1.- Gastos partidistas: el cochinero en Guanajuato detectado por el INE

El IEEG aprobó la calendarización de los cobros a partidos políticos que incurrieron en irregularidades en el uso de recursos,de acuerdo a revisión de sus cuentas en 2023 y según resolvió el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) liderado por Guadalupe Taddei Zavala. Estas resoluciones no solo evidencian un cochinero administrativo, sino también posibles acciones fraudulentas dentro de los partidos en Guanajuato.
El Partido Verde, dirigido por Sergio Contreras Guerrero, enfrentará los mayores descuentos, con irregularidades por 2.6 millones de pesos. Lo más grave es que, de acuerdo con lo detectado por la Comisión de Fiscalización, el partido contrató a la empresa Trayecta Proyecto, S.C. por 1 millón 424 mil 565.03 pesos, pese a que una de sus socias es la hoy senadora Virginia Marie Magaña Fonseca, quien antes fue coordinadora de capacitación del partido. La falta se calificó como grave, pero al partido solo se le descontará el 30% del monto involucrado, es decir, 427 mil pesos.
A Morena, dirigido por Adriana Guzmán Cerna, se le descontarán 2.4 millones de pesos. Entre las joyas encontradas por la autoridad electoral, destaca que el partido canceló tres cuentas bancarias, pero se desconoce el destino del 1 millón 555 mil 734.99 pesos que tenían. Por ello, se impuso una sanción del 150% sobre el monto involucrado, lo que suma 2 millones 333 mil 602.49 pesos.
El PAN, dirigido en ese entonces por Eduardo López Mares, deberá cubrir descuentos por 1.3 millones de pesos. Entre las irregularidades se documentó un gasto de 348 mil 041.76 pesos por la realización de la carrera “Guanajuato brilla con el PAN”, con motivo de su aniversario número 84. La autoridad resolvió que la actividad carece de objeto partidista, por lo que se les descontará el monto completo. Además, otros 290 mil pesos serán descontados por la contratación de un ponente “que no promueve la participación política, los valores cívicos y el respeto a los derechos humanos entre la militancia y ciudadanía en general”.
El PRI, liderado por Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, tendrá descuentos por 1 millón 325 mil pesos. Entre las anomalías se detectó la cancelación de 65 cuentas bancarias en BBVA Bancomer, sin que se haya acreditado el destino de 553 mil 758.22 pesos. Por ello, se le impondrá una sanción del 150% del monto involucrado, equivalente a 830 mil 637.33 pesos. Además, el partido pagó 385 mil 645 pesos a un regidor del Ayuntamiento de Guanajuato en la administración pasada, erogación calificada como indebida. Sin embargo, solo se le descontará el 30% de ese monto, 115 mil 693.68 pesos.
Finalmente, a Movimiento Ciudadano de Rodrigo González Zaragoza, se le recortarán 163 mil 108.40 pesos. Entre las omisiones detectadas está la falta de comprobación de gastos por el manejo de un perfil en redes sociales del municipio de Apaseo el Alto, por un monto de 89 mil 992.80 pesos, cantidad que será descontada íntegramente. Y entre lo chusco: el partido reportó egresos por concepto de propina por un monto de 2 mil 630.50 pesos. También les serán descontados.
A las irregularidades encontradas en cada partido hay que sumar muchas otras omisiones en comprobaciones de gastos: erogaciones por servicios de hoteles o comida, por asesorías o gastos indebidos de sus dirigentes. Todo eso al amparo de los recursos públicos. Ni austeridad ni eficiencia ni honradez.
2.- Guanajuato en la ruta del tráfico de armas

En abril de 2024, durante un operativo conjunto entre la Fiscalía de Guanajuato, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el Ejército Mexicano, realizado en San Luis de la Paz, se logró el aseguramiento de 143 armas de fuego, cartuchos útiles, droga y dinero en efectivo. Aunque las autoridades no lo informaron de forma explícita, dejaron pistas claras sobre el origen del armamento. En ese mismo hecho también fueron localizados pasaportes y visas estadounidenses. Cuatro personas fueron detenidas.
Más recientemente, en febrero de este año, un cateo encabezado por autoridades federales y estatales permitió el aseguramiento de 15 armas de fuego —nueve largas y seis cortas—, metanfetamina, marihuana, LSD, así como alrededor de dos mil 500 cartuchos y cargadores de distintos calibres. Fuentes de seguridad confirmaron que el arsenal tenía como destino un grupo criminal con presencia activa en Guanajuato.
Es claro que el estado forma parte de las rutas del tráfico de armas provenientes de Estados Unidos, lo que ha contribuido, junto con otros factores, a una crisis de violencia que en Guanajuato acumula casi una década. Como reporta Periódico Correo, el Índice de Paz México 2025 identifica al estado como uno de los destinos o puntos de tránsito del contrabando de armas, de acuerdo con datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos.
Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, ha reconocido que las causas de la violencia rebasan las fronteras estatales e incluso las nacionales. Es decir, existe pleno conocimiento por parte de las autoridades de que, mientras no se corte el flujo de armas que llegan al país y dotan de capacidad de fuego a los grupos criminales, las tareas de seguridad seguirán siendo una carrera interminable entre cazadores y presas. Ahí radica la complejidad: Guanajuato es, hoy por hoy, una de las principales rutas de este tráfico hacia la región centro y occidente del país.
3.- Propaganda con costo millonario y disfrazada de identidad

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento de León, presidido por la síndica Ma. Esther Santos de Anda, aprobó la asignación de 3 millones 208 mil 333.80 pesos a la empresa Office And Publicity MDF S. de R.L. de C.V. para la compra de más de 11 mil paquetes escolares.
Las regidoras de oposición Norma López Zúñiga, del Partido Verde, y Vanessa Montes de Oca, de Morena, acusaron la promoción política en los apoyos pues las mochilas y otros útiles escolares llevarán impreso el logo y colores de la administración. Además de que el monto de la asignación se elevó en 200 mil pesos para que los logos vayan impresos y no se despeguen.
Aquí es donde viene lo interesante: ediles panistas defendieron que las especificaciones técnicas —es decir, los logos impresos y colores— obedecen a una supuesta estrategia de generación de identidad, como lo justificó la síndica Santos de Anda. Buena la maroma.
Otro gasto que se perfila, también bajo el argumento de fomentar identidad, es la intención del gobierno municipal de adquirir 124 mil 500 artículos promocionales para la Dirección General del Delito y Prevención Social y para el C4, con un presupuesto estimado en 3 millones 53 mil pesos. Entre los productos a comprar se incluyen tazas, plumas, libretas, pulseras, trípticos informativos y otros objetos promocionales.
Nuevamente, las regidoras de oposición cuestionaron si esta compra tendrá algún impacto positivo real en los programas que ejecutan dichas dependencias. La justificación de la síndica no tiene desperdicio: “Pensaría yo que incluso este tipo de artículos promocionales pueden ser incluso en forma de atraer a los jóvenes para que participen en las diferentes acciones, lo digo a título personal, para efectos de poder concientizarlos un poquito en estas situaciones”.
Contra Retrato
Gerardo Vázquez Alatriste

El fiscal general del estado de Guanajuato cumplió sus primeros 100 días al frente de la institución, y no dejó pasar la fecha sin subrayar algunos cambios que, asegura, han comenzado a marcar una diferencia en la gestión de la procuración de justicia.
A través de una publicación en redes sociales, la Fiscalía destacó que durante este periodo se ha trabajado con una visión más humanista y centrada en la dignidad de las víctimas. También se afirmó que la institución es hoy un referente nacional en judicialización de casos, obtención de sentencias condenatorias y aplicación de procedimientos abreviados. Sin embargo, dado lo reciente de la nueva titularidad, tal afirmación podría sonar apresurada o, al menos, demasiado optimista.
Lo que sí es perceptible, es una mayor apertura al escrutinio público y una presencia más activa del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste en el debate social. A esto se suma la renovación de perfiles clave dentro de la Fiscalía, con el nombramiento de hombres de su plena confianza. Uno de los movimientos más significativos fue la designación de Faustino Parra Rivera como director de la Agencia de Investigación Criminal, en sustitución de José Antonio Torres Ramírez, quien era uno de los colaboradores más cercanos al exfiscal Carlos Zamarripa Aguirre.
Pero no todo son bondades. Hay asuntos pendientes que podrían convertirse en bombas de tiempo para el nuevo fiscal. Uno de ellos es el proceso legal en marcha por el carpetazo a una denuncia por corrupción presentada ante la Delegación de la Fiscalía General de la República, cuando Vázquez Alatriste era su titular. Este caso, que ha comenzado a asomar en el panorama judicial, podría impactar directamente en su credibilidad y en la solidez de su mandato.
Los primeros cien días son, en muchos sentidos, una carta de presentación. Pero también un anticipo de las pruebas más difíciles por venir.