León, Guanajuato.- Los colectivos Planeta B, Red de Ciclistas Urbanas Independientes de León y Urbe León, promovieron un amparo en contra del Congreso de Guanajuato por haber incumplido con la armonización de la Ley General de Movilidad a la normativa estatal, a un año de su publicación.
Los denunciantes señalaron que, pese a que la Ley Federal fue promulgada en mayo de 2022, acompañada de un mandato a los congresos locales, obligándoles a homologar sus leyes estatales a los nuevos principios de la movilidad en un plazo de 180 días hábiles, en Guanajuato nunca hubo una intención de cumplir con esa parte.
“Estamos por interponer este amparo por la omisión legislativa de no haber armonizado la Ley de Movilidad del estado (…). En el periodo de 180 días, tanto Urbe como miembros de la Coalición de Movilidad Segura a nivel nacional tuvieron varios acercamientos con las y los diputados, y ni siquiera hubo respuesta ni ninguna razón para darle continuidad al proceso, ni a nosotros ni a la coordinación que también estuvo en contacto con los congresos locales”, dijo al respecto Ernesto Ramírez García de Urbe León.
El excandidato a la alcaldía de León, Juan Pablo Delgado Miranda, quien acompañó a los colectivos en la defensa legal para promover el amparo, dijo que esta es una estrategia consecuente a la demanda interpuesta por el colectivo y los vecinos de la colonia León 1, contra la administración de Alejandra Gutiérrez Campos y el Congreso local, por la asignación inequitativa del presupuesto de obra 2023 para la ciudad, con acciones que priorizan a automovilistas con el 80% de los recursos.
Y es que mientras que la Ley General establece que los municipios deben promover el desarrollo de infraestructura que priorice a peatones y ciclistas, la normativa estatal vigente no considera esta jerarquía de movilidad como su eje central para diseñar sus políticas públicas.
“En el desahogo de ambos juicios ellos se defienden con el contenido de la legislación local, porque no tiene la misma fortaleza que la legislación federal de obligar a las autoridades a utilizar el recurso de la manera en que debería, entonces aprovechan que no han armonizado la legislación para construir sus argumentos en los otros amparos que están en proceso, y por eso también lo consideramos una acción estratégica. Es una desfachatez utilizar como argumento una ley que ya no debería de existir”, abundó al respecto.
Delgado Miranda afirmó que con esta ruta se buscará presionar al Congreso para que cumpla con la homologación de sus leyes, frente al antecedente de que solo actúa obligado por una sentencia cuando alguna legislación no concuerda con sus líneas de trabajo, como ocurrió con la asignación de presupuesto para atender a la población LBGTI.
JG