1.- Fiscalía de Guanajuato con mismos vicios
Lorena Jaqueline Morales Valencia, de 28 años, desapareció el 22 de mayo. Para el 23, la Fiscalía General del Estado ya tenía conocimiento del caso. Sin embargo, fue hasta que este martes se viralizaron en redes sociales dos videos —donde se observa a su jefe en el edificio donde vive, cargando un bulto con aparente silueta humana y luego una maleta— que las autoridades ministeriales decidieron actuar.
En un comunicado, la Fiscalía se defendió asegurando que se actuó desde el primer momento, aunque todo se redujo a la emisión de una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba. Antes de que los videos circularan, la familia denunció omisiones y la falta de información sobre avances en la investigación.
Los vicios conocidos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato persisten, incluso con la llegada de Gerardo Vázquez Alatriste. Solo actúan con prontitud cuando sus omisiones estallan en medios y redes sociales.
La misma tarde del martes, agentes ministeriales acudieron al inmueble del sujeto, señalado por la familia como presunto responsable de la desaparición. En un video, documentado por Periódico Correo, se observa cómo es escoltado rumbo a las instalaciones de la Fiscalía en León.
Los videos difundidos este martes son del 22 de mayo, el mismo día en que desapareció Lorena Jaqueline. ¿La Fiscalía no tenía conocimiento? ¿No investigaron al sujeto estrechamente vinculado a ella, pese a la información y antecedentes proporcionados por la familia?
“No se escatimarán esfuerzos ni recursos hasta agotar todas las líneas posibles de investigación. Cada paso se da con la convicción de que la justicia comienza con la empatía, el respeto, la firmeza en la acción y con visión de resultados”, informó la Fiscalía en un comunicado.
Esa empatía y humanismo que, según Vázquez Alatriste, deben ser pilares de la institución, parecen tambalearse en casos como este, donde se repiten las omisiones y la pasividad ministerial, cuyo engranaje de la procuración de justicia se mueve hasta que los casos alcanzan interés público.
2.- Impunidad se impone en caso de desaparición forzada en Romita
La absolución de cuatro policías de Romita por la presunta desaparición forzada de tres personas, resuelta por el juez Alfonso Israel Valdez Alvarado, del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado, es tan desesperanzadora como indignante.
El juez determinó que no hubo pruebas suficientes que acreditaran su participación en el caso, lo que pone en entredicho las capacidades de la Fiscalía General del Estado, que no logró sostener la acusación, pese a una narración de hechos persistente que apunta a un posible modus operandi: policías entregando a ciudadanos previamente detenidos —de forma legal o irregular— a integrantes del crimen organizado.
El matrimonio integrado por Daniela y Juan Pablo, de 27 y 25 años, y Carlos Esteban, de 25, desapareció el 19 de febrero de 2023. Ese día, alrededor de las 19:00 horas, sufrieron un accidente vial en Romita. Carlos fue detenido y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública por conducir en estado de ebriedad. Presuntamente, el entonces director de Seguridad y Vialidad del municipio —señalado en el proceso— lo habría amenazado con entregarlo al crimen organizado.
Más tarde, Daniela y Juan Pablo acudieron a pagar la multa, pero también fueron detenidos, de forma irregular, según consta en la sentencia. Alrededor de las 23:00 horas, sujetos a bordo de una camioneta llegaron a las instalaciones y pagaron la multa; uno de ellos se hizo pasar por familiar, aunque no lo era.
Uno a uno salieron de las instalaciones acompañados por uno de los policías implicados. Fueron maniatados y subidos al vehículo en el que los esperaban. El 23 de febrero, sus cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina en la comunidad de El Escoplo.
El juez resolvió que no se pudo comprobar la participación de los policías. No se acreditó que el entonces director de Seguridad y Vialidad los hubiera amenazado. Tampoco se demostró que el agente que los escoltó hubiera advertido que fueron maniatados y forzados a subir al vehículo; según el fallo, no había suficiente luz para observarlo. Se detectaron irregularidades en el registro de las detenciones, pero se atribuyeron a la falta de capacitación. La jueza cívica calificó como legales las detenciones de Daniela y Juan Pablo, a pesar de que no existía materia para ello. Tampoco se logró identificar quién, desde el interior de la corporación, filtró que los jóvenes estaban detenidos.
La desaparición y muerte de los tres jóvenes ocurrió. Lo que la Fiscalía no logró demostrar, a juicio del tribunal, fue la participación de los policías. Más allá de la falta de capacidades de la Fiscalía General del Estado para sostener su acusación, y de las concesiones del juez —que por momentos se tornan excesivas—, este caso apunta a un posible mecanismo de desapariciones forzadas disfrazadas de detenciones, en el que se rompen los protocolos de registro para evadir responsabilidades futuras y entorpecer investigaciones. Hay un patrón preocupante que debe ser parte del debate público.
“Estos hechos probados desde luego pueden tener la apariencia de una figura típica de desaparición dadas las circunstancias (…) sin embargo la figura típica contenida en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas previamente referida establece en su artículo 27 diversos elementos que en la causa no quedaron acreditados, como es el hecho que interviniera un servidor público o que con su autorización, apoyo o aquiescencia”.
Parecía desaparición forzada, pero no lo fue, determinó el juez… tras el triste papel de la Fiscalía.
3.- El aparato de Bienestar convertido en maquinaria electoral
La operadora regional de programas del bienestar en Pénjamo, Margarita Pérez Ramírez, es acusada de presuntamente orquestar movilizaciones morenistas en la zona durante la elección judicial de este domingo.
En un audio, presuntamente Pérez Ramírez da indicaciones previas y durante la jornada electoral. Se les escucha decir que “todos el sábado duérmanse temprano, no salgan de parranda y les prometo que les voy a dar descanso la siguiente semana, pero necesito que todos se comprometan este fin de semana”.
También llama a sus colaboradores a “verificar que toda su gente vote” y que hay vehículos y camiones disponibles para la movilización”. Incluso los regaña por la supuesta ausencia en casillas y agrega que solo hay “gente de (Ernesto) Prieto y Hades (Aguilar)”.
Luego de la circulación del audio, la cercana a la delegada de programas federales, Alma Alcaraz Hernández, no ha desmentido o dado su postura sobre el audio que se le atribuye. Únicamente sus redes de apoyo, incluidos algunos integrantes del Ayuntamiento de Pénjamo, se han sumado en su apoyo, compartiendo mensajes de respaldo.
El domingo durante la elección judicial fue detenido un sujeto identificado como David Israel en comunidad de El Zapote de Cestau del municipio de Pénjamo. Se le aseguraron 31 boletas marcadas similares a las usadas en la jornada electoral. El hombre fue identificado como colaborador de Pérez Ramírez. Al entrevistarse con oficiales dijo que había más personas repartiendo las hojas, presuntamente usadas como guías para votar.
Una muestra más que la elección de este domingo solo representó un intento de legitimación ciudadana de fracasó, y donde los operadores políticos locales, aún con el control de apoyos sociales, no lograron movilizar a los votantes. Más grave aún, acciones fraudulentas que todavía enlodan más el supuesto objetivo de democratizar y limpiar al Poder Judicial.
El audio puede ser consultado en la versión digital de esta columna.
Contra Retrato
Marisol Suárez Correa
Siguen los reclamos contra la secretaria del Campo, a quien varios presidentes municipales exigen más apoyos. El más reciente fue este martes en Uriangato, donde el alcalde Juan Carlos Martínez Calderón señaló la urgencia de programas productivos, tecnificación agrícola y recursos para caminos rurales. Antes, el mismo reclamo lo había hecho el presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez.
De plano, la funcionaria estatal les mató las ilusiones a los productores de Uriangato. Adelantó que los apoyos no llegarán como se esperaba y hasta lanzó un raspón al propio gobierno estatal, al declarar que solo les asignaron un 30% del presupuesto respecto al año pasado.
“Solo nos dieron un 30%, es un nuevo sexenio, una nueva forma de administración. La gobernadora está muy pendiente de todos estos temas. Incluso, el mismo alcalde de Celaya le mencionó que no era suficiente, y ella le dijo que se comprometía en revisar, ver de qué manera seguir apoyando al campo”, dijo.
El alcalde tenía razones para exigir más. Mientras el año pasado se entregaron 321 toneladas de fertilizante para productores del municipio, este año apenas fueron 86.1. Qué decir de otros apoyos al campo, que simplemente no han llegado.
Si bien la gestión de Suárez Correa está limitada por los recortes presupuestales del “Nuevo Comienzo”, también se le cuestiona que se le vea poco “en el surco”. Y es que parece haber entendido mal el llamado de la gobernadora a “menos escritorio y más territorio”, pues aunque no se le ve en oficina, sí se le ve despachando con carta abierta desde buenos restaurantes. Uno de ellos: La Virgen de la Cueva, en la capital, donde se le ha visto con frecuencia.
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