San Miguel de Allende, Gto.- Autoridades de comunidades indígenas de los municipio de Tierra Blanca, Dolores Hidalgo y San Luis de La Paz celebraron una reunión en San Miguel de Allende con el objetivo de deslindarse de la toma de las oficinas del Instituto Nacional de Pueblo Indígenas en el estado de Querétaro.
Los representantes dieron a conocer que, hace un mes, las oficinas del INPI que brindan servicio a los estados de Guanajuato y Querétaro se encuentran tomadas por cerca de 25 personas que se autonombran autoridades indígenas sin serlo.
Preocupación se extiende debido a que la toma de las oficinas
La preocupación se extiende debido a que la toma de las oficinas de representación federal han causado que las obras, que por primera vez serán contratadas y supervisadas directamente por los representantes de las comunidades, no han sido validadas, además de que ha obstaculizado el proceso para celebrar acuerdos con dependencias de los tres niveles de gobierno para obtener mayores recursos.
A través de cuatro puntos, los representantes indígenas se deslindaron de la toma de las oficinas y manifestaron su apoyo a la actual titular del INPI en Querétaro, Carmen Alvarez, además de que acusaron que este movimiento tiene tintes políticos orquestados desde el gobierno estatal, debido a que buscan que los recursos se sigan manejando a través de la autoridad gubernamental.
“Nos deslindamos de las personas que tomaron las oficinas supuestamente en representación de las comunidades indígenas de Querétaro y Guanajuato (…) hacemos un llamado a mantener la unión y hermandad por la que desde hace varios años hemos trabajado”, indicó Nadia Rodríguez, delegada de la comunidad de Cieneguilla en Tierra Blanca.
A decir de los representantes, el grupo que mantiene tomadas las oficinas federales solicitan la destitución de la actual titular de la dependencia federal y han amenazado con escalar la movilización y tomar oficinas en la Ciudad de México, dicha agrupación está principalmente encabezada por gente de comunidades indígenas de la sierra queretana y acompañada por habitantes de Guanajuato, e incluso, por la diputada local Plásida Calzada.
“Aquí está un partido político atrás de esto, que desgracia que a nuestro compañeros los estén utilizando, ¿porqué se ha inmiscuido este partido que está en el poder en nuestro estado? Porque ya sienten que el poder se les va de las manos, sienten que el Plan de Justicia es un obstáculo para sus intereses”, señaló Salomón Ramírez de la comunidad de q en Tierra Blanca.
Por su parte, Saddam Enríquez, representante de la comunidad de Río Laja en Dolores Hidalgo, señaló que el Plan de Justicia, máximo órgano de gobierno de las autoridades indígenas de la zona norte de Guanajuato y la sierra de Querétaro, está siendo tomada como moneda de cambio política por lo que incluso tendrá que replantearse su forma de operación.