1.- Gobierno de León abre billetera para empresarios afines
El Ayuntamiento de León aprobó por mayoría una modificación presupuestal que otorgará 8 millones de pesos a cámaras empresariales cuyos liderazgos mantienen cercanía con la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos. Dentro del monto también se incluye un apoyo a la Universidad Iberoamericana.
Según el gobierno municipal, estos recursos buscan fomentar el desarrollo empresarial y la colaboración con instituciones mediante acciones, cursos, talleres y programas de capacitación y profesionalización dirigidos a distintos sectores económicos.
Sin embargo, los cuestionamientos de la oposición están bien fundamentados: no existen indicadores claros —o al menos no se han transparentado— que demuestren cómo estos recursos benefician de forma tangible a la ciudadanía leonesa.
Aunque la administración de Gutiérrez Campos insiste en que todo está en regla y respaldado por resultados, la explicación escrita que se entregó a algunos ediles opositores recurre a argumentos endebles. Por ejemplo, se afirma que uno de los efectos de estos apoyos es el aumento en la formalidad laboral, lo cual suena más a consigna optimista que a un resultado verificable. ¿Realmente el incremento de trabajadores registrados ante el IMSS se debe a estos apoyos anuales?
“Mediante estas acciones y/o programas hemos incentivado la formalidad de las empresas partícipes, resultando en el incremento del número de trabajadores asegurados en el Municipio de León, el cual mostró un crecimiento porcentual del 7.12% de marzo de 2022 a marzo 2025, así mismo, durante el primer Trimestre del 2025 se registró una tasa de desocupación de 2.96%, evidenciando una disminución en comparación con el primer Trimestre del 2022”, argumenta el gobierno municipal.
Pero más que una rendición de cuentas, el argumento parece una verborrea técnica para justificar la entrega del recurso.
Es cierto que los talleres, encuentros de negocios y demás programas pueden traducirse en derrama económica, personal más capacitado y otros beneficios, pero uno de los principales señalamientos es la falta de transparencia y criterios en la ejecución. No basta con afirmar que hay un buen uso del dinero público; es indispensable probarlo. Ahí es donde el gobierno municipal ha fallado tanto ante la oposición como ante la ciudadanía: no ha explicado con claridad cómo ha ejercido cada cámara empresarial el dinero recibido.
Entre los organismos beneficiados se encuentran APIMEX y AMEXME, con 500 mil pesos cada una; la CICEG con 2 millones 066 mil 429 pesos; CANACO y CANACINTRA con un millón cada una; el Clúster Automotriz con 980 mil pesos; CANIETI con 200 mil y CANADEVI con 150 mil. También figura la Cámara México Americana de Negocios, que recibirá 70 mil pesos.
Regidoras de oposición denunciaron nuevamente que no se les entrega información puntual sobre el uso del dinero, con indicadores y resultados específicos. Este jueves, incluso, la regidora de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, acusó que se les silenció en comisiones cuando se manifestaban en contra del tema.
2.- Nuevos edificios de gobierno: proyecto que avanza a paso de tortuga
Una de las herencias más costosas de la pasada administración —y que ya comienza a pasar factura— es el proyecto de los Edificios A y B de oficinas del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), ubicados en el Parque Guanajuato Bicentenario. Iniciadas en el ocaso del sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hoy esas obras apenas muestran un avance mínimo.
Como documenta hoy Periódico Correo tras un recorrido en el sitio, el progreso es tan lento que resulta imposible que la obra se entregue en los primeros días de junio, como establecía el primer plazo para la empresa Consorcio Constructor Eco del Bajío S.A. de C.V., que además mantiene otros proyectos pendientes con el gobierno estatal.
Debido al rezago, la Secretaría de Obra Pública dio oxígeno a la empresa y extendió el plazo hasta octubre. Sin embargo, con el ritmo actual, esa nueva fecha también parece inalcanzable. La dependencia justifica el retraso con la falta inicial de permisos municipales por parte del gobierno de Silao, en medio de su transición gubernamental. Aunque el secretario Juan Pablo Pérez Beltrán aseguró en noviembre que los trámites ya estaban destrabados, los permisos se obtuvieron formalmente hasta diciembre.
Desde su anuncio, el proyecto recibió críticas, apaciguadas en parte por la promesa de trasladar la burocracia estatal al Parque Bicentenario, lo que representaría ahorro en rentas y descongestionamiento en la capital. Hoy, sin embargo, el problema es otro: el estancamiento. Lo que se perfilaba como una estrategia de eficiencia, se ha convertido en un lastre para el llamado “Nuevo Comienzo”, que ahora deberá dar la cara por una obra financiada con recursos del ISSEG, institución que cada vez más parece la caja chica del gobierno.
3.- El Fidesseg y la pugna que crece
La pugna por el Fidesseg continúa, y cada vez queda más claro el interés de ciertos liderazgos empresariales por no soltar ni un centímetro del control sobre la asignación de recursos públicos.
El Juzgado Décimo Segundo de Distrito concedió una suspensión provisional contra los efectos del Decreto Gubernativo número 22, publicado el 1 de abril, con el cual la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo modificó la integración del Comité Técnico del Fidesseg para garantizar que el Gobierno del Estado tuviera mayor injerencia en la distribución de los apoyos.
La suspensión no solo frena el decreto, sino también la convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico, donde se revisarían solicitudes de prórroga y marcaba básicamente la restitución del Fidesseg. Todo esto es consecuencia de la ampliación de demanda promovida por el Consejo Coordinador Empresarial de León y por Salvador Cayón Ceballos, empresario irapuatense y uno de los impulsores originales del Fidesseg, quien se ostenta como representante del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, aunque no es presidente de este.
Desde el Ejecutivo estatal se respondió mediante un comunicado que, lejos de calmar las aguas, evidenció el creciente encono:
“Desde el Gobierno de la Gente, reafirmamos nuestro respeto absoluto a las resoluciones del Poder Judicial Federal, incluso cuando dos juzgados distintos que conocen de los amparos interpuestos acuerdan de manera contrapuesta entre sí”.
El conflicto legal se alarga, el recurso sigue congelado y sin poder canalizarse a asociaciones, lo que implica un incumplimiento en su propósito social. Y la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿por qué tanto empeño en evitar que la entrega de dinero público se realice con mayor transparencia? Que al final fue el talón de Aquiles del Fidesseg.
Contra Retrato
Blanca Preciado Pérez
El Congreso del Estado aprobó recientemente los informes de resultados de la evaluación “¿Cómo andamos Guanajuato?”, que mide la percepción ciudadana sobre los servicios municipales. El ejercicio abarca el año 2023 y revela áreas de oportunidad importantes en varios municipios, como es el caso de Manuel Doblado.
Ese año, la administración municipal aún estaba encabezada por la panista Blanca Preciado Pérez. De acuerdo con los resultados, el municipio se ubicó por debajo de la media estatal en tres servicios públicos clave: alumbrado público, recolección de basura y seguridad pública.
Las calificaciones no son desastrosas, pero coinciden con las principales preocupaciones de la ciudadanía: en primer lugar, la inseguridad; en segundo, el alumbrado público, ambos estrechamente vinculados en la percepción ciudadana.
Uno de los datos más delicados fue el relacionado con la corrupción: aunque un porcentaje significativo de ciudadanos consideró acertadas algunas decisiones del gobierno municipal, un 35% afirmó que la corrupción era algo habitual en esa administración.
En términos generales, la gestión de Blanca Preciado Pérez fue calificada con un 5.8 en el indicador de calidad de la gobernanza local. El número habla por sí solo y ayuda a entender por qué no logró reelegirse y fue derrotada por el priista Adolfo Alfaro Reyes, su antecesor.
Al final, la percepción ciudadana no solo se reflejó en encuestas: se tradujo en realidad. Y en las urnas, no hubo indulgencia.
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