Guanajuato, Gto.- El Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para crear una Ley de Protección de la Maternidad y la Primera Infancia en Guanajuato, que plantea de manera explícita la protección de la vida desde el momento de la concepción, una definición que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional ya que vulnera los derechos reproductivos de las mujeres.
La iniciativa fue presentada este jueves por la diputada Noemí Márquez Márquez, apenas una semana antes de que el Congreso estatal debata nuevamente la posibilidad de despenalizar el aborto en Guanajuato.
El PAN, partido que históricamente se ha opuesto despenalizar la interrupción del embarazo, ahora propone la creación de una ley que busca reforzar desde el ámbito estatal una visión que contradice de manera directa el criterio de la SCJN emitido en 2021, cuando declaró que criminalizar el aborto es contrario a la Constitución.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud Pública para su estudio y dictamen.
Restringen derechos de mujeres
El artículo 1 de la iniciativa que presentó el PAN establece que el objeto de la ley es “garantizar y asegurar el acceso de los derechos a la vida y a la salud de las mujeres embarazadas y de sus hijos desde el momento de la concepción hasta la primera infancia”, planteamiento que desde su origen resulta contrario a lo que ha determinado el máximo tribunal del país: que ninguna autoridad puede utilizar el concepto de “vida desde la concepción” para restringir derechos.
Más adelante, en el artículo 33 de la propuesta se refuerza esta idea al establecer obligaciones de paternidad y responsabilidades legales desde el momento de la concepción, una postura que carece de respaldo científico uniforme y se deja completamente a la interpretación ideológica.
En todo el cuerpo de la iniciativa no aclara ni ofrece una justificación científica para definir cuándo es el momento de la concepción, lo que refuerza el argumento de que la propuesta no se sustenta en evidencia médica, sino en creencias particulares.
Para organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, este tipo de iniciativas representan intentos velados de obstaculizar la garantía de derechos que ya han sido reconocidos por la SCJN.

Cuatro años en desacato
En septiembre de 2021, la SCJN resolvió por unanimidad que ningún estado puede reconocer la vida desde la concepción en sus constituciones o leyes sin violentar los derechos humanos. El fallo, considerado histórico, marcó un parteaguas en la protección de los derechos reproductivos en México, y dejó claro que cualquier norma que impida el acceso a la interrupción legal del embarazo es inconstitucional.
A pesar de ello, el PAN en Guanajuato busca avanzar con una iniciativa que habla de la protección a la maternidad, pero que en la práctica contravendría derechos fundamentales.
Incluso, en la exposición de motivos se hace referencia a la necesidad de “fortalecer el reconocimiento jurídico de la vida desde la fecundación” y de reforzar la idea de corresponsabilidad parental desde ese momento, elementos que la propia SCJN calificó como una forma de criminalización indirecta del aborto.
Los puntos clave
Artículo 1. La presente ley es de orden público y observancia obligatoria en el Estado de Guanajuato y tiene por objeto garantizar y asegurar el acceso de los derechos a la vida y a la salud de las mujeres embarazadas y de sus hijos desde el momento de la concepción hasta la primera infancia, respetando los derechos humanos de las mujeres.
Artículo 33. Toda persona que ejerza paternidad, en cualquiera de sus manifestaciones jurídicas o fácticas, tiene el deber ineludible de participar de manera activa, corresponsable y continua en el cuidado, la crianza, la educación, el desarrollo integral, el bienestar emocional y la provisión de los medios materiales indispensables para la subsistencia de sus hijas e hijos, desde el momento de la concepción.
Sólo faltan nueve
Este miércoles, Tabasco se convirtió en el estado 23 en despenalizar el aborto en México, por lo que ya sólo nueve entidades quedan pendientes por armonizar sus leyes locales de acuerdo con el mandato de la SCJN, entre ellas Guanajuato.
Entre las entidades que ya lo despenalizaron hay otras gobernadas por el PAN, como Aguascalientes y Chihuahua.

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