1.- Los 200 mil viajes extras: ¿se justificaba el aumento al pasaje en León?
El aumento a la tarifa del transporte público en León se aprobó bajo una sombra de opacidad y acuerdos previos. El presidente de los Transportistas Coordinados de León, Daniel Villaseñor Moreno, justificó la necesidad del incremento argumentando pérdidas económicas, principalmente por el alza en el precio del combustible.
Sin embargo, un estudio realizado por encargo del Instituto Municipal de Planeación (Implan) reveló una gran disparidad en la demanda de usuarios, un indicador clave para evaluar la necesidad del aumento. Las diferencias entre los datos del estudio, los reportados por los concesionarios y los proporcionados por la Dirección de Movilidad han generado dudas sobre la transparencia del proceso y las ganancias reales de los empresarios del transporte.
El contexto: a finales de 2023, el Implan llevó a cabo el estudio “Propuesta de Alternativas para el Futuro del Transporte Público, Nueva Tecnología para el Sistema de Transporte Público para la Ciudad de León. Primera Etapa”. Su objetivo era proyectar posibles innovaciones en el sistema de transporte, como la implementación de un tren ligero. Para ello, se realizaron estudios de campo.
El análisis determinó que la demanda diaria de usuarios en el transporte público era de 793,541 viajes. Esta información ya estaba en manos del gobierno municipal en 2024, cuando en diciembre se instaló la Comisión Mixta Tarifaria para analizar el ajuste a la tarifa.
En contraste, en dicha Comisión los concesionarios aseguraron que la demanda diaria era de 593,485 viajes, mientras que la Dirección de Movilidad, basándose únicamente en datos del INEGI, estimó 565,865 viajes diarios. La diferencia de casi 200,000 viajes entre el estudio del Implan y los datos presentados por los transportistas pone en duda la veracidad de las pérdidas económicas que argumentaron para justificar el aumento.
Debido a las constantes críticas sobre la falta de claridad en los estados financieros de los concesionarios, recientemente se aprobó una reforma al Reglamento de Movilidad, que obligará a las empresas a presentar estados financieros dictaminados por un contador público certificado y autorizado por el SAT al momento de solicitar un incremento tarifario.
La presión para transparentar la información provino de la regidora de Movimiento Ciudadano, Dessiré Ángel Rocha, quien fue la principal opositora al aumento y crítica de la falta de claridad en los estudios necesarios para validar un incremento al pasaje. Además, fuentes al interior del gobierno municipal confirmaron que ya prepara una nueva reforma que obligará a la Dirección de Movilidad a contar con un estudio físico sobre la demanda antes de la instalación de una Comisión Mixta Tarifaria, con el objetivo de que las cifras presentadas sean más confiables y la decisión no dependa de los datos proporcionados por los empresarios del transporte.
Con la reforma de sobre los estudios financieros y ahora la futura modificación a la norma para que se cuente con un estudio físico, se cerrará más la pinza para que se transparente el análisis de posibles aumentos y haya una estandarización del proceso.
Mientras tanto, la disparidad de cifras detectada en el estudio del Implan será usada como prueba en los 10 juicios de amparo promovidos por ciudadanos y el excandidato y activista Juan Pablo Delgado Miranda, en los que se argumenta, entre otras cosas, que el aumento al pasaje en León no estaba justificado.
Por cierto, de concretarse la reforma que prepara la regidora de MC, se podría aplicar hasta el 2027 si se solicita un aumento o incluso en la próxima administración. Hay que recordar que, entre los acuerdos con el aumento de este año, se señaló que en 2026 habrá un incremento, pero será subsidiado por el gobierno municipal, por lo que no se reflejará en la tarifa que pagan los ciudadanos. En todo caso, se dejarían criterios claros a futuro.
2.- Clamor de justicia en San José de Mendoza por jóvenes asesinados
En San José de Mendoza, Salamanca, fueron despedidos los ocho jóvenes asesinados en un ataque armado el pasado 16 de marzo. Los reclamos de justicia se hicieron presentes, con un llamado a que la masacre no quede impune. “Hoy pedimos justicia, hoy gritamos: Nunca más; hoy decimos: ¿por qué tiene que morir el inocente?”, expresó el obispo de la Diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz.
A pesar de la indignación generada por la masacre, ni el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, ni el fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste, han emitido declaraciones sobre lo ocurrido en la comunidad. El supuesto humanismo y la empatía han quedado solo en el discurso. Una vez más, tuvo que ser la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo quien enfrentara los cuestionamientos y reconociera la responsabilidad de su gobierno en garantizar la paz: “Lo que hemos pedido a la Fiscalía es agilizar las investigaciones para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”.
Entre las pocas autoridades que han dado información sobre la masacre se encuentra Juan Pablo Ramírez Talavera, director de Seguridad Pública de Salamanca. El funcionario declaró que, de acuerdo con los datos recabados, el ataque contra los jóvenes —conocidos por participar en un grupo juvenil religioso— habría tenido el objetivo de “calentar el lugar”, es decir, modificar la presencia de las autoridades en alguna zona.
“Lo que tenemos detectado es que posiblemente la incursión fue de otro municipio. Lamentablemente, aquí podemos decir que el objetivo de esta parte fue calentar el lugar a fin de que la actuación de la autoridad tenga diferentes perspectivas”, explicó.
Las declaraciones del titular de seguridad municipal no hacen más que confirmar que, en la pugna entre grupos criminales y la estela de horror que dejan, todos quedan atrapados, no solo aquellos directamente involucrados con la delincuencia.
3.- Cambio en la dirigencia del PRI en León: Tadeo Sánchez toma el relevo
Este miércoles se anunció la salida de Juan Pablo López Marún de la presidencia del Comité Directivo del PRI en León. En su lugar asume el cargo, como delegado en funciones de presidente, Tadeo Sánchez, cuya ratificación oficial se espera en los próximos meses. Sin embargo, no será un proceso sencillo, pues la actual secretaria general del partido en el municipio, Hilda Ramírez Orozco, también busca la dirigencia. A ambos el priismo les ha quedado en deuda en ocasiones anteriores y ahora se anticipan jaloneos.
López Marún deja su puesto en la estructura del partido en León, pero no se aleja del PRI. Según afirmó, su salida responde a motivos personales y profesionales relacionados con su despacho de asesoría financiera. Durante su gestión, se entregó la casa de gestión del PRI y se avanzó en la conformación de comités seccionales en León, alcanzando los 250. No obstante, la nueva dirigencia enfrentará el reto de renovar estos comités y aumentar su número a más de 700 rumbo a 2027, una meta ambiciosa con bajas probabilidades de éxito.
El PRI en León enfrenta una crisis severa: el 40% de sus militantes ha desertado hacia Morena y el PAN. Aun así, la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Guanajuato, Ruth Tiscareño Agoitia, asegura que “muchos” priistas desencantados con la Cuarta Transformación han decidido regresar. Habrá que ver.
Por cierto, David Mercado Ruiz que dejó la secretaría general del CDE del PRI en Guanajuato se integra a la Subsecretaría de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, encabezada por la exalcaldesa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez. Es uno de los pocos priistas beneficiados por el actual gobierno estatal de coalición.
Contra Retrato
Melanie Murillo Chávezz
Este miércoles se oficializó la baja de 133 empleados del gobierno municipal de Silao, quienes habían sido contratados en la administración anterior. Se trata de uno de los primeros grandes ajustes dentro del gobierno local para generar ahorros y redirigir recursos a áreas prioritarias, especialmente en la adquisición de patrullas para la Policía Municipal y la mejora de los servicios públicos.
Para la liquidación de estos trabajadores se destinarán 7 millones 57 mil 258 pesos. Según la administración municipal, este monto garantiza el respeto a los derechos laborales y busca evitar que los despidos deriven en laudos que terminen afectando las finanzas del municipio, como ha ocurrido en otros gobiernos.
Sin embargo, el recorte va más allá del ahorro inmediato. Fuentes internas del gobierno de Silao confirmaron que, además de fortalecer la inversión en seguridad, estos recursos ayudarán a abordar problemas de fondo, como la crisis en la recolección de basura, un conflicto que ha persistido durante varios trienios.
Aunque la alcaldesa Melanie Murillo Chávez ha reconocido las dificultades de terminar el contrato con NKN, la empresa concesionaria del servicio de recolección de basura—lo que implicaría un costo superior a 300 millones de pesos—, su administración ya ha comenzado a fiscalizar el desempeño de la compañía. Se ha detectado que NKN no está cumpliendo con el volumen de recolección establecido en su contrato, pero sí cobrando 4 millones mensuales, lo que ha generado molestia entre los ciudadanos.
Este incumplimiento, del cual el gobierno municipal ya tiene pruebas, podría derivar en un proceso legal que finalmente libere a la administración de dicho contrato, abriendo la puerta a una nueva solución para el problema de la basura en Silao.