Ciudad de México, México.– El Gobierno de México, en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Secretaría de Bienestar, implementa una estrategia nacional para atender a miles de derechohabientes cuyos créditos se encuentran en conflicto legal, financiero o administrativo.
Mediante un censo nacional, se evaluará el estado de 933 mil viviendas identificadas como “emproblemadas”, ya sea por pagos pendientes, abandono o irregularidades legales. El objetivo, según autoridades federales, es ofrecer soluciones claras, personalizadas y evitar que familias pierdan su patrimonio debido a procesos injustos.
“Queremos que la vivienda sea un derecho y no una incertidumbre para quienes han pagado por ella”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al presentar la iniciativa.
Subrayó que la meta es garantizar certeza jurídica a los afectados y regularizar la situación de millones de hogares.
Fraudes y corrupción, al descubierto
Durante la conferencia de prensa, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, denunció una red de corrupción vinculada a juicios masivos, ventas múltiples y despachos legales que operaron fuera de la ley.
“Hay más de 3,400 demandas interpuestas por prácticas como adjudicaciones ilegales, constructoras que recibieron dinero y no entregaron casas, e incluso ‘coyotes’ que traficaron con los créditos”, declaró Romero Oropeza. Añadió que estos esquemas fraudulentos involucran a despachos, constructoras y exfuncionarios.
Uno de los métodos detectados fue la realización de juicios en estados distintos al de residencia de los acreditados, impidiéndoles defenderse. En otros casos, las viviendas fueron adjudicadas sin notificación previa a sus propietarios, dejándolos en la indefensión total.
Diagnóstico crítico de las viviendas
El censo permitirá identificar el estatus actual de cada una de las viviendas involucradas. Entre los problemas más comunes se encuentran:
- Juicios irregulares: Demandas realizadas fuera del estado de residencia del acreditado.
- Casas abandonadas o sin pago: Viviendas nunca habitadas o sin pagos durante años, muchas veces por falta de servicios básicos.
- Adjudicaciones sin aviso: Propiedades quitadas a sus dueños sin notificación legal.
- Ocupación por terceros: Familias habitando viviendas que no les fueron asignadas originalmente.
Soluciones diferenciadas
Con base en los resultados del censo, el Gobierno federal aplicará estrategias específicas para regularizar la situación de al menos 4 millones 155 mil derechohabientes:
- Viviendas ocupadas por el acreditado: Se aplicarán medidas como congelamiento del saldo, reducción de tasas, ajuste de mensualidades y quitas de deuda.
- Viviendas ocupadas por terceros: Se propondrá un esquema de arrendamiento social con opción a compra.
- Viviendas desocupadas o vandalizadas: Serán rehabilitadas y ofrecidas bajo el mismo esquema de arrendamiento social con opción a compra.
¿Qué pueden hacer los derechohabientes?
El Infonavit recomendó a quienes tengan dudas sobre su crédito:
- Verificar el estatus legal de su propiedad directamente con el Infonavit.
- Esperar los resultados del censo para conocer las alternativas de regularización.
- Acudir únicamente a canales oficiales para recibir orientación personalizada.
- Estar atentos a nuevos esquemas de reestructuración y opciones de pago.
Finalmente, Romero Oropeza informó que ya se trabaja en conjunto con la Consejería Jurídica y la Fiscalía General de la República para llevar ante la justicia a quienes lucraron ilegalmente con los créditos de vivienda.
“No vamos a permitir más abusos. Nuestro deber es proteger el derecho de las familias mexicanas a un hogar digno”, sentenció.