1.- Morena va por IACIP: la incongruencia es atrevida
La diputada local de Morena, Hades Aguilar Castillo, presentó una iniciativa de proyecto de decreto para reformar la Constitución de Guanajuato y extinguir el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP), integrándolo a la estructura de la Secretaría de la Honestidad. En realidad, esto ocurrirá una vez que se armonice la reforma federal sobre los organismos autónomos. El IACIP pasaría entonces a convertirse en una coordinación, una dirección, o —con menos probabilidad— en una subsecretaría.
No había perfil menos adecuado dentro de la bancada de Morena en el Congreso de Guanajuato para presentar tal iniciativa. La legisladora ha sido noticia precisamente por lo opuesto a la austeridad en el uso del “dinero del pueblo”. Basta recordar las críticas que recibió por cargarle al erario facturas de atenciones con cirujanos plásticos, que luego justificó como tratamientos médicos por anemia y no por procedimientos estéticos.
Como la defensa de la austeridad ha sido una de sus principales banderas, este primer trimestre la diputada no cargó ningún gasto al Congreso del Estado. Tal vez para que no se repita el bochornoso antecedente.
En su justificación, la diputada argumenta que existe duplicidad de funciones y que la integración del IACIP a la Secretaría de la Honestidad podría representar ahorros, agilizar procesos y mejorar la rendición de cuentas. Lo cual suena poco probable: la centralización advierte un recorte de personal y una reducción del presupuesto actual del IACIP. Un desmantelamiento que, en los hechos, solo provocará mayor opacidad y dispersión de funciones.
Aguilar Castillo también cuestionó la utilidad del IACIP, cayendo en una contradicción notable. Hace apenas unas semanas, ella y sus compañeros de partido revelaron que el exfiscal general se llevó 3.9 millones de pesos como gratificación por fidelidad al término de su encargo, además de otros bonos. Esa información les fue negada inicialmente por la Fiscalía General del Estado, pero fue entregada gracias a una resolución del propio IACIP, que obligó a transparentar los datos. Así lo reconocieron en aquella rueda de prensa.
El IACIP respondió con un comunicado en el que desmintió con datos varios de los señalamientos de la diputada, incluyendo la supuesta necesidad de amparos para obtener información: “De las más de 75,000 solicitudes de información realizadas por guanajuatenses del 2023 a la fecha, solo 25 han derivado en un amparo, lo que representa apenas el 0.03%”.
También rechazaron ser un organismo oneroso. Su presupuesto para 2025 es de 65 millones 915 mil 663 pesos, lo que representa apenas el 0.05% del presupuesto estatal. Además, los comisionados del IACIP se encuentran en un tabulador salarial menor al de las personas titulares de otros organismos autónomos.
A la diputada le tocó “sacar la chamba” de lo que su partido ya empujó a nivel nacional. Pero más allá de sus incongruencias como representante popular, los datos verificables contradicen aquello que intenta imponer como verdad.
2.- Bomba por carpetazo en Caso ISSSTE con escala en Aguascalientes
El juez Efraín Frausto Pérez se pronunció respecto al acuerdo general 16/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se encuentra el caso del carpetazo que dio la Delegación de la Fiscalía General de la República en Guanajuato —con Gerardo Vázquez Alatriste al frente— a la denuncia por presuntos actos de corrupción en el ISSSTE.
Según el comunicado emitido por el propio juez, declaró carecer de competencia legal sobre el caso y señaló que debe ser el Centro de Justicia Penal Federal de Aguascalientes quien lo conozca. Con ello, el proceso legal por el indebido archivo de la investigación sigue su curso, pero no en Guanajuato.
“De ahí que, como juez de control, garante de los derechos, estimé que debe conocer un diverso juez que conforme a la normativa interna es el facultado para ello”, detalló.
Le salió barato al juez —quien además es candidato a juez de distrito en materia penal— deshacerse de un asunto que podría implicar omisiones del actual fiscal de Guanajuato. En los videos que él mismo compartía como parte de su campaña, había indicios de una posible cercanía con Vázquez Alatriste. Dicho material ya no está disponible en ninguna de sus redes.
Por cierto, podría atribuirse a las condiciones para la elección judicial las parafernalias en las que tienen que caer los candidatos para ganar simpatías, pero no deja de ser “jocoso”, por decir lo menos, que el juez y candidato en cuestión tenga que recurrir hasta a la promoción de eventos, como el Soltero Fest en la capital, para intentar sumar votos.
3.- Presidenta de San Felipe pone orden en administración
La presidenta municipal de San Felipe, Saraí Lepe Monjaras, comienza a poner orden en la administración y lanza un mensaje claro: no está dispuesta a ceder espacios clave que comprometan la operatividad de su gobierno.
Este jueves se consumó un relevo que puede interpretarse como un “ojo por ojo”. Fue cesado René Gutiérrez Rodríguez, titular de la Unidad de Protección Civil, personaje cercano al síndico priista Arturo Luna Ramírez, quien se ha colocado como mayor opositor que la propia oposición en el ayuntamiento. En su lugar, fue designado como encargado de despacho José Guadalupe Rodríguez Colunga.
También dejó el cargo José Miguel Rivera Flores, hasta ahora responsable de la Oficialía Mayor y blanco reciente de los señalamientos del síndico. En su lugar fue nombrada Alma María del Rosario Guerra Vallejo como encargada de despacho. Esta decisión tiene una carga simbólica: Guerra Vallejo denunció públicamente al propio síndico por presunto acoso laboral y sexual, tras renunciar hace unas semanas a la titularidad de Asuntos Jurídicos.
El regreso de Guerra Vallejo, además de fortalecer la estructura administrativa con una funcionaria de mayor experiencia administrativa y política, envía un mensaje de respaldo institucional y abre la puerta a una gestión más ordenada. Su nombramiento puede contribuir no solo al blindaje de los recursos públicos frente a intereses internos de algunos, sino también a encaminar la atención de los pendientes financieros que arrastra el municipio, muchos de ellos heredados. Un proceso de saneamiento para una operación más ágil.
Contra Retrato
León XIV: Robert Francis Prevost
El nuevo Papa fue elegido en uno de los cónclaves más rápidos de la historia reciente. Su perfil, según especialistas en temas vaticanos como la periodista de Televisa Valentina Alazraki, podría entenderse como el de un líder religioso “moderado para los progresistas y fiable para los conservadores, gracias a su formación teológica”.
El sumo pontífice, de origen estadounidense y también con ciudadanía peruana, no solo podría contribuir a unificar a la Iglesia católica en su país de origen, sino que, desde una óptica política, podría tener influencia en las altas esferas del gobierno del país vecino, en un contexto de inestabilidad alimentado en gran parte por la administración de Donald Trump, que tiene entre sus cercanos a un ferviente católico, el vicepresidente, JD Vance.
La elección de Robert Francis Prevost también representa una continuidad con la visión más abierta promovida por el Papa Francisco, y en cierta medida era algo previsible: de los 133 cardenales menores de 80 años con derecho a voto en el cónclave, 108 fueron nombrados por Francisco.
Sin embargo, no todo son certezas. Aunque su antecesor se mostró dispuesto a investigar las denuncias de abuso cometidas dentro de la Iglesia —incluso solicitó la renuncia de altos jerarcas, como ocurrió en Chile—, poco después del anuncio del nuevo Papa, la organización Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado acusando a Francis Prevost de haber presuntamente encubierto y obstaculizado investigaciones serias contra sacerdotes señalados por abuso sexual, durante su periodo al frente de la Diócesis de Chiclayo, en Perú.