León, Gto.– En un contexto de creciente tensión por la falta de avances legislativos en materia de derechos reproductivos, defensoras de derechos humanos en Guanajuato han denunciado amenazas recibidas a través de redes sociales, por parte de grupos ‘provida’.
Este miércoles, integrantes de la Red de Acompañantes de León dieron a conocer que, en últimos días, han sido amenazadas y su labor ha sido criminalizada por personas con postura ‘provida’.
“Recientemente hemos recibido amenazas en redes sociales relacionadas con la criminalización de nuestro trabajo como defensoras de derechos humanos, un acto que reprobamos, pero que no nos sorprende en un contexto prohibicionista y falto de derechos”, señalaron en un comunicado.
Las activistas subrayaron que su labor está respaldada por resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y marcos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, advierten que la omisión legislativa del Congreso local, dominado por el Partido Acción Nacional (PAN), contribuye a un ambiente de hostilidad y riesgo para quienes defienden el derecho a decidir.
“Sabemos que estas amenazas provienen de la ignorancia, la misoginia y el desprecio hacia los derechos humanos de las mujeres. Lamentablemente, son producto también de la omisión legislativa de un Congreso indolente que se niega a resolver y adecuar el marco legal local a los estándares nacionales e internacionales”, afirmaron.
Pese a que en septiembre de 2023 la SCJN declaró inconstitucional la criminalización absoluta del aborto, Guanajuato se mantiene como uno de los estados que no han armonizado su legislación local con este criterio.
En enero de 2025, el Congreso de Guanajuato recibió dos iniciativas para despenalizar el aborto, presentadas por Movimiento Ciudadano y Morena. Estas propuestas buscan modificar el Código Penal, la Ley de Salud, la Ley de Educación y la Constitución estatal para garantizar el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo y educación sexual integral.
Sin embargo, la discusión ha sido aplazada en múltiples ocasiones, y la Comisión de Justicia del Congreso reanudó el análisis de estas iniciativas el 9 de mayo, pero la mayoría panista ha mostrado resistencia a avanzar en el tema.
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