El domingo 1 de junio de 2025 se llevará a cabo la jornada electoral para la elección a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Este proceso, único por su naturaleza, confiriéndole el carácter de extraordinario al ser el primero que se lleva a cabo en México, es un proceso novedoso producto de la Reforma al Poder Judicial de septiembre de 2024, propuesta por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada tres semanas antes del final de su mandato, la cual establece, como cambios principales en la administración de justicia, la creación del Órgano de Administración Judicial en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, la creación del Tribunal de Disciplina, así como la elección por voto popular de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación, los cuales incluyen ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de la Sala Superior y Salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJ), miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, así como magistrados y jueces de distrito, pudiendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial haber propuesto candidatos para los cargos vacantes.
El responsable de llevar a cabo este proceso es el Instituto Nacional Electoral (INE) el cual tendrá la facultad de llevar a cabo la organización del mismo, en el cual se nos entregarán seis boletas de diferentes colores: Morada para Ministras y Ministros de la SCJN; Turquesa para Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; Azul para Magistraturas de la Sala Superior del TEPJ; Durazno para las Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; Rosa palo para Magistraturas de Circuito; Amarillo para Juezas y Jueces de Distrito; todas ellas contando con recuadros punteados donde deberemos escribir, con número, los dos dígitos de las candidaturas por las que estemos votando, siendo mujeres del lado izquierdo, y hombres del lado derecho.
así como llevar a cabo el conteo de los votos del 1 al 10 de junio en los Consejos Distritales, el 12 de junio en los Consejos Locales de cada Estado y la sumatoria nacional el 15 de junio en el Consejo General del INE para llevar a cabo la publicación de resultados. Una vez que suceda esto, habrá un tiempo determinado para la presentación y resolución de impugnaciones, trámite que tiene como fecha límite el 28 de agosto, emitiéndose las constancias respectivas y tomando protesta, las personas que resulten electas, el 1 de septiembre de 2025 ante el Senado, quedando programadas, en fecha por definir, las siguientes elecciones para 2027.
El proceso en cuestión contempla la elección de 881 cargos judiciales, repartidos en 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, 5 Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 Magistraturas de Circuito, 386 Juezas y Jueces de Distrito participando 19 estados, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, CDMX, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas en la renovación de Poder Judicial local, coincidiendo dos de ellos, Durango y Veracruz, en la renovación de ayuntamientos (presidencias municipales, sindicaturas y regidurías).
Si bien este proceso se encuentra rodeado de gran expectativa, también lo está en términos de incertidumbre. Me explico. Diversas encuestas y especialistas argumentan que las elecciones no serán representativas de no alcanzarse un 60% de participación, algo difícil de lograr dado que, de acuerdo con diversas encuestas y del diseño mismo del proceso, 77% de la población no conoce a los candidatos, por lo que el foco de atención ha cambiado de medir quien va aganara a medir cuánta gente podría salir a votar. En este sentido la presidenta Sheinbaum comentó que una participación de un 5 o 10 por ciento sería un éxito (diversos sectores apuntan como favorable un 20%) pensando que diferentes casas encuestadoras han arrojado que un 34% cree “muy probable” acudir a votar frente a un 27% que lo considera “algo probable”. En cuanto a la complejidad del voto, diversas voces ciudadanas han manifestado la intención de llenar determinadas boletas, anulando las restantes.
Ante este escenario el proceso se encuentra también frente a una oposición que, lejos de proponer diferentes vías u estrategias, ha optado, como respuesta al presente proceso, el llamado a no votar, promoviendo el abstencionismo, con el fin de que pudiera propiciar una baja participación que ponga en tela de juicio su legitimidad. Ante ello no debemos olvidar que podríamos encontrarnos con apoyos de diferentes sectores (partidistas, vecinales, sindicales, sociedad civil, grupos empresariales, incluso crimen organizado, entre otros) que pudieran incidir, vía movilización, para el apoyo de diferentes candidaturas.
Lo cierto es que el domingo votaremos por alguno de los candidatos, y no importando el nivel de votación y los resultados alcanzados, tendremos otra en 2027, la cual esperaríamos se viera reforzada por las experiencias y aprendizajes que deje esta primera en términos de complejidad, diseño, operación e implementación de la misma, factores acerca de los cuales los mismos candidatos se han pronunciado sobre todo en términos de igualdad, equidad, financiamiento, promoción, entre otros.
Este domingo 1 de junio salgamos a votar, es nuestro derecho y obligación como ciudadanos para contribuir al mejoramiento de nuestro sistema democrático.
Estaremos atentos al desarrollo de la jornada electoral.