Ciudad de México, México.- A partir del 1 de mayo y hasta el 31 del mismo mes, todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal y en empresas productivas del Estado deben cumplir con la presentación anual de la Declaración Patrimonial y de Intereses, a través del sistema electrónico DeclaraNet.
Este trámite, establecido como una obligación constitucional, tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como prevenir posibles conflictos de interés en el ejercicio del servicio público.
¿Quiénes están obligados?
Según el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con lo establecido en los artículos 3º (fracción XXV), 32 y 46 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las personas servidoras públicas deben presentar esta declaración ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) o su equivalente en cada entidad.
El trámite se divide en tres tipos de declaraciones:
- Inicial, que se presenta dentro de los 60 días naturales posteriores al ingreso o reingreso al servicio público.
- Modificación patrimonial, que debe entregarse durante el mes de mayo de cada año.
- Conclusión, que se presenta dentro de los 60 días naturales posteriores al término del encargo.
Requisitos para cumplir con la obligación
El proceso se realiza en línea mediante la plataforma DeclaraNet, y para completarlo es necesario reunir una serie de documentos clave:
- CURP y RFC actualizados
- Acta de matrimonio (en su caso)
- Comprobante de domicilio reciente
- Currículum vitae actualizado
- Recibos de nómina o declaraciones fiscales
- Documentación relacionada con propiedades, vehículos, cuentas bancarias, créditos y deudas
Contar con esta información permite llenar los campos requeridos de manera precisa, lo cual es fundamental para evitar errores o inconsistencias que puedan derivar en sanciones administrativas.
Las autoridades han reiterado que no habrá prórrogas para la presentación de esta declaración en 2025, por lo que se exhorta a los servidores públicos a realizar el trámite dentro del plazo señalado. La omisión o entrega fuera de tiempo puede derivar en responsabilidades administrativas, conforme a la ley vigente.
La Declaración Patrimonial y de Intereses es más que un requisito burocrático: representa un compromiso con la integridad pública. Su cumplimiento oportuno refuerza la confianza ciudadana en las instituciones y permite detectar, prevenir y sancionar actos de corrupción.