Ciudad de México, México.- Una mujer fue imputada en Argentina por los delitos de estafa, defraudación y retención indebida luego de que el Gobierno de la provincia de San Luis transfiriera por error a su cuenta bancaria 510 millones de pesos argentinos, lo que equivale a aproximadamente 9.13 millones de pesos mexicanos.
Según la acusación, el error fue provocado por un contador del Gobierno provincial, quien realizó una transferencia millonaria a la cuenta equivocada. Al recibir el dinero, la mujer—cuya identidad permanece en reserva por razones legales—realizó en pocas horas 66 transferencias electrónicas, y adquirió bienes como una heladera, una freidora, un microondas, dos televisores, cerámicos, una mochila de inodoro y un automóvil Ford Ka modelo 2014.
Además, transfirió importantes sumas de dinero a varios de sus familiares cercanos, lo que llevó a las autoridades a iniciar una investigación penal. “Fue un regalo de Dios”, declaró la mujer ante medios locales, y aseguró que desconocía el origen gubernamental de los fondos.
“Nunca actuamos de mala fe. Ahora nos tratan como criminales, pero el error no fue nuestro”, sostuvo.
El operativo y las medidas judiciales
Según su abogado, Hernán Echevarría, la mujer nunca fue notificada formalmente del error. Supo de la situación cuando una excuñada le envió una noticia sobre el caso, y poco después fue sorprendida por un operativo policial en su vivienda.
Como parte del proceso, la Justicia ordenó el congelamiento de su cuenta bancaria, el allanamiento de su domicilio y la incautación de los teléfonos celulares de sus hijos. Además, otras cinco personas—todos familiares—fueron imputadas y enfrentan medidas similares.
Para evitar la prisión preventiva, el tribunal fijó una fianza de 30 millones de pesos argentinos por cada imputado, lo que representa cerca de 537 mil pesos mexicanos por persona.
Un caso que desató polémica
El caso ha generado una intensa discusión en medios de comunicación y redes sociales en Argentina. Mientras algunos señalan la responsabilidad directa del Estado por el error administrativo, otros apuntan a la ética de la mujer al gastar los fondos rápidamente.
El hecho ha cobrado mayor notoriedad debido a que la mujer vivía en una situación de vulnerabilidad económica, lo que, para sus defensores, agrava la negligencia del Estado al cometer y no notificar el error a tiempo.
Actualmente, la causa continúa en los tribunales de San Luis, donde la Fiscalía busca establecer si existió dolo por parte de la mujer y su entorno al disponer de fondos públicos que, según la defensa, nunca debieron haber llegado a sus manos.