1.- Defraudador acumula 20 años de prisión y cientos aún esperan justicia por Caso Punto Legal
Este 22 de marzo se cumplen dos años desde que Periódico Correo publicó un reportaje sobre una red de fraudes inmobiliarios en León. La investigación reveló cómo un despacho particular, con la presunta complicidad de cuatro notarios públicos, cometió fraudes en perjuicio de decenas de víctimas. Lo que inició como una denuncia pública creció hasta superar las 400 personas afectadas, con pérdidas estimadas en más de 100 millones de pesos.
Édgar Francisco “N” fue detenido en mayo de ese año y procesado por fraude. En noviembre del año pasado, recibió una sentencia de 15 años de prisión, y en febrero de este año, otra de 5 años. Sin embargo, ambas están bajo impugnación. Aún quedan varias causas penales pendientes en su contra. Pasaron casi dos años para que las víctimas alcanzaran cierta justicia.
El caso Punto Legal no solo expuso la posible complicidad de notarios, sino que también evidenció la urgencia de vivienda asequible en León. La mayoría de las víctimas recurrió a préstamos o vendió propiedades para comprar inmuebles en supuestos remates bancarios. Hoy, muchas de esas familias siguen endeudadas; algunas enfrentan problemas de salud o rupturas familiares.
Entre los afectados está Don Francisco, un hombre de la tercera edad y vecino de la colonia Santa Rosa de Lima. Vendió su única propiedad con la esperanza de adquirir una mejor vivienda, pero nunca recibió el inmueble prometido y terminó sin hogar. Desde el fraude, vive en un espacio rentado.
“(Me di cuenta) hasta que empezó todo esto del movimiento (denuncias públicas) y una vez fui y me ofrecieron hasta muchachas, este Édgar. Me decía ‘ahí están, escoge la que quieras, te vamos a pagar’. Una vez me dijo que si él quería no me iba a dar ni la casa ni el dinero”, relató a Periódico Correo en una de las tantas protestas que hicieron para exigir justicia y se evidenció el nivel de vulnerabilidad en el que quedaron cientos.
Hasta ahora, las sentencias solo han beneficiado a 16 personas, mientras que una decena de causas penales sigue en proceso y engloban al grueso de las víctimas. Sin embargo, los afectados denuncian constantes retrasos y diferimientos de audiencias por parte del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, presidido por Héctor Tinajero Muñoz.
Cientos de familias siguen exigiendo el reembolso del dinero que entregaron al despacho Punto Legal. Aunque reconocen que es poco probable que lo recuperen, piden que sus denuncias se traduzcan en más sentencias contra Édgar Francisco y que se frenen nuevas estafas. También buscan sentar un precedente contra las redes de fraudes inmobiliarios que aún operan en la región. Este caso también derivó en reformas para sancionar con mayor severidad a notarios corruptos.
2.- Silao con profunda crisis financiera por adeudos y laudos
El Ayuntamiento de Silao finalmente aprobó la primera modificación a su presupuesto, liberando una bolsa de 100 millones de pesos para la ejecución de obra pública y el pago de adeudos pendientes del trienio pasado. La votación estuvo trabada durante semanas debido a la negativa de algunos regidores morenistas a participar, retrasando la disposición de estos recursos.
Si bien la inyección de fondos aliviará parcialmente las finanzas municipales, el enorme déficit heredado por administraciones anteriores sigue limitando el margen de maniobra de la presidenta Melanie Murillo Chávez.
Como lo reporta Periódico Correo, al menos 250 laudos laborales siguen en litigio, derivados de los gobiernos del panista José Antonio Trejo Valdepeña (2018-2021) y del morenista Carlos García Villaseñor (2021-2024). Algunos alcanzan hasta los 200 mil pesos, haciendo inviable una solución inmediata para los extrabajadores que exigen sus pagos.
Paradójicamente, aunque Silao es el municipio con mayor impacto en el Producto Interno Bruto de Guanajuato, su desarrollo no refleja su peso económico. La crisis financiera acumulada ha dejado calles llenas de basura e infraestructura en estado deplorable, exponiendo con mayor claridad el desorden administrativo que ha permeado por trienios.
El estancamiento de Silao no es casualidad. Los grupos políticos que se han repartido el poder han priorizado sus intereses sobre el bienestar de los ciudadanos. Prueba de ello fue el intento de algunos regidores morenistas por bloquear la disposición de los 100 millones de pesos, recursos que, en teoría, beneficiarían al municipio.
Por cierto, este viernes también se aprobó la integración del nuevo Consejo Directivo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (SAPAS). A diferencia de otros periodos, los ocho perfiles seleccionados tienen un perfil técnico. El grupo político del exalcalde Carlos García Villaseñor intentó colocar a sus allegados dentro del consejo, promoviendo a figuras como el exconsejero Juan Guillermo Gutiérrez, el exregidor José Cruz Rangel Pérez y el exsecretario particular Miguel Ángel Aburto, pero finalmente no lograron imponerse.
3.- Primera Feria de Trabajo para la Diversidad Sexual en Guanajuato: Un Paso Hacia la Inclusión
El próximo 4 de abril se llevará a cabo la primera feria de empleo enfocada en la comunidad de la diversidad sexual en Guanajuato. El evento, que tendrá lugar en el municipio de Silao, contará con la participación de al menos 50 empresas establecidas en el estado.
Esta iniciativa es impulsada por la Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género, encabezada por Ricardo García. Además de las oportunidades laborales, el gobierno estatal, mediante el IECA, ofrecerá programas de capacitación, mientras que la financiera “Tú Puedes Guanajuato” brindará apoyo a emprendedores de la comunidad LGBTIQ+.
Las empresas participantes deberán asistir previamente a un taller de sensibilización con el objetivo de prevenir cualquier tipo de violencia o discriminación hacia personas de la diversidad sexual que sean contratadas.
El propósito de esta estrategia es reducir las condiciones de desventaja laboral que enfrenta esta población. Según el Diagnóstico de la Población de la Diversidad Sexual y de Género en Guanajuato 2024, el 4.1% de la población del estado se identifica como parte de la diversidad sexual. A nivel nacional, el 43% de estas personas ha reportado sufrir hostigamiento, acoso o discriminación en sus centros de trabajo, y seis de cada diez sienten la necesidad de ocultar su orientación sexual y/o identidad de género para evitar ser víctimas de exclusión laboral.
Por cierto, uno de los grandes pendientes del gobierno estatal es la consolidación de la primera clínica especializada en atención a la diversidad sexual. Cabe recordar que, tras un amparo, el Congreso se vio obligado a garantizar recursos para este proyecto, asignando más de 10 millones de pesos en 2024. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha reportado ningún un avance.
CONTRA RETRATO
Arturo Luna Ramírez
El Ayuntamiento de San Felipe destituyó al Consejo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado tras el robo de 42 millones de pesos de la cuenta bancaria del organismo operador del agua. Sin embargo, lejos de ser una medida de transparencia y rendición de cuentas, la decisión ha generado más dudas que respuestas.
Integrantes del consejo denunciaron que su destitución fue ilegal y que detrás de la maniobra está el síndico del ayuntamiento, Arturo Luna Ramírez, quien, además de formar parte del consejo, era el principal enlace con la administración municipal. Lo acusan de haber sido juez y parte al validar la remoción, sin asumir ninguna responsabilidad en las omisiones que se le atribuyen al organismo.
A pesar de la gravedad del desfalco, la alcaldesa Saraí Lepe Monjarás justificó la destitución del consejo argumentando que no notificó a la administración municipal en tiempo y forma. Sin embargo, la misma omisión recae sobre Arturo Luna Ramírez, quien, a diferencia de los consejeros, no ha enfrentado sanción alguna. No es la primera vez que el síndico queda impune ante señalamientos, pues tampoco hubo consecuencias cuando fue acusado de violencia de género y hostigamiento laboral por la ex titular de Asuntos Jurídicos del municipio, Alma María Guerra Vallejo.
Si el objetivo de la destitución era enviar un mensaje de transparencia y castigo ante irregularidades, el resultado parece ser el contrario. Con la salida del consejo, se corre el riesgo de entorpecer la investigación, ya que los consejeros tenían información clave para aportar a la indagatoria que lleva la Fiscalía General del Estado. Además, sigue sin esclarecerse si el gobierno municipal tomará acciones legales contra Banorte, el banco en el que se perpetró el millonario robo.
Mientras tanto, Arturo Luna Ramírez ha sabido aprovechar la inexperiencia de la presidenta municipal para aumentar su control dentro de la administración. En varias ocasiones ha sido él quien dirige las decisiones internas, y, como ha quedado en evidencia, sus intervenciones no han resultado precisamente en beneficios para el municipio.