1.- Elección Judicial: del capricho al vacío ciudadano
El gran protagonista de la jornada electoral de este domingo fue el abstencionismo. Ya sea como forma de protesta, por desconocimiento del proceso o por simple desinterés, la ciudadanía decidió ausentarse. El mensaje fue claro: la elección judicial fue un error, un capricho político que salió caro y que carece de respaldo popular.
Las movilizaciones por parte de las estructuras de Morena eran previsibles y se dieron, aunque con resultados pobres. Lo inesperado fue que el PAN también intentara movilizar a sus bases, recurriendo al reparto de “acordeones” con los nombres sugeridos para votar, hasta el llamado a burócratas a acudir a las urnas y llevar a más personas. En algunos casos, incluso promoviendo a perfiles afines al expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo acudió a votar, seguida por su gabinete y otros liderazgos panistas. Más allá de una postura institucional o de buscar simpatía con el gobierno federal, su decisión puede interpretarse como un acto de pragmatismo político.
Morena domina con claridad las circunscripciones con mayor peso electoral: la 1, 3, 4 y 5. En esos territorios, la oposición ya no tiene margen de maniobra. Pero en la Circunscripción 2 —que incluye Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas—, aún hay terreno por disputar. Por eso, desde el gobierno estatal se intentó incidir, aunque los resultados fueron, a todas luces, insuficientes. No participar, bajo esta lógica, equivale a entregar completamente el control del Poder Judicial.
Por su parte, Morena también fracasó en su intento de movilización. Incluso en municipios donde gobierna, la participación fue notablemente baja. En Pénjamo, por ejemplo, hubo actas con apenas 12 o 50 votos registrados en colonias con alta densidad poblacional. En este mismo municipio fue detenido David Israel “N”, en la comunidad de El Zapote de Cestau, por distribuir boletas falsas fuera de una casilla. Penjamenses lo identifican como colaborador de Margarita Pérez Ramírez, operadora de programas sociales en la región y figura cercana a la delegada de Programas del Bienestar en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández.
Hasta las 11 de la noche, el INE reportaba en su página web una participación preliminar del 9%. Más tarde, en un mensaje nacional, la consejera presidenta Guadalupe Taddei estimó que la participación oscilaría entre el 12.55% y el 13.32%. Un fracaso.
Bajo esas estimaciones, apenas votarían poco más de 10 millones de la lista nominal. El respaldo y confianza ciudadana no está, aunque se busque vender esta elección como un éxito.
2.- Incendio en anexo desnuda omisiones y negligencias
La tragedia ocurrida en el anexo “Volver a Vivir 24 Horas A.C.”, en San José Iturbide —donde murieron 12 personas y cinco más resultaron heridas en un incendio— vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la operación irregular de estos centros. No solo incumplen con la normativa municipal y estatal para brindar servicios de rehabilitación, sino que además carecen de las mínimas condiciones de seguridad para los internos.
El problema no radica únicamente en que estos lugares se han convertido en blanco de grupos criminales, sino en su propia forma de operar, que pone en riesgo a quienes acuden en busca de ayuda. Las condiciones de los inmuebles, la falta de protocolos básicos y los maltratos documentados en muchos de ellos, revelan un sistema negligente.
Existe una cadena de omisiones que inicia en el ámbito municipal —particularmente en sus áreas de Desarrollo Urbano— y se extiende hasta la Secretaría de Salud de Guanajuato, que no ha logrado incidir de manera efectiva en la certificación y regulación de estos centros, que bien podría prevenir tragedias como esta.
Durante el sexenio anterior no hubo avances significativos y, con la llegada de Gabriel Cortés Alcalá a la Secretaría de Salud, la situación no ha mejorado. Los centros irregulares siguen proliferando, cambian de domicilio sin control y desacatan lo dispuesto por la normativa. La respuesta de los gobiernos municipal y estatal, si no abiertamente permisiva, ha sido al menos omisa.
La Fiscalía General del Estado informó que hay avances en la investigación del incendio, aparentemente provocado por un interno. Las víctimas no pudieron escapar porque la puerta del dormitorio estaba cerrada por fuera. Un hecho devastador que deja un precedente ineludible sobre el funcionamiento de los anexos en Guanajuato.
Apenas hace unos días, el gobierno estatal confirmó que en centros irregulares fueron localizadas nueve personas que estaban reportadas como desaparecidas. Varias de ellas tenían afectaciones mentales derivadas del consumo de drogas; otras huían del crimen organizado, incluso provenientes de otros estados. Fue gracias a intervenciones en estos espacios que pudieron ser localizadas, lo que también revela cómo operan, como hoyos negros, sin supervisión. Aunque en apariencia asumen funciones que el Estado —porque algunos se han convertido en negocios de particulares—, terminan convirtiéndose en entornos de riesgo para quienes buscan salir del consumo.
3.- ¿Necesidad o negocio? Municipios le apuestan a concesionar alumbrado
Con apenas medio año de gobierno, varias administraciones municipales en Guanajuato ya recurrieron a la concesión de servicios públicos. El primero fue Cortazar, que otorgó a un privado el alumbrado público por 15 años. En el mismo camino van Manuel Doblado, Xichú y Romita.
En este último caso, el presidente municipal Pedro Tanamachi Reyes justificó la decisión alegando que su gobierno no tiene recursos suficientes para garantizar un alumbrado eficiente. El panista señaló que la deuda de 90 millones de pesos heredada por la administración anterior —encabezada por el priista Oswaldo Ponce Granados—, principalmente por laudos y obra pública, ha absorbido una parte significativa del presupuesto. Hasta ahora, se han pagado poco más de 42 millones de pesos para evitar multas y embargos.
Actualmente, el municipio destina entre 500 mil y 800 mil pesos mensuales al servicio de alumbrado público, y se apuesta a que, con el reemplazo de 4 mil luminarias contemplado en la concesión, se reduzcan esas erogaciones.
Tanamachi Reyes también argumentó que la medida —ya avalada por el ayuntamiento— responde al hecho de que, durante el trienio pasado, no se renovaron las luminarias necesarias. Presuntamente se adquirieron más de dos millones de pesos en luminarias que nunca fueron entregadas. El caso ya está bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación.
Parecen haber fundamentos en los señalamientos del actual alcalde en los boquetes financieros. Sin embargo, queda por ver si su administración realmente protegerá las finanzas municipales a largo plazo. Ya existen antecedentes en el estado donde concesiones de este tipo terminan en contratos leoninos que ni mejoran el servicio ni ahorran recursos, y en cambio, solo sangran al erario. Ahí está Silao y la recolección de basura.
Tampoco puede pasarse por alto lo apresurado de estas decisiones. A pocos meses de asumir el cargo, varios gobiernos municipales ya están concesionando servicios con el mismo argumento: no hay dinero para sostenerlos. ¿Será que ya encontraron dónde hacer negocio?
Contra Retrato
Juan Miguel Ramírez Sánchez
El presidente municipal de Celaya finalmente comienza a ejercer las atribuciones de su gobierno, al intervenir para retirar a los comerciantes instalados de forma irregular en la banqueta de la Plaza Quinto Sol. Pese a que legalmente no pueden ocupar ese espacio, algunos de ellos han llegado incluso a exigir —a gritos— que no se les remueva de la vía pública.
El alcalde, militante de Morena, adelantó que una parte de los comerciantes ya aceptó ser reubicada en otras zonas con buen flujo peatonal, donde sus ventas no se vean tan afectadas. Sin embargo, un grupo minoritario insiste en quedarse donde está, resistiéndose a liberar el espacio público.
Durante una visita a León, el edil fue cuestionado sobre la posibilidad de un desalojo, en caso de que persista la negativa de los comerciantes, quienes irracionalmente se asumen como dueños de la banqueta. En respuesta, dejó abierta la posibilidad de aplicar una medida similar a la que se ejecutó en esa ciudad, aunque insistió en que su prioridad seguirá siendo el diálogo para convencer a los inconformes y evitar una confrontación.
Sin embargo, el problema es más profundo. El propio alcalde reveló que algunos comerciantes aseguran haber pagado por la “compra” de la banqueta a un supuesto administrador de la plaza. Un hecho que, de confirmarse, representaría una grave irregularidad, pues ningún acuerdo de ese tipo tiene validez legal.
Este lunes será decisivo. Veremos si el gobierno municipal está dispuesto a hacer valer la normatividad y recuperar un espacio que, durante décadas, ha sido ocupado sin control, ante la pasividad de administraciones anteriores.
Al alcalde ya le habían tomado la medida: en Semana Santa y Pascua se les permitió operar bajo el argumento de que eran temporadas fuertes para sus ventas. Pero una vez terminado ese periodo, varios comerciantes se niegan a retirarse. Ahora, el gobierno local tiene frente a sí una oportunidad de demostrar si realmente está dispuesto a poner orden, o si volverá a ceder.
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