudadano se analiza la posible denuncia contra Pedroza Orozco. Sin embargo, hasta ahora no parece haber mayor preocupación, dado el contexto en el que se dio el acto y los elementos jurídicos que configuran la violencia política en razón de género.
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