1. Consejo UG: legitimidad anulada
Lo que ocurrió ayer en la doble sesión extraordinaria del Consejo General de la Universidad de Guanajuato, es sólo el reflejo de un proceso de sucesión rectoral empantanado por los excesos, el autoritarismo y la desconfianza.
Marcado como un paso clave para los aspirantes a la rectoría, al ser el último filtro antes de la final ante la Junta Directiva de la UG, las inconformidades, denuncias y quejas se hicieron patentes, sobre el proceso y después sobre los participantes. Todo, para que al final se decidiera aprobar a los cinco participantes.
Primero estuvo la protesta estudiantil. En la cuarta sesión extraordinaria del consejo, un grupo de al menos 50 alumnos, irrumpieron en el salón para exigir que se detuviera el proceso, se diseñe uno que contemple su participación y, entonces sí, ungir a una nueva o nuevo rector legitimado.
El cruce con Graciela Ruiz Aguilar, secretaria general y para estos efectos presidenta del consejo y la comisión especial, duró varios minutos y reflejó perfectamente la relación anómala entre las autoridades de la UG y sus estudiantes; mientras ellos le pedían participación, ella les pedía abandonar el salón.
Como era previsible las tensiones se apretaron cuando Graciela -indiciada por allanar propiedad privada- pidió el apoyo para desalojar a los estudiantes. Afortunadamente no pasó a mayores pero sí se tuvo que cerrar esa sesión a falta de concordia.
Fue en el Auditorio General del edificio central de la UG, a puerta cerrada, donde se reanudó la sesión, tras dos horas de espera. Tras una atropellada ronda de exposiciones, las descalificaciones personales iniciaron y se evidenciaron.
El director del Nivel Medio Superior y consejero afín al rector Luis Felipe Guerrero Agripino, J. Merced Rizo, fue el encargado de echar a andar el plan que se cocinaba hace días contra la rectora del campus Guanajuato, Teresita Rendón Huerta, al denunciar presunto plagio en citas no acreditadas de su proyecto de desarrollo.
A partir de ese momento la atención se centró en la catedrática. En automático, quienes hicieron leña del tema, extrañamente también planteaban la aprobación de las cinco postulaciones. Por un lado reprochaban el presunto plagio, para luego hacerlo menos, pidiendo el visto bueno general.
La secretaria académica del campus Guanajuato, Claudia Gutiérrez Padilla, defendió a su jefa y acusó las cosas por su nombre: se trató de una operación de mala fe y remató echándoles en cara que diez de los ahí presentes están acusados de allanamiento, en alusión a la toma del Periódico Correo.
Surge entonces nuevamente la duda ¿por qué denunciar y exhibir a Teresita para luego plantear su aprobación como aspirante? Al no formalizar denuncia alguna precisamente lo anterior se reduce a un ataque personal que sólo termina por empobrecer la legitimidad de un proceso empantanado.
2. UPN: otra olla con la presión del acoso
Aunque desde hace un par de años la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) aprobó y publicó sus protocolos para atender y erradicar la violencia de género, queda claro que para que este se aplique en la realidad se requiere de la voluntad de las cabezas burocráticas.
Desde hace varios meses, viene germinando una denuncia pública en contra del director interino de la UPN, Valentín Aguirre Manzano, quien lo negó increíblemente al aseverar que se trata de diferencias ideológicas.
Según la denuncia, desde febrero de 2020 el acoso laboral y sexual por parte del entonces subdirector. Este fue señalado, pero según aseveran, nunca recibió sanción alguna de las autoridades de la Secretaría de Educación ni la entonces directora Ma. De los Ángeles Freyre Rizo.
“Hay personas que están acostumbradas a un trato quizá diferente, hemos tratado de hablar con ellos cuando ha habido situaciones con algunos compañeros (…) Hay personas a las que no les parece y no se les ha pedido lo que no dice en su contrato (…) estamos al margen de sus nombramientos” aseveró.
El problema es que estos señalamientos se van haciendo comunes en la UPN y tampoco se les recuerda sanción alguna. En marzo, estudiantes de Celaya acusaron acoso y hostigamiento por parte del encargado de la dirección, Adán Lara Patiño, y pidieron su destitución y la intervención de la Secretaría de Educación de Guanajuato.
Casos así se han reportado en otros planteles ubicados en la Ciudad de México y San Luis Potosí con resultados diversos. El problema se agrava en planteles como los de Guanajuato, cuyos directivos no dimensionan ni entienden la equidad de género.
Citando a la propia UPN “el personal tiene la obligación de conocer el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual y conducirse acorde a las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública”.
Pensar que se trata de la universidad pedagógica, hace levantar las cejas a más de uno.
3. Manuel Doblado: tragedia que pudo evitarse
Desde hace cerca de un mes, ciudadanos de la comunidad de La Ladera, en el municipio de Manuel Doblado, se percataron que el deslave de un puente por el que pasa la carretera era un riesgo. No tardó en hacerse realidad, pues dos jóvenes perdieron la vida, tras caer al socavón que quedó en uno de los dos carriles.
El accidente generó la preocupación y molestia de las personas derivado de dos accidentes que sucedieron el pasado sábado y domingo, al caer mientras circulaban por la vialidad.
Todo adquirió mayor asombro cuando se supo que uno de los jóvenes que murió el pasado domingo en un accidente vial en la carretera que va de Manuel Doblado a Purísima del Rincón, era un elemento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, de nombre David Ernesto Torres.
Pero todo adquiere mayor nivel cuando se da cuenta de que el pasado 26 de julio, Protección Civil del gobierno de Manuel Doblado que encabeza Blanca Haydeé Preciado Pérez, identificó el deslave en la carretera a la altura de La Ladera y el 2 de agosto, entregó los oficios correspondiente a dependencias estatales.
Al tratarse de una carretera estatal, se notificó del caso por el riesgo detectado, a Protección Civil del estado y a la Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad. Pero no pasó nada más.
Prácticamente ya pasó más de un mes, no hay arreglo ya hay dos muertes, así como un cúmulo de indignación por la evidente negligencia oficial. ¿Qué no se puede actuar sin tapar pozos de niños ahogados?
CONTRA RETRATO
Aurora Abigail
Feminicidios como el de ella no pueden ser olvidados, menos cuando están impunes, y mucho menos cuando es a razón de la negligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre.
El caso de Aurora Abigail cumple un año sin resolución. Con un cuadro claro y pleno de feminicidio, su victimario fue capturado pero liberado al poco tiempo por deficiencias en la investigación de la fiscalía. La indignación no podría ser menor entre la sociedad de Silao y del estado.
Pero es peculiar –por decir lo menos- el tratamiento que en Guanajuato se le ha dado a los asesinatos de mujeres. La entidad puede ser primer lugar en homicidios dolosos de mujeres, pero último en feminicidios. Puede ser primer lugar en homicidios culposos de mujeres, pero último en lesiones.
Por eso Correo dio a conocer que el Poder Judicial del Estado de Guanajuato reencarpetó 211 casos entre el 2020 y mayo de 2022, lapso en el que la FGE reportó únicamente 76 feminicidios. Una evidente discordancia con la realidad, pues al final la cifra oficial registrada es la de 76 casos.
Según el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, todo se debe a que no hay un apartado diferente en el registro de delitos, cuando exista una reclasificación para evitar confusión. Sin embargo este ya existe como notas aclaratorias y modificaciones que también se puede entregar cada mes.
Hoy que se cumple un año del feminicidio de Aurora, su figura no sólo representa a las víctimas impunes, sino también a las invisibilizadas por el Estado.