1.- Ni con intento de movilización magisterial levantó elección judicial en Guanajuato
En duelo de acordeones entre el morenismo y el panismo, no solo se sumó a las bases del cada partido o el aparato burocrático. También se incluyeron otros sectores que impulsaron la promoción de candidatos a la elección judicial: los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En Guanajuato, a docentes se les llamó a votar y se les hicieron llegar listas de apoyo —los famosos “acordeones”— vía WhatsApp. Una revisión de estos documentos sugiere que el respaldo se orientó hacia candidatos afines a Morena o vinculados a liderazgos de ese partido.
Se difundieron al menos dos versiones: una para el Distrito 1 y otra para el Distrito 2. Entre los perfiles impulsados destacó el de Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, actual presidenta municipal morenista de Villagrán, quien aspira a ser magistrada de circuito. Para juez, se promovió al también docente Salvador Ramírez Argote, exregidor priista y actual director de la primaria Filomeno Mata Rodríguez, cercano a la ahora morenista Bárbara Botello Santibáñez. También hay que decirlo, el grueso de candidatos a magistrados de circuito y jueces cuentan con carrera judicial, al menos.
Resulta particularmente llamativo que en dichos acordeones el apoyo fuera absoluto hacia perfiles promovidos por Morena para los cargos de mayor interés, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura Federal, que ya tiene influencia morenista.
Como se advirtió previamente en esta columna, ese tribunal es uno de los enroques más relevantes de la reforma al Poder Judicial: tendrá autonomía respecto a la SCJN y sus decisiones serán inapelables. Aunque esto podría sonar bien como contrapeso institucional, se integrará por perfiles altamente politizados, lo cual anticipa una inquisición basada más en la obediencia política que en la independencia judicial.
En Guanajuato —y muy probablemente en el resto del país— se impulsó para estos espacios a figuras cercanas a Morena. Ahí están los casos de Bernardo Bátiz Vázquez, actual integrante del CJF, exprocurador de Justicia del entonces Distrito Federal bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, y exlegislador federal por Morena; Celia Maya García, también del CJF y tres veces candidata al gobierno de Querétaro (una por el PRD y dos por Morena, la última en 2021); y Rufino H. León Tovar, quien buscó en 2021 la candidatura de Morena al gobierno de Hidalgo. Por si hubiera dudas sobre el sesgo en estas designaciones, también aparece Eva Verónica de Gyvés Zárate, quien se asume abiertamente simpatizante de López Obrador.
Entre los distintos acordeones difundidos por el morenismo, estos nombres fueron constantes. No sorprenderá si ahora se les ve como los nuevos inquisidores del Poder Judicial.
Aunque las movilizaciones fracasaron —incluso con la búsqueda de apoyo de la base magisterial—, dejaron claro que las presiones no se limitaron a los partidos ni a sus estructuras. Se intentó, por todos los medios posibles, legitimar una elección judicial que, en el fondo, solo encontró apatía y desconfianza, que hoy pone al estado en el fondo de la tabla de participación ciudadana a nivel nacional.
Lo que aún no sabemos es si la fallida movilización de docentes contó con el respaldo e impulso de Rigoberto Macías Vidales, dirigente de la sección 45 del SNTE, o se operó por otra vía, pues el líder sindical no goza actualmente de un cariño desbordado de los docentes.
2.- Autoridades se avientan “la bolita” tras muerte de 12 en anexo
Con la muerte de 12 internos en un anexo de la colonia Loma de Buenavista, en San José Iturbide, autoridades locales y estatales comenzaron a aventarse la bolita con tal de no quedar como omisas en la supervisión de estos centros, que crecen sin control en el estado, bajo condiciones indignas para los internos y, en muchos casos, operando como negocios particulares.
Quien de plano hizo todo por deslindarse fue el presidente municipal, Manuel Montes de la Vega. Alegó que la supervisión total corresponde a la Secretaría de Salud estatal. En la sesión de Ayuntamiento de este lunes, se aprobó por unanimidad exhortar a dicha dependencia a que cumpla con sus atribuciones en materia de rehabilitación.
El alcalde morenista leyó varios artículos de la Ley de Salud del Estado para justificar que las omisiones son ajenas a su gobierno. Pero lo cierto es que tanto la Secretaría de Salud —que nunca verificó el lugar— como su administración fueron omisas y permisivas.
El propio alcalde reconoció que fue apenas el pasado 27 de mayo cuando personal de Protección Civil municipal realizó una verificación y detectó graves irregularidades. Si eso fue así, ¿por qué no se clausuró el sitio? Aunque insista en deslindarse, su gobierno tiene atribuciones claras. El reglamento de Protección Civil establece que, si en una verificación se detecta un riesgo alto, puede procederse a la clausura temporal.
Además, acusó que en la pasada administración panista, encabezada por Cindy Arvizu Hernández, se otorgó de forma irregular un permiso y factibilidad de uso de suelo. Con esa información en mano, tampoco actuó. Prefirió repartir culpas antes que asumir que su gobierno también tiene facultades para intervenir, incluso si alega que los reglamentos están desactualizados. Las atribuciones las tenía; lo que faltó fue voluntad. Su papel es preventivo, regulador y de vigilancia comunitaria.
Por su parte, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en el estado hay identificados 320 anexos, de los cuales solo 255 cuentan con aviso de funcionamiento y responsable sanitario, documentación otorgada por la Cofepris.
En otras palabras, 255 anexos están medianamente regularizados, es decir, al menos se sabe que existen, quién los dirige y que cumplen con ciertos requisitos sanitarios. Pero eso no implica que cuenten con programa de Protección Civil o factibilidad de uso de suelo, entre otros requisitos. Los otros 65 operan completamente al margen de la ley. La Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios tiene la obligación de verificar estos centros, y cuando detecta irregularidades, puede suspender o clausurar. ¿Cuántas clausuras ha habido en esta administración? Ninguna ha sido informada por la dependencia estatal.
3.- Turismo destina medio millón a Marcha LGBT+: ¿inclusión real o escenografía?
La Secretaría de Turismo e Identidad de Guanajuato, a través del Fondo para la Promoción Turística del Estado, destinará 500 mil pesos para la realización de la décima Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en León, programada para el próximo 14 de junio. No es la primera vez que se brinda apoyo institucional, pero sí la más significativa: en 2024 se entregaron 100 mil pesos; antes, nada.
La organización justificó la solicitud con base en la derrama económica generada por el evento —superior a los 20 millones de pesos—, además del atractivo turístico que representa para visitantes de otros municipios y estados vecinos. Según se informó, el recurso será destinado a la producción del evento: escenarios, diseño y artistas invitados.
“Mientras sea un proyecto bien sustentado, pero sobre todo que nos traiga ocupación hotelera, porque ese es el principal factor para seguir apoyando eventos”, declaró Guadalupe Robles León, secretaria del ramo, al justificar el financiamiento.
Puede afirmarse que la agenda estatal avanza hacia una mayor inclusión, aunque reducirla a este hecho sería ingenuo. En el horizonte inmediato vienen reformas clave: matrimonio igualitario y prohibición de los Esfuerzos para Corregir o Cambiar la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG). Ahí veremos si el respaldo institucional es de fondo o apenas escenográfico. Por ahora, la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género sigue sujeta a un presupuesto limitado, más cerca de la presencia simbólica que de una política pública real.
Contra Retrato
María Beatriz Gasca Acevedo
Este jueves nuevamente en el Congreso del Estado de Guanajuato se discutirá la despenalización voluntaria del aborto. La negativa de los panistas, que apenas alcanzaron a sacar el empate en la votación, será observada ya no solo en lo local, sino que alcanzará otras esferas a nivel nacional e incluso internacional.
Bea Gasca, con larga trayectoria en el activismo feminista, se sumará a colectivos en Guanajuato. Aunque recientemente había estado alejada del foco mediático, durante varios años ha acompañado movimientos en pro de los derechos de las mujeres. Uno de los más emblemáticos ocurrió en 2020, cuando activistas feministas tomaron la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en Ciudad de México en reclamo por la falta de acciones para atender a las víctimas de violencia.
Bea Gasca apoyó a los colectivos con víveres durante la toma, lo que le valió los embates de morenistas, tras el reclamo de la entonces jefa de gobierno y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.
Pero además de la combativa activista, hay personalidades que respaldan la lucha feminista, quienes ya han manifestado su interés de observar y replicar lo que se decida este jueves. Además de algunos medios de comunicación nacionales e internacionales que están a la espera de discusión.
Nunca se había estado tan cerca de la despenalización en Guanajuato. La cerrazón panista, por su postura ideológica se entrelaza en un desafío a la justicia constitucional, llevando a un punto de tensión que ya trasciende las fronteras del estado.
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