1.- Millones en sueldos, migajas para obra pública
La discusión sobre la necesidad de reducir el gasto corriente en la administración pública en Guanajuato lleva cuando menos dos décadas, pero los avances han sido mínimos. Sin embargo, con cada cambio de gobierno, los recursos destinados a mantener la nómina aumentan, impulsados más por compromisos de campaña que por una visión de eficiencia.
Como expone Periódico Correo, el gasto en nómina y prestaciones supera significativamente la inversión en proyectos de obra pública y otras áreas prioritarias que podrían tener un mayor impacto en la vida de los guanajuatenses. Sin embargo, este aumento en el gasto corriente no siempre se ha reflejado en una mejora en la atención o los servicios. En muchos casos, solo ha servido para mantener los altos salarios de la cúpula gubernamental.
Un ejemplo claro es el municipio de León, gobernado por Alejandra Gutiérrez Campos. En 2025, destinará más de 3,500 millones de pesos a servicios personales, mientras que la inversión aprobada para obra pública apenas alcanza los 368 millones. En Moroleón, donde gobierna Alma Denisse Sánchez Barragán, la situación es similar: más de 162 millones para servicios personales y solo 15 millones para inversión pública.
Estas diferencias abismales se repiten en prácticamente todos los municipios y en el gobierno estatal, que hasta ahora no ha logrado generar estrategias a largo plazo para adelgazar la nómina. Los recortes solo ocurren en momentos de crisis, como en Silao, donde la alcaldesa Melanie Murillo Chávez anunció el despido de 133 personas para ahorrar y destinar recursos a la compra de patrullas.
Mientras algunos municipios intentan mejorar la eficiencia del gasto con ajustes presupuestarios, otros siguen privilegiando la burocracia sobre la inversión, lo que se traduce en menos calles pavimentadas, menor mantenimiento de drenajes y escasos proyectos de infraestructura social.
Una de las propuestas más recientes para reducir el gasto corriente proviene de la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, con la iniciativa de la Ley de Austeridad, Ahorro y Transparencia en el Ejercicio de Recursos para el Estado de Guanajuato y sus Municipios. La propuesta contempla la creación de un Programa de Austeridad que establezca medidas de ahorro en cada dependencia. Aunque parece un esfuerzo valioso, también podría afectar la operación gubernamental en detrimento del servicio público, lo que representaría un impacto negativo para la ciudadanía. El reto es encontrar el equilibrio entre reducir el gasto corriente, mejorar la atención y aumentar la inversión pública.
2.- Seguridad en Guanajuato: logros que aún no convencen
La exposición de Guanajuato en las conferencias mañaneras del expresidente Andrés Manuel López Obrador dañó considerablemente la imagen del estado, además de incrementar la percepción de inseguridad, la cual sigue sin disminuir. Aunque esta percepción no estaba ajena a la realidad violenta del estado, se utilizó como una estrategia para desviar las críticas sobre la violencia en otros estados, especialmente en aquellos gobernados por Morena.
La gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha señalado que, aunque ha disminuido el número de homicidios, su administración evitará caer en triunfalismos. Es claro que busca cambiar la narrativa que la administración federal anterior amplificó, proyectando una imagen distorsionada de la situación real en Guanajuato, si negar el claro deterioro que hubo en materia de seguridad.
El pasado viernes, la gobernadora llevó a cabo una gira de medios en la Ciudad de México, en la que uno de los objetivos principales fue hablar sobre la disminución de la violencia en Guanajuato y la nueva relación que hay con el gobierno federal en el ámbito de seguridad pública. Además, se abordó la estrategia para el desarrollo económico del estado.
En resumen, el daño a la imagen de Guanajuato, potenciado por las constantes menciones en las conferencias mañaneras, ha dejado una huella profunda que persiste en la percepción social y que ni con la nueva estrategia de seguridad se ha logrado una mejora significativa en este indicador.
Hay un interés particular del gobierno actual en que la comunicación sea más efectiva sobre todo en algunos logros en seguridad. De ahí que en la última semana se hayan intensificado estos mensajes y que este lunes el invitado en su programa semana sea el secretario de Seguridad Pública y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez.
3.- Campañas judiciales: entre la política y la carrera judicial
Este domingo iniciaron las campañas del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025. En este arranque, los y las candidatas centraron sus mensajes en explicar el papel de jueces y magistrados, evidenciando la necesidad de informar a la ciudadanía sobre el impacto de la elección, ante el desinterés que existe respecto a la misma.
Un ejemplo es Salvador Ramírez Argote, exregidor priista y aspirante a juez de distrito en competencia mixta, quien adelantó en redes sociales que su campaña girará en torno a la reforma judicial y las atribuciones de los cargos en disputa. En la misma línea, Jesús García Márquez, candidato a juez de distrito en materia penal, comenzó a explicar qué delitos federales atendería y el papel del Poder Judicial en la búsqueda de personas desaparecidas.
La estrategia predominante fue el uso de medios digitales, reflejando que será la apuesta mediática ante los limitados recursos con los que contarán. Pocos optaron por hacer campaña en las calles y algunos, como Cinthia Teniente Mendoza, actual alcaldesa de Villagrán y aspirante a magistrada, ni siquiera realizaron actividad pública. Su aparente repliegue se da tras las críticas por su vínculo con La Luz del Mundo.
Entre los pocos que sí salieron al espacio público destacó Juan Antonio Moreno Vela, candidato a magistrado, quien desde la plaza principal de León y con altavoz en mano abogó por una justicia accesible y libre de influencias. Sin embargo, uno de los arranques más significativos se dio en Dolores Hidalgo, donde Jazmín Bonilla García, aspirante a magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamó a respaldar a quienes tienen trayectoria en el Poder Judicial. Este argumento promete marcar la contienda, diferenciando a quienes provienen de la carrera judicial de aquellos con un perfil más político.
Con campañas que apenas comienzan, la disputa por la narrativa ya está en marcha: ¿serán los méritos técnicos o las afinidades políticas los que definirán el rumbo del Poder Judicial?
Contra Retrato
Luis Ignacio Sánchez Gómez
La Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato enfrenta retos mayúsculos en la atención y combate del acoso y la violencia en las escuelas de la entidad. Solo en 2024 se registraron 279 casos, de los cuales 148 correspondieron a acoso escolar entre estudiantes y 131 a hechos de violencia cometidos por adultos. Entre las cifras más preocupantes, se detectaron al menos 33 casos de violencia sexual contra estudiantes.
El fortalecimiento de la educación sexual sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la Secretaría. Durante la glosa del primer informe de gobierno, el titular de la SEG afirmó que la educación sexual y la perspectiva de género forman parte del marco curricular común en la educación media superior.
Sin embargo, la realidad muestra importantes desafíos. A nivel nacional, y Guanajuato no es la excepción, el Coneval ha identificado avances en el conocimiento de temas de salud sexual y derechos reproductivos entre los estudiantes. No obstante, persisten carencias, sobre todo en la capacitación docente para abordar estos temas con sensibilidad y eficacia. Además, algunas familias solicitan que ciertos contenidos no sean impartidos, lo que genera brechas de conocimiento entre los alumnos según la escuela a la que asistan.
Como se ha señalado en esta columna, la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato ha mostrado resistencia a asumir su papel en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. A esto se suma la falta de determinación para fortalecer la educación sexual en las aulas, una omisión que limita el combate al acoso y la violencia escolar, muchas veces vinculada a agresiones de índole sexual.