1.- Morena acelera su cruzada contra el IACIP
Si algunos legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano aún contemplaban la posibilidad de preservar el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP) aprovechando el margen de autodeterminación, los diputados de Morena ya dejaron clara su postura: van por su extinción.
Este lunes, los legisladores Hades Aguilar Castillo y David Martínez Mendizábal denunciaron penalmente a la presidenta del IACIP, Mariela Huerta Guerrero, y a los comisionados Juan Sámano Gómez y Alejandro Rocha Pedraza, por haberse autorizado un aumento salarial de 18 mil 500 pesos, al pasar del nivel tabular 16 al 17, superando los 138 mil pesos brutos.
Aguilar Castillo —quien ha promovido abiertamente la desaparición del Instituto al considerar que no cumple su función— acusó que dicho incremento se aprobó de manera arbitraria y sin contar con el aval del “Consejo del Comité Salarial”, que en realidad, en Guanajuato se denomina Comité de Estructuración Salarial.
Sin embargo, este comité, regulado por la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios, no tiene facultades para autorizar retabulaciones. Su función se limita a proponer remuneraciones, no a validarlas.
También es cierto que el aumento salarial aprobado en abril de 2024 ocurrió antes de la entrada en vigor de la reforma constitucional de simplificación orgánica —la cual contempla la desaparición de varios organismos autónomos—. Es decir, el tema ya se encontraba en el debate público, lo que genera sospechas sobre si este incremento fue un “agandalle”, al estilo del exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre y su aprobación de gratificaciones antes de dejar el cargo.
La justificación del aumento se basó en que los comisionados estaban en un nivel tabular 16, mientras que —según un estudio comparativo con otros organismos autónomos— cargos equivalentes perciben remuneraciones de nivel 20, como los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Electoral y la persona titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, con 217 mil pesos brutos.
Otro argumento para el aumento es que en los últimos cuatro años ha habido un incremento considerable en la carga de trabajo, reflejado en un mayor número de solicitudes de información, traducido también en más recursos de revisión. En 2020 se tramitaron poco más de 1,700 recursos; en 2024, la cifra fue de 2,588.
Es evidente que el embate de Morena está orientado a sostener su iniciativa de eliminar el IACIP, y qué mejor estrategia que fortalecer una narrativa de costos altos y resultados cuestionables. Sin embargo, esa narrativa se contradice en varios puntos.
Un ejemplo es la declaración de la diputada Aguilar, quien sostiene que solo han podido acceder a información mediante amparos. Pero apenas en abril, reconocieron en rueda de prensa que obtuvieron información sobre funcionarios de la Fiscalía beneficiados con gratificaciones aprobadas por el exfiscal, gracias a un recurso de revisión resuelto por un comisionado del IACIP.
No hay duda de la carga política detrás de estas denuncias, ni del momento desafortunado en que se dio el aumento. Se profundiza la polarización en torno al futuro del Instituto. Morena ha dejado claro que su apuesta es por su desaparición y la denuncia presentada será uno de sus argumentos, aunque sean débiles desde varios ángulos.
2.- Observatorios ciudadanos ponen lupa: extorsión se dispara
Este martes, por primera vez, observatorios ciudadanos de Guanajuato presentan de forma conjunta un análisis de la incidencia delictiva global en el estado, correspondiente al primer cuatrimestre de 2025.
Entre los hallazgos más relevantes —y que encienden la mayor alerta para las autoridades— destaca el aumento en un delito en particular: la extorsión. Este indicador se ha convertido en uno de los mayores retos para la seguridad pública, especialmente en municipios donde ya ha derivado en hechos de alto impacto.
Por ejemplo, en Irapuato, las propias cifras del gobierno estatal reportan un incremento del 135% en las carpetas de investigación abiertas durante el primer cuatrimestre, en comparación con el mismo periodo de 2024. En León, el aumento es del 87%; en Salamanca, del 61.2%; en Silao, del 5.5%; y en Celaya, del 5%. A nivel estatal, el crecimiento es del 43%.
En cuanto al homicidio doloso, aunque los meses de abril y mayo registraron una baja significativa, el primer cuatrimestre del año muestra un aumento general, debido a un repunte de la violencia entre enero y marzo. El incremento en ese periodo fue del 16% respecto al año anterior.
No todo son noticias negativas. También se identificaron resultados positivos, como la disminución en los delitos de secuestro, robo de vehículo y robo a casa habitación.
Estos informes consolidados fueron impulsados por el Observatorio Ciudadano de León, que encabeza Mayra Legaspi Tristán, y que logró articularse con otras organizaciones ciudadanas del estado. El objetivo es claro: desde la trinchera ciudadana, incidir en la agenda pública y empujar acciones concretas en materia de seguridad para abatir los indicadores delictivos que muestran una tendencia al alza.
3.- El Rehilete en Villagrán: crece conflicto
A la presidenta municipal de Villagrán, Cinthia Teniente Mendoza, le estalló un conflicto social que venía gestándose desde hace años: los daños estructurales en decenas de casas del fraccionamiento El Rehilete, un problema heredado por administraciones anteriores y sistemáticamente ignorado.
Este lunes, decenas de vecinos afectados protestaron afuera de la presidencia municipal, luego de que autoridades cancelaran la reunión pactada para realizarse en el propio fraccionamiento. La alcaldesa alegó que, según con fuentes extraoficiales, no había condiciones de seguridad para su equipo ni para los funcionarios del Infonavit que participarían en el encuentro, particularmente José Antonio Santos Acosta, delegado en Guanajuato, y Aldo Clares, representante de las oficinas centrales del Infonavit en Ciudad de México. Según esa versión, la ausencia buscó evitar un escenario como el ocurrido semanas atrás en las oficinas del Infonavit en Celaya, donde hubo hasta agresiones verbales.
La inconformidad de los habitantes aumentó tras la publicación de un dictamen de Protección Civil municipal, emitido en mayo, que advierte daños estructurales graves en al menos siete secciones del fraccionamiento, y recomienda el desalojo inmediato de las viviendas.
Estas secciones son distintas a las ya atendidas anteriormente por el Infonavit —como la Sección Vivir— donde se cancelaron más de un centenar de créditos, permitiendo que las familias afectadas puedan adquirir nuevas casas ante el riesgo de colapso. Para un número importante de quejosos, esta sería la solución para salir de El Rehilete, cuyas fallas comenzaron desde su concepción.
El problema ha escalado y rebasa las capacidades legales y operativas de la alcaldesa, y requiere la intervención directa y más activa del delegado del Infonavit, José Antonio Santos Acosta, quien también fue increpado por los vecinos durante la protesta. Los habitantes fueron claros: es urgente realizar estudios de mecánica de suelos que permitan saber si las reparaciones e intervenciones futuras serán duraderas o simplemente paliativos temporales.
Contra Retrato
Samuel Ugalde García
A ocho meses de iniciada la administración municipal en Guanajuato capital, finalmente se publicó en el Periódico Oficial el Programa Estratégico de Seguridad Ciudadana.
La inclusión de voces ciudadanas en este plan dejó en evidencia una percepción clara: la ciudadanía considera deficiente la presencia de la Policía Municipal. Esta ausencia no solo ha favorecido el incremento de ciertos delitos, sino que también ha deteriorado la confianza en la corporación.
Los resultados de las cinco preguntas clave para conocer la opinión ciudadana fueron consistentes: se demanda mayor patrullaje, instalación de cámaras de seguridad y la conformación de comités vecinales que fortalezcan la seguridad desde la propia comunidad. La falta de respuesta institucional a estas exigencias se refleja en la percepción: solo el 20% considera que la Policía Municipal realiza un buen o muy buen trabajo, mientras que el 80% la califica entre regular, mala o muy mala.
Esa falta de respaldo ciudadano podría explicar el aumento reciente en la percepción de inseguridad. En términos generales, la policía municipal no cuenta con legitimidad social, y ese será uno de los mayores retos para el actual gobierno: reconstruir la confianza y mejorar sus indicadores.
El propio programa reconoce un cambio de enfoque: pasar de una lógica de seguridad pública a una de seguridad ciudadana. Es decir, priorizar lo que la gente percibe, siente y necesita. En este sentido, tras evidenciarse que la ciudadanía no percibe suficiente presencia policial, se esperaría que el secretario de Seguridad, Samuel Ugalde García, impulse medidas concretas como el fortalecimiento del personal operativo y de los grupos especializados.
Según reportes de llamadas al 911, incidencia delictiva y faltas administrativas, hay al menos 25 colonias que requieren atención prioritaria. Se trata de: Centro, Marfil, Cerro del Gallo, Yerbabuena, Carrizo, Santa Teresa, Cerro del Cuarto, Barrio de la Presa, Encino, Pastita, Momias, Pueblito de Rocha, Embajadoras, Fraccionamiento Manantial, Cerro de los Leones, San Javier, Lomas del Padre, Mártires, 22 de Abril, Teresa, Gualdra, Villas de Guanajuato, Puentecillas, Noria Alta, Burócratas y La Sauceda.
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