1.- El PAN y la democracia según acomode
Si el desencuentro del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, no pasa de ser una mera percepción externa, el que tiene con los exdirigentes estatales del PAN está más que declarado. Protagonistas y testigos de los rejuegos internos, ahora reclaman democracia.
Primero habría que aclarar que en el blanquiazul no es un tema nuevo el de exigir elecciones internas, piso parejo y respeto a los estatutos. Siempre es la causa general hasta que la designación directa beneficia a uno o varios cuadros, ahí la democracia se olvida y se opta por el eufemismo del “candidato de unidad”.
Ahora, con las vueltas que da la política, Fernando Torres Graciano, Román Cifuentes Negrete y Humberto Andrade Quesada -asentados en el antagonismo respecto del poder político que en el PAN emana de la gubernatura-, piden que se designe a los mejores perfiles mediante una contienda interna.
Su justificación es el escenario con Morena ganando terreno en Guanajuato. Un ingrediente que asumen suficiente para cambiar la dinámica de designaciones que ha privado en el PAN desde las internas de 2015, en las que la figura del entonces gobernador Miguel Márquez Márquez fungió como el gran elector.
Su postura se basa en la elección abierta de candidatos, es decir, una consulta en la que los ciudadanos también participen. Un planteamiento que Gutiérrez Campos ya ha expresado en diversas ocasiones, asumiendo que ahí sus oportunidades crecerían.
La respuesta del gobernador no pudo ser con mayor desdén, pues desarmó la postura de los exlíderes, al recordarles que ellos, sólo a excepción de Torres Graciano, también articularon designaciones directas como la de él mismo con Andrade Quezada como dirigente en 2018.
Diego Sinhue también invocó a la democracia interna, pero entre panistas. Es decir, la contra propuesta del método es la contienda sólo entre militantes, con la ventaja de tener una estructura lista para convalidar la candidatura de Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Quien salió en defensa del gobernador –como para dejar en claro quién es el verdadero jefe político- fue el actual dirigente estatal, Eduardo López Mares, quien acusó a sus predecesores de no abonar a la unidad con esos videos pidiendo democracia. Les invitó –casi retó- a dialogar de manera directa desde el Comité Estatal.
Sin duda serán meses de máximo morbo en el PAN. Lo primero será afianzar la lista de paridad ante el CEN con una mujer como candidata a la gubernatura. A partir de ese momento el método se volverá el tema de debate ineludible durante al menos dos meses. No se lo pierda.
2.- Sucesión en la UG: Claudia Gómez y el caso Kala
El problema con los académicos y funcionarios predilectos del rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, es que en algún punto de su gestión de ocho años han tenido que cargar con el peso de sus acciones o componendas.
En un caso similar está Claudia Susana Gómez López, directora de la División de Ciencias Económico Administrativas y virtual aspirante a la rectoría general 2023-2027. Académica cercana a Guerrero Agripino, también jugó su juego desde el inicio de su gestión.
El caso, seguro usted lo recuerda. Se trata de la denuncia de intento de violación que pesó sobre el catedrático y alto funcionario universitario Julio César Kala, por parte de la becaria Isabel Puente Gallegos, el cual resonó en 2015 cuando precisamente Luis Felipe Guerrero comenzaba su rectorado.
El asunto se volvió un escándalo al conocerse el mecanismo de encubrimiento de la denuncia, así como a la presión laboral para dejar su trabajo. No hubo protocolos, sólo un intento de control que pretendió dejar todo en la impunidad.
Ya en la urgencia de salir al paso con la denuncia, se conformó la Comisión de Honor y Justicia con Gómez López como secretaria y fácil y sencillo, exoneraron a Kala. El argumento fue que se basaron en la Fiscalía de Aguascalientes y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado, pues “en la universidad no hay ministerios públicos”.
Al cuestionar a Guerrero Agripino sobre el tema, entre otras cosas señaló que “para que algo sea impune, se requiere que exista un acto previo de injusticia que no valore las cosas como son”. Vaya que tenía claro el cuadro completo.
Todo ocurrió entre 2015 y 2016, pero la experiencia quedó bien guardada entre los estudiantes que en diciembre de 2019, agregaron el caso Kala a la suma de sus demandas y reclamos durante aquel histórico paro de labores en el que exigieron, entre otras cosas, la renuncia del académico inculpado.
De manera que Claudia Susana Gómez López, pertenece a ese sistema que no fue capaz de ir más allá en un caso que pudo ser emblema de la institucionalidad universitaria en contra de la violencia de género. Fueron los mismos estudiantes quienes tuvieron que optar por la presión pública para lograr un efecto directo.
3.- Navarro y Smith: otra lección que aprender
Con notoria –y excepcional- rapidez, el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), Vicente Esqueda Méndez, emitió su resolución sobre la exposición pública que el matrimonio Alejandro Navarro Saldaña – Samantha Smith Gutiérrez, hicieron de un bebé recién nacido en situación de calle.
Se advirtió en su momento, pero el alcalde de Guanajuato y la presidenta del DIF municipal, decidieron dejar estos señalamientos en el terreno de los alegatos opositores. No dimensionaron la gravedad de utilizar un rescate que se requería de forma urgente, para jugar al socorrismo como promoción personal.
Hoy por hoy, los derechos de niñas, niños y adolescentes son parte de un marco legal de mecanismos de protección inmediatos. De ahí la primera recomendación para que de manera inmediata el bebé sea puesto a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, es decir, cesa la custodia que tenía el DIF municipal.
Eso sí, sin mencionar nombres de funcionarios, se pide una investigación con el objetivo de deslindar responsabilidades administrativas por haber permitido el ingreso al lugar donde se encontraba el recién nacido para tomar y difundir fotografías en redes sociales.
Por último se envió un oficio al titular de la Procuraduría Auxiliar Municipal de Guanajuato capital, en la cual se le instruye que tome todas las medidas legales y administrativas que garanticen la no repetición de hechos violatorios como el acontecido.
Al final, estamos ante un precedente que sanciona una práctica de mal gusto de los políticos, en el que los infantes se vuelven elementos decorativos de su imagen. Ejemplos sobran. Prácticas que tendrán en lo inmediato, sobre todo cuando hay elecciones a la vuelta de la esquina.
CONTRA RETRATO
Héctor Díaz Ezquerra
Palpó el peso de la responsabilidad que implica su cargo, la exposición pública y los riesgos alienados a su labor, fue entonces que decidió bajar el perfil, enfocarse en la labor burocrática y administrar la enorme lista de peticiones y exigencias para encontrar a los desaparecidos de Guanajuato.
El titular de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Héctor Díaz Ezquerra, ya podría estar rompiendo un récord al ser el funcionario más denunciado ante Derechos Humanos en un lapso de tres años de gestión, sino es porque los expedientes fueron agrupados. Sin embargo, las recomendaciones ya fueron emitidas y aceptadas según hizo saber.
Se trata de un funcionario que llegó desde las áreas financieras, para asumir un cargo que en los hechos ha resultado el de mayor presión y mediano apoyo. La escasez de equipos, infraestructura, personal y presupuesto, son una limitante, pero ahora también el argumento para admitir el desborde de trabajo.
Han sido tres años en los que su comunicación con los colectivos ha sido de vaivenes, altibajos y desconcierto, que han provocado que muchos de estos no vean en la CEB una instancia de apoyo y respaldo, sino una que retarda peticiones y alarga los procesos. Hoy existen 19 colectivos en Guanajuato y el trabajo con ellos es distante.
Un agravante mayor es el propio fenómeno de la desaparición de personas. Este no para su ritmo en buena medida porque tampoco para la crisis de violencia. El propio informe trimestral de Díaz Ezquerra expresa que solo de enero a marzo, se sumaron 320 personas desaparecidas.
La CEB reportó 63 jornadas de búsqueda en campo, una cantidad que palidece frente a la enorme tarea de encontrar a los desaparecidos. Por cada jornada de búsqueda, prácticamente desaparecen cinco personas, una realidad abrumadora que Díaz Esquerra tiene la obligación de afrontar.