Ciudad de México, México.– La Corte Suprema de Estados Unidos desechó este jueves por unanimidad la demanda presentada por el Gobierno de México contra algunos de los mayores fabricantes de armas del mundo, acusados de fomentar el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y, con ello, alimentar la violencia de los cárteles.
El fallo, respaldado por los nueve magistrados, se basó en la legislación estadounidense que protege ampliamente a las empresas armamentistas de ser responsabilizadas legalmente cuando sus productos son utilizados en la comisión de delitos.
“La principal alegación de México —que los fabricantes optan por vender armas a, entre otros, conocidos traficantes deshonestos— no cumple con ese requisito”, afirmó la jueza Elena Kagan al leer la decisión del tribunal.
México sostenía que las empresas sabían que sus armas estaban siendo adquiridas por intermediarios que, a su vez, las introducían ilegalmente al país, y que esa práctica había contribuido a una escalada en la violencia armada. Sin embargo, la Corte concluyó que la demanda no demostraba de forma plausible que las compañías hubieran instigado o ayudado directamente al tráfico de armas hacia organizaciones criminales.
Una batalla judicial de años
La demanda fue presentada en 2021 e incluía a fabricantes como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock y Ruger. México buscaba responsabilizarlos por prácticas negligentes que, aseguraba, facilitaban que sus armas terminaran en manos del crimen organizado.
De acuerdo con el gobierno mexicano, el 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en el país provienen de Estados Unidos, a pesar de que México solo cuenta con una tienda autorizada para la venta legal de armas.
Aunque un tribunal federal desestimó inicialmente el caso citando la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de 2005, que exime a los fabricantes de responsabilidad civil en la mayoría de los casos, el Primer Tribunal de Apelaciones en Boston lo revivió el año pasado, bajo una excepción que contempla casos donde las compañías violan leyes de forma deliberada.
Una excepción que no aplicó
Esa misma excepción ha sido utilizada en casos como la demanda de las familias de las víctimas del tiroteo en Sandy Hook, Connecticut, quienes lograron un acuerdo histórico de 73 millones de dólares con Remington, el fabricante del rifle AR-15 usado en la masacre.
Sin embargo, los jueces estadounidenses consideraron que la demanda de México no ofrecía evidencia suficiente de que los fabricantes de armas hubieran violado leyes específicas o incurrido en negligencia directa en sus prácticas comerciales.
Respuesta de las empresas y silencio oficial en México
Las empresas involucradas celebraron el fallo, reafirmando que no pueden ser consideradas responsables del mal uso de sus productos por terceros.
Por su parte, el Gobierno mexicano aún no ha emitido una declaración oficial tras la resolución, aunque expertos consideran que el revés representa un duro golpe a los esfuerzos diplomáticos y judiciales del país para frenar el tráfico de armas desde el norte.