El acceso a la verdad es un derecho de toda persona a ser buscada, así como el derecho de acceso a la justicia y a la verdad de sus seres queridos; como un derecho de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas, para reconstruir sus vidas y superar el trauma, al abordar tanto las dimensiones emocionales como legales de su experiencia. Para alcanzar la Reconstrucción emocional: La desaparición forzada impone la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial, conducida a partir de la presunción de que la persona desaparecida está viva. Saber la verdad permite a las víctimas y sus familias comprender lo ocurrido, lo que es esencial para procesar el duelo y encontrar un sentido de cierre, lo que también puede ser un mecanismo de resiliencia. Empoderamiento a través del rol activo. Participar activamente en el proceso penal, les otorga a las víctimas un sentido de control y agencia. Esto no solo les ayuda a enfrentar el trauma, sino que también fortalece su confianza en el sistema de justicia. Acceso a recursos legales: La posibilidad de impugnar omisiones de la Fiscalía, garantiza que las víctimas puedan exigir investigaciones exhaustivas y con perspectiva de género. Esto refuerza su derecho a la justicia y contribuye a la reparación integral. Impacto social y preventivo: El acceso a la verdad no solo beneficia a las víctimas directas e indirectas, sino que también genera un precedente que puede prevenir futuras negligencias y fomentar una cultura de rendición de cuentas. Demuestra cómo el acceso a la verdad puede ser un catalizador para la sanación personal y el cambio estructural en el sistema de justicia. el estándar probatorio para la acreditación de la desaparición forzada de personas como violación a derechos humanos y las facultades de las autoridades jurisdiccionales para dictar medidas de reparación integral. La creación de un grupo de trabajo multidisciplinario e interinstitucional, encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda y en el que participen las comisiones locales de búsqueda de las entidades federativas correspondientes, así como las demás autoridades ministeriales y de seguridad pública que se consideren necesarias, permite garantizar debidamente el derecho de toda persona desaparecida a ser buscada.
Las víctimas enfrentan diversos obstáculos en su búsqueda de la verdad dentro del sistema de justicia mexicano, especialmente en el contexto del sistema penal acusatorio. Algunos de los principales desafíos y posibles soluciones incluyen Obstáculos: como la Revictimización: Las víctimas a menudo enfrentan interrogatorios repetitivos y procesos que pueden exacerbar su trauma. Falta de acceso a recursos legales: Muchas víctimas carecen de asesoramiento jurídico adecuado para impugnar decisiones u omisiones de las autoridades. Lentitud en los procesos judiciales: Los procedimientos pueden ser prolongados, lo que dificulta el acceso oportuno a la verdad y la justicia. Corrupción y negligencia: La falta de investigaciones exhaustivas y la corrupción en las instituciones judiciales pueden perpetuar la impunidad. Falta de perspectiva de género: En casos como el de Mariana Lima Buendía, la ausencia de enfoque de género en las investigaciones puede llevar a conclusiones erróneas. Soluciones: Capacitación de funcionarios: Implementar programas de formación en derechos humanos y perspectiva de género para garantizar investigaciones sensibles y exhaustivas. Fortalecimiento de la asesoría legal: Proveer acceso gratuito a abogados especializados para apoyar a las víctimas en el proceso penal. Transparencia y rendición de cuentas: Establecer mecanismos que supervisen las acciones de las autoridades y sancionen la corrupción y negligencia. Apoyo psicosocial: Ofrecer servicios de acompañamiento psicológico y social para ayudar a las víctimas a enfrentar el proceso sin revictimización. Promoción de la participación: Garantizar que las víctimas tengan un rol activo en el proceso penal, permitiéndoles impugnar decisiones y contribuir a la búsqueda de la verdad. Estos pasos son esenciales para superar las barreras y garantizar que las víctimas puedan ejercer plenamente su derecho a la verdad y la justicia.
El incumplimiento de las medidas de reparación integral del daño en casos como el de Atenco puede tener graves consecuencias tanto para las víctimas directas como para la sociedad en general. Los impactos más significativos para las víctimas directas es la revictimización: La falta de reparación, perpetúa el sufrimiento emocional y psicológico de las víctimas, quienes pueden sentir que su dolor no ha sido reconocido ni atendido. Desconfianza en las instituciones: La ausencia de justicia y reparación puede generar una pérdida de confianza en el sistema judicial y en el Estado como garante de derechos. Dificultades para la recuperación: Sin medidas adecuadas, las víctimas enfrentan mayores obstáculos para reconstruir sus vidas y superar el trauma.
Para la sociedad: normalización de la impunidad: El incumplimiento envía un mensaje de tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos, debilitando el estado de derecho. Erosión de la cohesión social: La falta de justicia puede generar tensiones sociales y descontento, afectando la estabilidad y la paz social. Falta de prevención: Sin medidas de no repetición, se corre el riesgo de que hechos similares vuelvan a ocurrir, perpetuando ciclos de violencia y violaciones de derechos. Cumplir con las medidas de reparación no solo es un acto de justicia, sino también una herramienta para fortalecer la confianza en las instituciones y promover una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos humanos. El Estado está obligado a evitar que las desapariciones queden impunes, como crímenes perfectos, que no dejan sospechas, sin encontrar los cuerpos, ni los culpables, no se detectan ni castigan, después de haberlos desaparecido, el delito queda solapado porque no se reconoce, de modo tal que es la antítesis de la justicia: el crimen que escapa al castigo porque la verdad queda enterrada. La búsqueda de la verdad significa la construcción de una sociedad libre, justa, democrática, equitativa, con sentido humanista y conciencia social.