Guanajuato, Gto.- Están listos los dictámenes que llegarán al pleno del Congreso de Guanajuato sobre la despenalización del aborto; tres en sentido negativo: el que corresponde a la comisión de salud, para que el Estado esté obligado a la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de interrupción legal del embarazo.
Previamente en comisión de justicia se votó el dictamen para eliminar el aborto como delito del Código Penal del Estado; y en comisión de gobernación, se votaron las iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de derecho a la vida.
Este lunes, en sesión de la Comisión de Salud Pública se aprobó el dictamen, en sentido negativo, de dos iniciativas de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato. Una buscaba establecer como obligación del Estado la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, así como de interrupción legal del embarazo; y la otra, reconocer el derecho a la autonomía reproductiva para establecer su garantía, a través de la obligación del Estado para la prestación de los servicios de interrupción del embarazo.
Acceso al aborto seguro es cuestión médica, no moral
El legisaldor Antonio Chaurand Sorzano habló en contra del dictamen al señalar que, cada año en México se practican abortos, tanto legales como ilegales, y que las estadísticas muestran que la tasa de aborto inducido es aproximadamente 33 por cada mil mujeres, entre 15 y 44 años.
Calificó como evidente que el aborto es un asunto de salud pública y que, a pesar de que se puede prevenir, el aborto peligroso es una de las principales causas de morbimortalidad materna y puede provocar complicaciones físicas y psíquicas, prejuicios sociales y económicos a las mujeres, las comunidades y los sistemas de salud.
Abundó que el impacto del aborto inseguro o peligroso sería fácilmente prevenible si se implementarán leyes permisivas y servicios de salud accesibles, con personal capacitado y disponibilidad de los insumos adecuados, con los que se ahorraría una gran proporción de los costos derivados de las complicaciones por abortos practicados en condiciones de inseguridad.
Insistió que penalizar el aborto no evita su práctica, pero que la restricción legal sí conlleva a abortos inseguros o peligrosos y, eso a un incremento en la morbimortalidad al no contar con proveedores calificados y condiciones higiénicas adecuadas.
Indicó que no se trataba de tener una posición política o moral sobre el aborto, sino de una cuestión médica a la que había que responder.
Además, el diputado solicitó que tanto su posicionamiento como los argumentos expresados por sus homólogas en la comisión anterior se incluyeran en las consideraciones del dictamen.
El dictamen se aprobó por mayoría en sentido negativo.
Ya de manera previa, también se aprobaron en sentido negativo los dictámenes de las comisiones de Gobernación, en materia de derecho a la vida, y de justicia, para quitar del código penal la figura del aborto
Reprochan criminalización de las mujeres
La diputada María Eugenia García Oliveros dijo que la Suprema Corte de la Nación ha sido clara en señalar que el reconocimiento de la vida desde la concepción en normativas locales es inconstitucional por limitarse la autonomía de la vida reproductiva de las mujeres y personas gestantes, además de que al no despenalizar el aborto se está contribuyendo a ignorar la priorización de políticas públicas que protejan los embarazos deseados, combatan la mortalidad materna y garanticen la atención prenatal en lugar de criminalizar a las mujeres.
Incluso la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, quien ha defendido el derecho de las mujeres a decidir, criticó que en la comisión de gobernación se haya acordado saltarse las mesas de trabajo con las autoridades para irse directamente a la comisión para dictaminar. Dijo que las esas reuniones son una oportunidad para esclarecer dudas y poder hacer mejoras a los productos legislativos.
Así, los tres dictámenes están firmados y listos para subirlos al pleno en la sesión del próximo jueves 29 de mayo.