El pasado 30 de marzo de 2025 dieron inicio formalmente las campañas a nivel nacional para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación.
Esta elección, que marca un hito al ser un proceso inédito e histórico en nuestro país, tendrá una duración de 60 días, finalizando el miércoles 28 de mayo, dejándonos tres días de veda electoral para reflexionar nuestro voto, teniendo la oportunidad 99 millones ,771 mil ,533 ciudadanos inscritos en la lista nominal, de ejercer el mismo por alguno de los 3,422 candidatos registrados en todo el país, los cuáles aparecerán, dependiendo del cargo a que aspiren, en seis diferentes tipos de boletas (cuyo número total asciende a 23.9 millones) para ocupar alguno de los 881 cargos en disputa, correspondientes a:
Nueve Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales son los integrantes del máximo tribunal constitucional, vigilando que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la constitución sin vulnerar los derechos humanos de la población; dos Magistraturas vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los cuáles resuelven, en forma definitiva e inatacable, las controversias electorales que presenten los ciudadanos, candidatos, partidos y demás actores políticos, resolver como último órgano jurisdiccional, los conflictos electorales a diversos cargos de elección popular, así como realizar el cómputo final de la elección presidencial declarando la validez de la elección del presidente(a) electo(a); quince Magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF, los cuales se encargan de resolver problemas que surjan de los procesos electorales, confirmar, invalidar o cambiar decisiones de los tribunales locales acerca de disputas electorales (con excepción de las gubernaturas), conflictos sobre elecciones estatales que llegan a las Salas Regionales, así como la revisión de las acciones del Instituto Nacional Electoral (INE); cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), los cuales se encargan de investigar y sancionar políticas contrarias a la Constitución y a la Ley que cometan los Jueces, Magistrados y Ministros; 464 cargos para magistraturas de circuito, mismos que tienen a su cargo revisar las inconformidades contra las decisiones de los juzgados de distrito y órganos judiciales locales, así como ayudar a establecer precedentes para futuros casos, permitiendo con ello ampliar los derechos y libertades para la ciudadanía; y finalmente 386 personas juzgadoras de distrito, las cuales deben resolver problemáticas con las acciones de las autoridades, garantizando que éstas respeten la Constitución y las leyes, resolver casos en materia civil, penal, laboral y administrativa, entre otras, para la protección de los derechos de la población, así como llevar a cabo la protección de los derechos humanos a través del Juicio de Amparo.
Los más de 3,000 candidatos deben ajustarse a diversos lineamientos electorales que regulen sus campañas, como el no contar con financiamiento público sino a través de recursos propios con determinados topes de gasto, siendo, para Ministros de la SCJN, integrantes del TDJ y Magistrados de la Sala Superior del TEPJF, 1 millón 468 mil 841 pesos; para Magistrados de la Sala Regional del TEPJF, 881 mil 304 pesos; para Magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito y Apelación, 413 mil 111 pesos; y para jueces de Juzgados de Distrito, 220 mil 326 pesos. A lo anterior debe aunársele la prohibición de contratar espacios publicitarios y de promoción en radio y televisión y cualquier medio (renta de espectaculares, autobuses, carteles, bardas o playeras, entre otros), organizar o recibir apoyo de mítines políticos multitudinarios o eventos respaldados por partidos políticos, buscando con ello respetar el principio de imparcialidad (capacidad de emitir un juicio o tomar una decisión de manera objetiva) y equidad (igualdad con justicia y ética) en la contienda. Cabe apuntar que cada una de las propuestas están obligadas a subir su información al sistema ¡Conóceles! plataforma del INE donde puede descargarse la ficha de cada persona candidata.
Y si bien es cierto que los candidatos necesitarán valerse de métodos propios para difundir sus propuestas dejándolos prácticamente sólo con la opción de recurrir a medios impresos (básicamente volantes) y tiempo al aire en redes sociales con spots proselitistas, también lo es el hecho de que la elección no estará dada, en su gran mayoría, por aspectos meritocráticos (nivel educativo, académico, preparación, experiencia) sino propagandísticos; el que no todos los candidatos puedan acceder al monto de tope de gastos, aún a pesar de poder solicitar créditos para financiarse, poniéndolos en desventaja frente a quienes si cuenten con ellos; el hecho ineludible que algunos cuenten con respaldos de diversos sectores, sindicatos o partidos políticos que puedan asegurarles un determinado número de votos fijos en detrimento de quienes no puedan contar con tales “apoyos”; el hecho de que varios candidatos realicen campaña ocupando sus puestos actuales, presuponiendo una ventaja en términos de exposición; todas ellas condiciones que podrían vulnerar el principio de equidad e imparcialidad, sin tomar en cuenta la influencia, o no, que el crimen organizado pudiera ejercer, o no, para favorecer una determinada candidatura.
El proceso electoral va comenzando, falta poco más de mes y medio para el día de la elección, tiempo en el que seguiremos viendo y escuchando diferentes tipos de propuestas y actividades mediáticas en redes, en un espectro que va desde las más serias hasta las más estrafalarias. Sin duda un proceso que dejará numerosas enseñanzas que esperaríamos permitan mejorar los diferentes procesos que lo conforman.
Aún falta tiempo para el día de la elección y la emisión de resultados 12 días después de acuerdo con el INE, y lo que venga con ello. Seguiremos atentos el desarrollo del proceso.
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