1.- La improbable despenalización del aborto en Guanajuato
La despenalización del aborto en Guanajuato nunca había sido una posibilidad tan latente como lo es ahora. Sin embargo, las señales provenientes de legisladores clave indican que, al menos en esta legislatura, es poco probable que sea realidad. Este jueves, el PAN volverá a cerrar el capítulo que tanto se ha negado a debatir con seriedad. Pero la ausencia institucional del Poder Ejecutivo pasará a la historia.
“Así como creo en la vida, creo que no podemos criminalizar a una mujer; criminalizar a una mujer es también atentar contra la vida”, declaró Libia Dennise García Muñoz Ledo durante su campaña electoral en 2024, en un foro feminista del colectivo Verde Aquelarre. Sus palabras dejaron una impresión de frescura sobre el tema… que al final no cristalizó.
La falta de una postura clara y sin ambigüedades le pasa factura a la gobernadora, quien optó por no tocar los pilares ideológicos ni los delicados equilibrios de unidad dentro de su partido. Sorpresa, tampoco hay. García Muñoz Ledo ha preferido evitar cualquier pronunciamiento sobre la despenalización del aborto en Guanajuato, escudándose en la muy cómoda bandera de la “separación de poderes”.
Mientras iniciativas de su interés, como la creación de la Secretaría de la Mujer, se deslizaron como mantequilla en el proceso legislativo, las relacionadas con el aborto y los derechos reproductivos de las mujeres encontraron zancadillas constantes por parte de los legisladores panistas.
“No se puede ser feminista de ocasión”, sentenció desde León este miércoles la senadora morenista Martha Lucía Mícher Camarena al criticar a la mandataria. Señaló la contradicción entre defender públicamente los derechos de las mujeres y, al mismo tiempo, evitar fijar postura sobre un tema como el aborto, cuya criminalización ya ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La senadora estuvo acompañada por colectivos feministas y organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). Francisco Cué, coordinador de Incidencia en Política Pública de GIRE, refutó el argumento de la “defensa de la vida desde la concepción”, recordando que la SCJN ya ha establecido que los estados no tienen competencia para determinar en qué momento inicia la vida. En otras palabras: uno de los pilares discursivos del PAN no tiene sustento jurídico.
Además —como lo evidenció Periódico Correo—, Cué advirtió que la reciente iniciativa promovida por panistas para crear la Ley de Protección de la Maternidad y la Primera Infancia en Guanajuato es el disfraz de un nuevo candado que, en el futuro, entorpezca cualquier intento de despenalización.
El caso Guanajuato y la negativa panista despiertan interés a nivel nacional. Como se consigna hoy, la jueza Martha Eugenia Magaña López, titular del Juzgado Quinto de Distrito en Morelos y especialista en la materia, advirtió que no despenalizar el aborto, conforme a los criterios ya establecidos por la SCJN, podría constituir un desacato. Como se ha planteado en esta columna, la vía legislativa parece clausurada; la ruta más viable sería una resolución directa del máximo tribunal, como ya ocurrió en otros estados gobernados por el PAN, como Aguascalientes.
Hoy la balanza no se inclina por la despenalización del aborto. ¿Rebeldías? Poco probable.
2.- La elección y los contrapesos que se deciden, la apuesta de algunos
Este miércoles, en Guanajuato, varios candidatos que participan en la elección judicial del próximo 1 de junio cerraron campaña. En un restaurante de la capital se reunieron aspirantes, en su mayoría con carrera judicial, y la figura central fue el magistrado Jaime Santana Turral, que busca integrarse al Tribunal de Disciplina Judicial, órgano encargado de investigar y sancionar el mal actuar de funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
Santana Turral dejó declaraciones que no deberían pasar desapercibidas. Una de ellas: “Este Tribunal es la piedra angular de esta reforma. Si se integra solamente con perfiles políticos o que correspondan a cuotas de poder o de intereses, este Tribunal puede no funcionar y hacer que esta reforma no tenga el éxito que se espera.”
Este Tribunal concentrará un poder vital: una especie de corazón de la reforma judicial que, sin ética, podría convertirse en una “Santa Inquisición” del Poder Judicial. La advertencia del magistrado es clara: quienes tienen una carrera judicial probada apuestan por colocarse en los espacios clave, para impedir que se concentre el poder en perfiles que obedecen a intereses políticos o al oficialismo.
En medio del ruido sobre la elección judicial, suele olvidarse que también están en juego espacios que podrían representar un contrapeso ante la cuestionada y politizada dinámica del proceso.
En un ejercicio poco habitual de autocrítica, Santana Turral reconoció que al Poder Judicial le faltó voluntad para atender y corregir vicios ya instalados, como la corrupción. Aunque defendió que no fue una práctica generalizada, como se ha difundido desde el discurso oficial que impulsó y lubricó la reforma de Andrés Manuel López Obrador.
Por cierto, una de las ausentes en el encuentro fue la magistrada penal Luz Elba de la Torre, quien busca reelegirse mediante el voto. Su nombre cobró relevancia mediática este miércoles, pues entre sus pendientes está una resolución relacionada con la liberación de dos presuntos integrantes de un cártel local, vinculados a la desaparición y asesinato de la maestra Lupita en Salvatierra —caso que llevó al hallazgo de 81 cuerpos en 2020—. Los sujetos obtuvieron su libertad por una resolución de la magistrada Gabriela Berenice Pinedo Amador, de la Cuarta Sala Penal del Tribunal del Estado de Guanajuato. ¿Por irse de campaña, la magistrada dejó el changarro tirado? Su resolución puede devolver a los presuntos criminales a prisión, sino es que ya se fugaron. La magistrada local Pinedo Amador también debe explicaciones.
3.- Del silencio a los comunicados: ¿cambia la Fiscalía en Guanajuato?
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que ya fueron identificados 13 de los 17 cuerpos localizados los días 23 y 24 de mayo en un predio del municipio de Irapuato. Actualmente se lleva a cabo el proceso de notificación a sus familiares.
Los dos reportes emitidos por la FGE sobre este hallazgo han permitido conocer el avance del proceso de identificación y marcan, sin duda, una diferencia respecto a lo que ocurría durante la gestión de Carlos Zamarripa Aguirre, cuando poco se informaba sobre los hallazgos, y menos aún sobre su seguimiento. En aquel entonces, el proceso de identificación iba más allá de los escuetos comunicados: era una caja negra de la que incluso las familias buscadoras quedaban excluidas.
Aún persisten silencios institucionales imposibles de omitir —como el que envolvió la masacre de siete jóvenes en San Felipe—, pero también se perciben algunos cambios con la llegada del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste. Cambios que, por ahora, solo se notan en temas donde el Ejecutivo parece tener un interés particular, como es el caso de las desapariciones.
Falta ver cuándo sí y cuándo no la Fiscalía apostará por una comunicación transparente, sobre todo en favor de las cientos de familias que hoy siguen buscando a alguien de los suyos.
Tras el informe de la Fiscalía, quedó el mensaje del colectivo Hasta Encontrarte:
“A las autoridades les decimos, queremos abrazarlos vivos, exigimos un alto a las desapariciones y homicidios.”
Contra Retrato
Melanie Murillo Chávez
La presidenta municipal de Silao tiene el camino allanado para concretar la revocación del título de concesión a la empresa NKN del Centro —vinculada a Ricardo García Oseguera— encargada del servicio de limpia en el municipio. Este miércoles se dio el primer paso, con la aprobación del dictamen en la Comisión de Obra y Servicios Públicos, donde se confirmó el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
El proceso de revocación se sostendrá en la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, que establece dos causas claras para retirar una concesión: uno, si el servicio se interrumpe total o parcialmente sin causa justificada; y dos, si se cede la concesión sin autorización del Ayuntamiento.
Lo primero se comprueba fácilmente con un recorrido por Silao y una conversación con sus habitantes. Lo segundo forma parte de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).
En su revisión de la cuenta pública de Silao en 2023, la ASEG detectó que en mayo de ese año Veolia cedió los derechos de la concesión a NKN del Centro sin informar al Ayuntamiento ni solicitar su aprobación. Además, no se acreditó que NKN tuviera la capacidad técnica para operar el servicio. Ni siquiera contaba con camiones: presentó como propias dos unidades que, en realidad, pertenecían a otra empresa, Grupo Acasa, S.A. de C.V., también ligada a García Oseguera.
Y la cadena de irregularidades no termina ahí. La entonces directora de Adquisiciones del gobierno del morenista Carlos García Villaseñor también fue administradora de Grupo Acasa. A través de documentos oficiales esta columna confirmó que se trata de María Teresa Berenice Ochoa Hernández, quien dejó el cargo en la empresa en abril de 2023, justo antes de que en mayo se consolidara la cesión a NKN del Centro.
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