Guanajuato, Gto.– Ante la negativa del Congreso de Guanajuato de despenalizar el aborto, activistas y representantes políticas solicitaron formalmente al Gobierno de México una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para la entidad.
La petición fue presentada este lunes por Lucía “Wera” Limón, activista feminista y representante legal del Centro de Atención Integral a la Diversidad Sexual (Chicas BiLess), con respaldo de Movimiento Ciudadano Guanajuato. El documento fue entregado ante la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal, sustentado en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
“El Estado de Guanajuato ha elegido criminalizar a las mujeres antes que protegerlas. Nosotras elegimos defender la vida digna, el derecho a decidir y la justicia”, declaró Limón. “Hoy exigimos intervención federal porque no vamos a permitir ni un paso atrás en nuestros derechos”.
Por su parte, Yulma Rocha, delegada nacional de Movimiento Ciudadano, subrayó que esta acción es una extensión de una lucha sostenida desde distintos frentes: “Este no es solo un paso jurídico. Es el siguiente capítulo de una lucha que hemos dado desde la calle, desde el Congreso y ahora desde las herramientas legales que nos otorga el Estado de derecho”.
Las promoventes exigen a la federación intervenir ante un marco normativo local que consideran discriminatorio. En la solicitud destacan cifras que evidencian la criminalización de mujeres por abortar en Guanajuato:
- De 2019 a 2025, se han iniciado 150 carpetas de investigación por aborto, más que por feminicidio.
- Solo en 2024, se registraron 22 nuevas investigaciones por aborto.
- Más de 560 mujeres han tenido que viajar a la Ciudad de México para acceder a una interrupción legal del embarazo.
La abogada Mari Carmen Rivera, cofirmante de la solicitud, enfatizó que las leyes guanajuatenses violan la Constitución, criterios de la Suprema Corte de Justicia y tratados internacionales como CEDAW y Belém do Pará. “No se trata de una opinión: es una obligación legal que el Estado ha ignorado por años”, afirmó.
La solicitud demanda la derogación de la penalización del aborto, la aplicación efectiva de la NOM-046, la reparación del daño institucional a mujeres perseguidas y la implementación de políticas públicas con enfoque de género y justicia reproductiva.
“Mientras el Congreso local se niega a legislar con justicia, nosotras caminamos con las mujeres, con la ley y con la verdad”, señaló la diputada local Sandra Pedroza. “No vamos a permitir que el silencio legislativo siga costando derechos y vidas.”
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