Sin duda, uno de los sucesos más connotados de los últimos días, y seguramente de lo que va del sexenio, es el referido al descubrimiento del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, y que, de acuerdo con los primeros reportes, habría funcionado como centro de adiestramiento y exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las imágenes que comenzaron a circular después de su descubrimiento nos dejaron, en principio, horrorizados, debido a las pilas de ropa, zapatos, mochilas, objetos personales, así como el descubrimiento de tres hornos, supuestamente crematorios, de ladrillo y piedra, condición que llevó a nombrarlo como el Auschwitz mexicano, en referencia al campo de concentración nazi que funcionó como mayor centro de exterminio masivo, muriendo en él cerca de un millón trescientas mil personas durante la segunda guerra mundial.
El hallazgo de este rancho habría sido posible por el intercambio de llamadas anónimas a miembros del Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, los cuales, junto con representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y resguardados por la Guardia Nacional (GN), ingresaran al inmueble, mismo que fuera descubierto en septiembre de 2024 tras un enfrentamiento entre la GN y civiles armados. Días después, un video difundido en redes sociales y medios de comunicación, mostraba a 30 integrantes del CJNG con ropas tácticas y armas de alto calibre de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, deslindándose de los hechos, rechazando las denuncias en cuanto a que el rancho en cuestión hubiera funcionado como centro clandestino de exterminio, reclutamiento forzado o crematorio, inculpando a colectivos de búsqueda y medios de comunicación de manipular los hechos. Al respecto cabe llevar a cabo diferentes comentarios a través de las diferentes lógicas que imperan en el manejo del caso.
La lógica del Estado, donde éste es el responsable de proveernos seguridad al otorgarle como sociedad el monopolio legítimo de la violencia para ejercer la fuerza de manera justificada, sin dejar dudas de su responsabilidad en el esclarecimiento de los hechos ahí suscitados, teniendo en cuenta las múltiples irregularidades y omisiones en el procesamiento e investigación cometidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco en el sitio el año pasado, de forma tal que despeje, las diferentes especulaciones, arrojando hechos concretos derivado de averiguaciones eficaces y eficientes que lleven a la detención de todos aquellos que pudieran haber estado involucrados sin importar los ámbitos de los mismos y no se convierta en el suceso de verdad histórica del sexenio (como lo fue el caso Ayotzinapa).
La lógica del CJNG, la cual, si bien llevan a cabo procesos de reclutamiento, la más de las veces por medio de redes sociales, particularmente ofreciendo oportunidades laborales seguras acompañadas de sueldos arriba del promedio, afirman que el mismo es voluntario, puesto que de hacerlo coercitivamente implicaría diversos inconvenientes, así como llevar a cabo prácticas de eliminación masivas, debido a la operatividad que tal práctica requeriría. Mismo caso con la ropa de civil, la cual básicamente no utilizan al transitar de ésta hacia uniformes tácticos de pies a cabeza, así como a su forma de proceder en los territorios que controlan o buscan hacerlo, manteniendo en paz el mismo, no interfiriendo, por lo menos en lo mínimo, con la población civil (o a solicitud expresa de la misma), esto confirmado por diversas fuentes, que han tenido interacciones con el cártel, a quien esto escribe.
La lógica del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, la cual asegura que los restos encontrados efectivamente responden a procesos de calcinación, en donde quienes hubieran sido llevados a este lugar habrían sido asesinados por múltiples causas, siendo incinerados posteriormente, respondiendo las prendas y objetos abandonados en el lugar a la identificación de personas desaparecidas, así como a la inacción y complicidad con el crimen organizado de las autoridades en los tres niveles de gobierno.
La lógica estadounidense la cual, si bien no le va ni le viene este suceso al no afectarlo directamente, si le aporta a la narrativa de su discurso actual, el cual nos considera un país presa del crimen organizado, es decir, ser víctimas de una captura del Estado, juzgándonos como un Estado fallido tanto por ellos como a nivel internacional.
Todas estas lógicas, las cuales han sido expuestas de manera escueta y general, debiendo ser objeto de una discusión y análisis más amplio, así como integrar más actores y contextos que los enunciados, deben ser motivo de análisis que posibiliten deslindar responsabilidades y otorgar certezas en términos del esclarecimiento de los hechos y la impartición de justicia en nuestro país. No es tiempo de arrojar culpas sino de adoptar responsabilidades. El gobierno federal bien hace en continuar señalando lo conducente al caso, pero mejor hará en utilizar los múltiples recursos que tiene a su alcance para el esclarecimiento real del mismo con las consecuencias políticas y sociales que tengan lugar, acciones que bien podrían cambiar la percepción al interior y fuera de nuestras fronteras de ser considerados un Estado fallido, reconociendo que somos uno parcialmente fallido, al menos en el tema de la seguridad, condición que se esperaría revirar con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y lo que deberá estipularse en el Programa para la Seguridad Nacional de este gobierno.
Lo cierto es que una de las grandes interrogantes es si efectivamente el reclutamiento se lleva a cabo de manera forzosa o no, esto nos lleva a preguntarnos si, en caso afirmativo, pudiera responder a ser carne de cañón (conejillos de indias) para aquellos en adiestramiento o si aquellos que decidieran no continuar con el mismo serían en efecto ultimados y cremados. Sobre este último punto surge otra duda, si algo hemos aprendido es que un cuerpo requiere de al menos 1000º centígrados, los cuáles no podrían alcanzarse con los hornos encontrados en el rancho, sumándole a ello lo que implicaría, de haberse llevado a cabo tal labor en al menos 200 personas, no llamar la atención por el humo, olor, desplazamiento de personas, automóviles, etc., todo ello sin olvidar la responsabilidad que pudieran haber tenido, por acción u omisión, el gobernador saliente Enrique Alfaro, su fiscal, y otros funcionarios, así como la administración municipal, fuerzas de seguridad, etc.
En un país donde la cifra oficial de desaparecidos ronda las 113 mil, estamos obligados como sociedad a exigir y contribuir al cese y esclarecimiento de los hechos.