La evolución de las civilizaciones implica el uso de los conocimientos, descubrimientos científicos, costumbres, artes e instituciones que conforman la sociedad humana, sobresaliendo el respeto a la dignidad humana, actualmente incluye reconocer el rol protagónico de la mujer, la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad y la protección del ámbito íntimo de las personas, pues consiste en la capacidad de elegir y materializar libremente planes de vida e ideales de excelencia humana, sin la intervención injustificada de terceros o del poder estatal.
Legislar implica crear leyes justas, claras y aplicables que promuevan el bienestar social, que respeten los derechos humanos y garanticen la equidad. Se tiene que hacer de forma IMPARCIAL, sin perjuicios morales e ideológicos, de forma objetiva para construir una sociedad más equitativa y democrática. Los diputados locales deben legislar adoptando una perspectiva imparcial para analizar cada propuesta basándose en evidencia objetiva y en su impacto real en la ciudadanía. Recordando que representan a toda la población, por ello deben de considerar las necesidades de todas las personas, especialmente de las comunidades o grupos vulnerables como las mujeres o los grupos LGTBIQ+ Se debe trabajar por los derechos humanos de todos y la igualdad de género.
Hay que reconocer que el derecho evoluciona; no puede quedar rezagado en los prejuicios obsoletos, se debe legislar sobre estos temas. Fuera de marrullerías, simulaciones e hipocresías; es inevitable, nuestros diputados deben recordar que no legislan solamente para sus grupos religiosos o creencias, o para la doctrina de algún partido, sino para los derechos de todas las personas.
Los datos oficiales indican que cada año desde 2016 se realizan menos procedimientos de interrupción legal del embarazo en las unidades médicas de la SSa. En 2016 hubo 18 mil 86 abortos, en 2017 hubo 17 mil 598 interrupciones, en 2018 hubo 17 mil 179 abortos, en 2019 la cifra bajó a 15 mil 251 y en 2020 se registraron 11 mil 269 interrupciones legales del embarazo. Las personas que tuvieron un aborto tenían entre 14 y 42 años, aunque la mayoría tenían menos de 20 años de edad (el 36%). Además, estas personas tenían, en promedio, 7 siete semanas de embarazo. Lo más temprano en el embarazo que ocurrieron las interrupciones fue a las cuatro semanas de gestación, y lo más tarde, a las 11 semanas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que el aborto es un servicio de salud esencial para todas las mujeres y personas gestantes.
Estimar contrario a la moral, la acción de interrumpir el embarazo y traducir esa valoración en el establecimiento y mantener esas medidas de orden penal de criminalizar a las mujeres, no puede ser considerado un fin legítimo que sustente la racionalidad de la norma. El derecho penal, en su carácter de último recurso estatal para proteger bienes jurídicos, no debe involucrar posturas ideológicas de orden moral en relación con la interrupción del embarazo, pues se trata estrictamente de un tema de derechos humanos y protección de bienes constitucionalmente definidos dentro de un Estado laico y democrático. La laicidad debe ser concebida como una cualidad democrática, lo que permite advertir que la constitucionalización del derecho a decidir reconoce la existencia de una multiplicidad de perfiles éticos, de conciencia y de religión, y se define como un presupuesto para la coexistencia armónica de cualquier convicción. La laicidad se presenta en los hechos como una garantía para los derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar, en cuanto mecanismo de reivindicación de la razón sobre el dogma, y consecuentemente como un proyecto de emancipación intelectual que conlleva el reconocimiento de la libertad y autonomía de las personas en cuanto a la definición de sus convicciones y creencias.
Guanajuato debe pasar del medievo legislativo, al reconocimiento de los derechos de las mujeres, para su libre decisión, para no criminalizar el aborto, para despenalizarlo. Porque es una realidad primigenia, que hay mujeres que deciden interrumpir su embarazo. La despenalización del aborto no es una postura de un partido, ni la opinión de una sola persona; es una cuestión que se plantea en la sociedad para garantizar que las mujeres ejerzan plenamente sus derechos. Se trata de derechos sexuales y reproductivos, es un tema de salud pública.
Permitir que en Guanajuato, se continúe CRIMINALIZANDO A LA MUJER, en contra de las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia y la tendencia en el país, que muestra que son 24 estados de la República Mexicana, donde la interrupción legal del embarazo es legal por decisión (ILE). Ya hasta el Congreso del estado de Tabasco despenalizó el aborto, hasta las 12 semanas de gestación, el pasado miércoles 14 de mayo, se apuntó como el estado número 24 del país en permitirlo, además de la Ciudad de México, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Respetando los criterios asumidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena a los congresos estatales armonizar sus leyes con los criterios constitucionales; las sentencias en materia de derechos reproductivos y del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito que resolvió un amparo sobre el tema. criterios para despenalizarlo desde septiembre de 2021 y 2023 por las acciones de inconstitucionalidad AI 148/2017, AI 106/2018, AI 107/2018 y AI 54/2018; y el amparo en revisión AR 267/2023, por lo que a petición de cualquier mujer o persona gestante en la entidad sin especificar claramente el límite máximo del embarazo; además de las causales de violación, peligro de muerte y daño a la salud.
Guanajuato, está obligado a modificar sus normas independientemente de su mayoría ideología y partidista conservadora. Este 29 de mayo, invito a nuestros legisladores a adoptar una actitud razonable, dejar la cerrazón ideológica y proceder en consecuencia a armonizar la legislación, a que respeten el Derecho Constitucional de las Mujeres a DECIDIR. Para que no se continué criminalizando la interrupción voluntaria, entiendan que el prohibicionismo, no va desaparecer el aborto, o las mujeres no van a dejar de interrumpir los embarazos. Por el contrario este fenómeno social se continuará presentando, aun en contra de la voluntad de un grupo de legisladores conservadores. Agravando las consecuencias en la clandestinidad, con el riesgo de que aumenten los problemas que rodean un aborto: la violencia obstétrica, la muerte materna. No se está promoviendo el aborto, solo se atiende el problema que genera. Prohibiéndolo no lo resuelve, ni dejará de darse.
El vicio de inconstitucionalidad que afecta las normas actuales que criminalizan el derecho de la mujer, califica el actuar de la mujer o de la persona con capacidad de gestar, como un crimen, con las consecuencias inherentes a tal configuración legislativa. Esto no sólo contribuye negativamente al pleno ejercicio del derecho a elegir, niega la igualdad de la mujer, su derecho a la salud, sino que, además, le niega la atención médica y el acceso a instituciones públicas de salud. Ya que ignora el contexto operativo conjunto, así como los deberes de protección y garantía que recaen sobre las personas servidoras públicas involucradas. Se trata de un servicio al que deben tener acceso todas las mujeres y personas gestantes que lo soliciten, por lo que es necesario eliminar los obstáculos existentes en contextos específicos de desigualdad estructural. Se debe cumplir con los estándares clínicos más actualizados y avalados por la comunidad científica internacional. Esto quiere decir que su atención debe garantizarse de forma integral (asegurando el suministro de información y la atención durante y después del aborto) y con calidad (de forma eficaz, eficiente, accesible, segura, centrada en la persona usuaria y con igualdad de trato). Atender el aborto en estas condiciones es indispensable para garantizar el pleno goce de los derechos vinculados a este servicio, como el derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y a la igualdad y no discriminación. Además de ser un tema fundamental de justicia reproductiva, el aborto es un asunto de salud pública y de justicia social.