La pinza se está cerrando en Tamaulipas, el estado desde el cual la 4T se consolidó con financiamiento ilegal procedente del crimen organizado: el estado donde, todo indica, ha comenzado la demolición de un partido que, a cambio de una poderosa línea de financiamiento político-electoral, no tuvo empacho en abrir las puertas al crimen organizado para establecer la “alianza intolerable” de que habla el gobierno de Estados Unidos.
El 17 de abril, el alcalde morenista de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue detenido por agentes de la patrulla fronteriza, Homeland Security, la DEA y el FBI, al intentar cruzar hacia Brownsville. Granados fue interrogado durante varias horas y al final de gobierno de Estados Unidos le revocó la visa. El columnista Salvador García Soto afirma que se la rompieron frente a sus propios ojos.
Lo mismo sucedió con más de una decena de funcionarios del ayuntamiento de Matamoros: 16 hasta el momento, de acuerdo con fuentes consultadas.
Apenas en enero pasado, agentes antidrogas de Estados Unidos habían detenido, con casi nueve kilos de cocaína, a Edgar Alejandro Villarreal, “El Fresa”, narcotraficante ligado al Cártel del Golfo. El escándalo envolvió al gobierno de Granados Favila cuando trascendió que la esposa del Fresa y un hermano de este ocupaban cargos en el ayuntamiento: la primera, como directiva del DIF; el otro, como segundo síndico.
No tardaron en circular imágenes que mostraban al alcalde al lado del familiar de sus colaboradores. Él se defendió: “Tengo fotos con miles de ciudadanos”, y defendió también a sus funcionarios: “Mucha gente se sumó a este gran proyecto… El movimiento es abierto para todos… No somos responsables de lo que hagan terceras personas”.
Era la tercera vez que en Estados Unidos detenían al Fresa con drogas. No era la primera en que se le acusó de haber financiado la campaña del alcalde. Granados Favila negó toda relación, pero mantuvo a los familiares del narco en sus cargos. También negó conocer al Fresa el hijo del gobernador de Tamaulipas y delegado de Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, otro de los balconeados a raíz del escándalo: “No lo conozco, no es mi familiar, no es mi amigo”.
En 2020, quien fuera secretario particular del alcalde Granados Favila cuando este fungió como secretario de Desarrollo bajo la gestión de Mario Alberto Hernández, La Borrega, fue detenido por policías de Tamaulipas en posesión de un arma y ocho kilos de cocaína. Un juez lo dejó en libertad más adelante, por fallas en el debido proceso, pero la sombra de presuntos nexos con el crimen organizado continuó acompañando al morenista. Como se ha documentado, Matamoros es la sede histórica del Cártel de Golfo y hoy se halla bajo el dominio absoluto del hoy prófugo José Alfredo Cárdenas Martínez, El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, sobre el que pesa una orden de extradición.
Por otra parte, el jefe de prensa del alcalde ha sido ligado, una y otra vez, con señalados personajes del Cártel del Golfo.
Según García Soto, el Ayuntamiento de Matamoros es considerado “una organización criminal terrorista” por el gobierno de Estados Unidos. El alcalde negó que le hubieran retirado la visa, pero cuando un reportero le pidió que la mostrara, contestó: “No la traigo… está resguardada en mi casa”.
Hace apenas un mes se realizó en Altamira un decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol, dentro de un esquema de control portuario que apunta a las más altas instancias del gobierno federal. Curiosamente, no hubo detenidos. Pasaron, sin embargo, solo unos días para que otra noticia explosiva, dada a conocer el miércoles pasado, sacudiera Tamaulipas: en un aparatoso operativo en el que tomaron parte el FBI, el ICE y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otras instancias, fue asegurada la empresa texana Arroyo Terminals, localizada en Río Hondo, Texas, y dedicada la comercialización de combustibles.
De acuerdo con la acusación de Estados Unidos, la empresa había importado 2 mil 881 cargamentos de combustible ilegal y, luego de refinarlos, los había enviado de vuelta a México sin declararlos en la aduana o bien presentándolos como residuos de aceites lubricantes o destilados de petróleo. Los pagos iban a dar a empresas, sobre todo de Tamaulipas, “que operan únicamente con la autorización de organizaciones criminales mexicanas”.
Casi 50 millones de dólares pasaron a manos de empresas mexicanas: se trata del primer caso que involucra a los dos países en una cadena de huachicol fiscal. A los propietarios de Arroyo Terminals les fueron aseguradas cuentas y propiedades por 300 millones de dólares.
La pista se sigue desde mayo de 2022. Involucra pipas que cruzan las aduanas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, así como cargamentos que llegan por medio de buques y tanques de ferrocarril. ¿Qué empresas mexicanas importan petróleo y otros combustibles? ¿En qué refinería de Estados Unidos se procesan los hidrocarburos?
En 2020 se delinearon los nexos entre políticos de Morena y Sergio Carmona, el Rey del Huachicol. Cinco años más tarde, las agencias de Estados Unidos tienen la ruta, y los nombres, más claros que nunca: el derrumbe va a comenzar desde Tamaulipas.
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