1 – Demolición en la ENMS y la crisis por venir
Demoler, diseñar y construir, son las acciones que autoridades de la Universidad de Guanajuato anunciaron para el edificio de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de la ciudad de León.
El 11 de noviembre el inmueble sufrió severos daños debido a un incendio. A cinco meses, en rueda de prensa encabezada por la rectora general, Claudia Susana Gómez López, se presentaron los resultados de un estudio que arrojó más dudas que respuestas.
Desde el incidente los estudiantes de preparatoria han continuado los programas en modalidad en línea e híbrida, aunque según padres de familia presentes en el encuentro, las clases han sido irregulares.
Gómez López enfatizó que la prioridad es la seguridad de los alumnos. Es lógico, ya que el inmueble parece zona de guerra y las acciones estructurales que pudieran aplicarse resultarían insuficientes. Por supuesto, se busca evitar una catástrofe mayor que en el peor de los escenarios podría hasta cobrar vidas.
La rectora general reconoció que lo idóneo sería contar con un edificio nuevo, pero afirmó que actualmente no hay presupuesto ni tiempo para contar con otra preparatoria.
“La Universidad no está con una mano atrás y otra adelante”, señaló un asistente a la rueda de prensa. Reprochó que si los espacios de trabajo de las autoridades presentes se vieran afectados de forma semejante, actuarían de inmediato. “Pónganse las pilas, por favor”, pidió el quejoso. Y es que la tardanza de un diagnóstico generó incertidumbre y molestias.
Alumnos, docentes y padres de familia aceptan resignados el dictamen, pero consideran válido preguntar cuál es el siguiente paso, en qué proyecto alterno se ha trabajado a lo largo de casi medio año. También les parece válido contar con una fecha para el retorno presencial de los estudiantes.
Todo indica que las clases continuarán en los espacios de 20 de Enero, Aquiles Serdán y 16 de Septiembre.
Otra gran duda es qué sucederá con los jóvenes de nuevo ingreso. Las autoridades universitarias y profesionales consultados no tienen una respuesta clara; lo que ocurrirá el siguiente semestre, quedó pendiente para otro comunicado, también sin fecha.
2 – Apoyos sociales: burocracia y nepotismo
El emprendimiento, la creación de un negocio, es una de las alternativas en la que muchos guanajuatenses se han refugiado ante las actuales dificultades económicas.
El Gobierno del Estado ofrece programas como ‘En marcha, mi tienda al 100’, para apoyar proyectos a través de equipamiento y capacitación.
En el municipio de Victoria, al menos siete emprendedores inscritos denunciaron que el beneficio no lo recibieron ellos, sino familiares directos de funcionarios públicos. El colmo: lo descubrieron por terceros durante la entrega oficial de equipos en San Luis de la Paz, a finales de marzo.
Cuando la convocatoria se lanzó el año pasado, los afectados cumplieron con los formularios solicitados. El proceso es engorroso, el documento con las reglas de operación abarca casi 30 páginas.
Se les advirtió que, debido al cambio de administración, el apoyo tardaría en llegar. Luego de la entrada del nuevo gobierno, se les contactó para confirmar el proceso, incluso hablaron con los proveedores de los artículos que necesitaban.
Fue por fotografías que conocidos les compartieron, que descubrieron el destino de hornos, refrigeradores y otros enseres que, a pesar de estar etiquetados con sus nombres, jamás les fueron entregados.
Pablo Bernardo Velázquez Arvizu, subdirector Desarrollo Económico de Victoria, argumentó que, tras analizar las solicitudes, se detectó que había beneficiarios que no cumplían con lo requerido, y se decidió canalizar los productos a otras personas.
¿Por qué no se notificó a tiempo a los afectados, y por qué los equipos terminaron en manos curiosamente cercanas a funcionarios? Son respuestas que Velázquez dejó en el aire.
El episodio genera desconfianza en los programas gubernamentales, desilusiona, y confirma que la burocracia y el nepotismo, no quedaron atrás en la era de tantos cambios prometidos.
3 – Apaseo el Grande y su bomba de tiempo
El municipio de Apaseo el Grande vive una crisis silenciosa, pero explosiva: no tiene dónde tirar su basura.
El Cabildo que encabeza el panista José Luis Oliveros Usabiaga acaba de aprobar un contrato de emergencia por 8.5 millones de pesos a favor de la empresa Operadora de Rellenos Sanitarios S.A. de C.V., para que durante tres meses se lleve la basura a Celaya. El monto, aunque rebasa los topes legales para adjudicaciones directas, fue justificado como una excepción legal ante el riesgo de una crisis medioambiental y sanitaria que afectaría gravemente la gobernabilidad en Apaseo el Grande
El problema no es nuevo. A mediados de 2024 se recurrió a la misma empresa y al mismo destino, pero lo más preocupante es que en más de un año no se haya avanzado nada en consolidar un proyecto serio para la gestión de residuos.
Mientras tanto, el problema crece: Apaseo el Grande pasó de generar 57 toneladas de basura diaria en 2018 a 170 en 2024. El crecimiento industrial y poblacional ha desbordado a un gobierno municipal sin capacidad de planeación.
Y como si el basurero político no estuviera suficientemente lleno, ahora trasciende que los regidores Domingo Núñez y Cristina Salinas, ambos de Morena, serán investigados por el Consejo de Honor y Justicia de su partido por votar a favor del nuevo contrato. El único que votó en contra fue el morenista Óscar Martínez, que enseguida fue a enterar al senador Emmanuel Reyes Carmona de lo que consideró una traición de sus compañeros, para que los sancionen.
Los ediles morenistas en Apaseo el Grande confirman que, en Morena, el peor enemigo muchas veces está en su propia casa.
CONTRA RETRATO
Alejandro Tirado Zúñiga
El exalcalde de Acámbaro ha regresado al debate público gracias a una resolución que lo absuelve de un procedimiento administrativo iniciado en su contra en 2023 y que derivó en su inhabilitación por un año.
Esta victoria legal no solo lo limpia políticamente, sino que también lo perfila como una figura en resistencia frente a lo que él mismo denuncia como un uso faccioso del aparato gubernamental.
El proceso por el presunto mal manejo de concentradores de oxígeno durante la pandemia ha sido anulado por el Tribunal de Justicia Administrativa y es aquí donde el asunto trasciende lo legal: Tirado ahora apunta directamente contra el asesor externo Iván Orozco y el contralor Mario Mejía, acusándolos de usurpación de funciones y omisión, respectivamente.
El escenario pinta para una batalla política y jurídica en donde el exalcalde morenista busca no solo reivindicar su nombre, sino sentar un precedente sobre los límites del poder administrativo. Si logra llevar adelante su denuncia con éxito, no sólo reforzará su narrativa de víctima de persecución política, sino que podrá reposicionarse como un actor político incómodo pero vigente.
Alejandro Tirado ha dejado claro que no piensa retirarse en silencio. Si juega bien sus cartas, este episodio podría ser su trampolín de regreso y perfilarlo como un activo dentro de las filas de Morena para tratar de recuperar la alcaldía en 2027.
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