CLARITO. El gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo no deja lugar a dudas cuando les interesa opinar sobre un tema y cuando otro les importa un comino.
HECHOS. Anteayer, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de la gobernadora que pretende crear la Secretaría de las Mujeres.
CABALLERÍA PESADA. En la mesa convocada por el presidente de la comisión Juan Carlos Romero participaron enviados de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; de la Secretaría de Gobierno; del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG); de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Derechos Humanos.
JUSTIFICADO. Cinco enviados para echarle porras e incienso a la iniciativa de la gobernadora lo cual no solo es normal sino un derecho de todo gobernante: definir la configuración de su gobierno de manera que tenga herramientas y no ponga pretextos a la hora de dar resultados.
INDIFERENCIA Y DESINTERÉS. El asunto viene a colación porque el viernes anterior, el gobierno estatal no mandó a nadie a opinar sobre la iniciativa de despenalización del aborto que el PAN ya bateó en la comisión de Justicia.
HECHOS NO PALABRAS. En el gobierno del “llega una y llegamos todas”, ni la secretaría de Derechos Humanos, ni el IMUG que son encabezadas por mujeres juzgaron pertinente decir algo sobre los derechos reproductivos de las mujeres.
LA IDEOLOGÍA PRIMERO. Queda la duda si al final, más allá de las convicciones mostradas por la gobernadora Libia García mucho más abiertas y en sintonía con la realidad que hoy se vive en derechos de las mujeres pero sobre todo en ponerse a tono con fallos de la Suprema Corte, armonizados incluso en estados gobernados por el PAN, la titular del ejecutivo y sus dependencias deciden o son sometidas a las resistencias del conservadurismo más rancio del blanquiazul.
NADA HA CAMBIADO. De otra forma no se entiende el silencio institucional solamente roto por la opinión de la Fiscalía General del Estado enviada al Congreso apenas el lunes y leída textual no por un funcionario de la misma sino por la diputada Jared González en la sesión de la comisión de Justicia del pasado miércoles. Todo sigue igual que antes.
LA DEL ESTRIBO…
Un dato adicional ante los comentarios expresados en este espacio por la candidatura a una magistratura de la alcaldesa en funciones de Villagrán, Cinthia Teniente. Ella contiende en un circuito en el que no está incluido el municipio que gobierna por lo que sus gobernados aunque quieran, no podrán votar por ella.
DAVID LANDEROS: UN EXASESOR COMO CANDIDATO AL PODER JUDICIAL
Hace 7 años, al cierre de la legislatura el primer diputado local que ha tenido Morena daba la nota por un pleito con un exasesor suyo, Oscar Edmundo Aguayo a quien acusó de haberlo defraudado y que hoy se encuentra en la boleta de la elección del Poder Judicial.
“Estos pillos siguen metidos en Morena. Yo no tengo nada en contra de López Obrador pero se terminó el juicio y se los gané. Me tienen que pagar gastos y costas de 300 mil pesos que pagué”.
Fueron las palabras pronunciadas en tribuna en mayo de 2018 por el entonces diputado David Alejandro Landeros quien un años antes había renunciado a Morena luego de un escándalo de filtraciones de audios, acusaciones de traición y fuego amigo que alcanzaron incluso a quien ya era dirigente estatal, Ernesto Prieto.
Todo empezó cuando se filtraron unos audios en los que Landeros acusaba a algunos de sus asesores en el Congreso de desviar partidas que recibía como legislador y al dirigente estatal Ernesto Prieto de cobrarle 20 mil pesos de su dieta.
Landeros nunca citó por nombre a nadie pero sí relató hechos.
“Me acusan de que me habían prestado un millón de pesos estos tipos y falsifican un documento que es exclusivo de este poder legislativo, me hicieron demandas, llevaron a mi casa actuario y actuaria para decirme con qué contaba para no deberles nada”, dijo en aquel entonces.
Unos días después, en León, Landeros entregó a la entonces lideresa nacional morenista Yeidckol Polevnsky los documentos con la resolución final que obligaban a Emiliano Cruz y Oscar Aguayo (sus asesores) a pagarle gastos y costas del juicio por 300 mil pesos tras dictaminarse la falsedad de la acusación.
Aguayo luego litigó la posilidad de ser regidor por Morena en el ayuntamiento de Guanajuato había tenido que apechugar con su proyecto de ser candidato a alcalde de su partido pero sí pudo estar en la planilla y logró estar en el Ayuntamiento 2018-2021 en la capital.
El propio Congreso tenía un proceso abierto por los conflictos que tuvo en su tiempo de asesor. De hecho, la diputada Susana Bermúdez Cano revivió el tema hace unas semanas al promover un exhorto al INE para revisar la idoneidad de su candidatura a una magistratura.
Oscar Aguayo será candidato y podría ser una de las personas electas el primer domingo de junio.
FIDESSEG: DUELO DE INTERPRETACIONES LEGALES
Dicen que la mula no era arisca. La hicieron. Más vale ser cautos de cara a la inminente celebración (por fin) de la reunión del comité técnico del FIDESSEG programada para el 19 de mayo luego de la cancelación el 9 y el 24 de abril pasados por recursos interpuestos por las Fundaciones Fe y Actuando ante el Poder Judicial.
Nosotros hasta no ver, no creer como diría Santo Tomás. Hay razones para la duda aunque autoridades y empresarios tengan el beneficio de la misma.
La disyuntiva es una: el Nuevo Comienzo sostiene que la reunión se tiene que dar con la modificación al decreto publicada el primero de abril y los empresarios creen que el FIDESSEG debe operar como en el sexenio pasado, con sus reglas originales.
La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo celebra que por fin este se va a celebrar la reunión de los subcomités y ese mismo día se convoca a la reunión del comité técnico del FIDESSEG.
Lo celebran también los empresarios porque, dicen, hay asociaciones civiles que tienen prórrogas pendientes de proyectos vigentes y es necesario solventarlas.
Lo subcomités que sesionan son los del sector social y los de seguridad. Ambos están integrados por 7 personas, 3 de la sociedad civil (uno de Irapuato, otro de Celaya y uno más de León) y 4 del gobierno (uno de la secretaría del Nuevo Comienzo, otro del DIF, uno más de la secretaría de Honestidad y otro de Finanzas). En el caso del subcomité de seguridad, son los mismos y solo cambia el de DIF por un funcionario de Seguridad.
Después de esa reunión vendría la del comité técnico que significaría el regreso del FIDESSEG formalmente que es el efecto de los recursos interpuestos por las Fundaciones Fe y Actuando que ganaron la suspensión definitiva del acto reclamado que obliga al gobierno a dejar las cosas en el estado en que se encontraban mientras se resuelve de fondo el amparo solicitado.
Y es aquí donde ha venido el atorón porque el gobierno ya publicó la modificación al decreto de creación del FIDESSEG en el que transforma la forma en que se atienden los proyectos de las asociaciones civiles al quitarle la intermediación a las fundaciones Fe y Actuando como los filtros para definir los proyectos que serían dignos de apoyo.
El choque viene porque desde el gobierno existe la interpretación de que la resolución del Juzgado Décimo Segundo representa el aval para que el FIDESSEG opere con las reglas definidas por el gobierno en la modificación del decreto original en la que las agrupaciones Fe y Actuando quedan marginadas.
En contraparte, los empresarios creen que ese fallo solo implica la exclusión del empresario de Salvador Cayón pero nada dice sobre el cambio de reglas.
Y para ello presumen la resolución de la Jueza de Irapuato que resolvió que no se puede cambiar el comité técnico y que la suspensión definitiva no solo evita la extinción del Fideicomiso sino que impone a las autoridades la obligación de garantizar su funcionamiento efectivo para asegurar que las asociaciones civiles pueden acceder a los recursos con las reglas vigentes.
Ahí está la cuestión. Veremos si ese diferendo se resuelve antes, se van a los tribunales y se vuelve a cancelar o truena ese mismo día.
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