Guanajuato, Guanajuato.– Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para crear la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Guanajuato, con el objetivo de establecer mecanismos que inhiban el incumplimiento de obligaciones alimentarias y protejan a quienes deben recibir sustento.
La propuesta contempla reformas al Código Civil estatal, a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco explicó que, si bien Guanajuato ha legislado para mejorar la calidad de vida de las personas acreedoras alimentarias, el actual Registro de Deudores ha mostrado deficiencias, especialmente en la anotación de los folios reales, lo que ha dificultado el seguimiento legal de estos casos.
Detalló que la iniciativa plantea reducir el plazo para ser considerado deudor alimentario moroso, pasando de 90 a 60 días continuos de incumplimiento. También se propone considerar como moroso a quien incumpla su obligación por tres meses o más de forma alternada.
“La creación de esta ley permitirá organizar la administración del registro, establecer con claridad las autoridades competentes y sus atribuciones, regular el procedimiento de inscripción, su cancelación, la emisión de certificados, así como los impedimentos derivados de estar inscrito”, señaló Pedroza Orozco.
La legisladora subrayó que esta propuesta busca evitar que las personas incumplan con sus responsabilidades alimentarias y concentrar en un solo sistema la información de quienes se encuentren en situación de morosidad, a fin de garantizar la protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Entre las medidas planteadas se contempla que la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sea la encargada de supervisar el correcto funcionamiento del registro.
Además, se proponen restricciones adicionales para quienes aparezcan en el registro, como la imposibilidad de ser nombrados en empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público, obtener licencias o permisos de conducir, contender por cargos de elección popular, aspirar a juzgados, magistraturas o consejerías en el Poder Judicial del Estado, o participar como proveedores del Estado de Guanajuato y sus municipios.