Guanajuato, Gto.Colectivos a favor de la despenalización del aborto aplaudieron que finalmente se realicen las mesas de trabajo para discutir el tema en el Congreso de Guanajuato y pidieron a los diputados que, cuando finalmente se vote, lo hagan dejando a un lado fanatismos religiosos y pensando en favor de la salud.

Las mesas de trabajo para discutir el tema se realizarán este viernes y están convocados tanto grupos que promueven la despenalización como los que la rechazan, aunque en horarios diferentes para evitar altercados.

Maribel Luna, de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, dijo que conversar con diputados y diputadas sobre la argumentación a favor del aborto es algo que no se había visto antes. “También a lo que estamos invitando es a poder iniciar una discusión y un debate, desde el trabajo que nosotros realizamos”.

Activistas destacan la realización de mesas de trabajo con legisladores, aunque piden un debate sin imposiciones religiosas y con base en derechos humanos.

Reconoció que el tema religioso es un factor muy importante que muchas diputadas y diputados consideran; “no obstante, hay todas las condiciones: jurídicas, sociales, políticas y de demanda social para que avancen en la despenalización. Lo que no queremos es que renuncien a su religión en el ámbito de la esfera privada, pero sí pedimos que establezcan una clara línea, nítida línea, entre lo que implica su decisión personal en lo individual y una decisión pública, que implica responder a la ciudadanía que los eligió para tomar decisiones independientemente de la identidad religiosa”.

Maribel Luna consideró que, antes de llegar a ese paso, sí se pueda tomar una posición de avanzada progresista. “Ya no es una iniciativa de un partido político, es una iniciativa de avanzada que responde a los estándares de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Enfatizó que el aborto no es una cuestión de estar a favor o en contra, sino un abanico de condiciones que involucra muchas situaciones en las que las mujeres se ven obligadas, en ocasiones, a interrumpir el embarazo. “Nosotras creemos que esas condiciones deben ser las mejores y que el Estado debe garantizar, desde un ámbito de derechos humanos, este servicio de justicia social y salud pública. Pero, además, que no tiene que intervenir en la esfera pública ninguna posición religiosa; entonces creemos que hay una oportunidad, previo a que lleguemos a una situación donde hagan un voto reflexivo desde la libertad de conciencia y el Estado laico”.

Patricia López, de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, celebró que el Congreso de Guanajuato esté abierto a la postura de escuchar a todas las voces. “Posterior a eso, lo que estamos esperando es que haya un dictamen a favor y que después pase al pleno; creo que estamos en un paso de técnica legislativa, que se está siguiendo conforme a los lineamientos internos”.

La activista confesó estar esperanzada en tener estos acercamientos con todas las personas de todos los partidos políticos. “La verdad es que desde las organizaciones civiles estamos realizando este acompañamiento técnico desde hace años y un acompañamiento solidario a las mujeres y personas gestantes también. Nosotras no paramos en posicionar estos argumentos y dar estos planteamientos teóricos, pero también prácticos. Las mujeres están abortando de manera espontánea y no teniendo un acceso a un servicio de calidad y seguro”.

Consideró que esto se tiene que posicionar más desde el aspecto de la salud y debe quedar fuera de los códigos penales, no sólo de Guanajuato. “Esperemos no recurrir a otros instrumentos, sino que este proceso sea lo que se tenga que cumplir; es parte de la chamba del Congreso”.

Expuso que si las mujeres no pueden decidir sobre su propio cuerpo, “sobre nuestro territorio principal, creemos que no podemos avanzar en lo demás. Avanzar justo hacia tener garantizado un servicio al aborto seguro y de calidad es uno de los derechos sexuales y reproductivos que tenemos que exigir. Vivir libres de violencia es también vivir libres de esta violencia estructural y patriarcal que tenemos alrededor, sobre no poder decidir sobre nuestras propias maternidades”, finalizó.

Por su parte, Anahí Rodríguez Martínez, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), dijo que se llevó una experiencia grata en el ejercicio pasado que se realizó en la casa legislativa. “Yo creo que lo que se rescata es que los argumentos diversos fueron planteados con sólida argumentación jurídica y social desde el ámbito de los derechos humanos y la salud pública. Entonces, a pesar de que hay posiciones en contra, eso lo único que pone en evidencia es que no hay sustento argumentativo a favor de la causa que ellos (los provida) defienden”.

Aseguró que tienen una posición de apertura al diálogo, de manera respetuosa y, sobre todo, que la posición sea en un marco de derechos humanos y laicidad del Estado.

“Lo que planteamos es no a la criminalización en Guanajuato; ese es el argumento en el que todas y todos coincidimos. Nosotras planteamos que hay un contexto para decidir. Las posiciones antiderechos lo que plantean es que haya una realidad, un contexto, un estado de Guanajuato en donde no haya posibilidades de decidir, en donde se penalice el aborto y se criminalice”, señaló.

Recordó que la criminalización del aborto inicia desde el ámbito social, cuando se considera un tema tabú o un mito social, que hay un tema negativo cuando se toma la decisión de abortar, y que entonces se empieza a juzgar socialmente a las mujeres, se les empieza a cuestionar y a excluir.

“Nosotras pensamos que son posiciones fundamentalistas, desde una postura del fundamentalismo religioso donde no hay apertura y lo que quieren es imponer una visión única a la pluralidad que hay en Guanajuato y a nivel nacional”, finalizó.

Últimas noticias sobre Guanajuato hoy

Libia García insiste en transparentar recursos del FIDESSEG y eliminar intermediarios

A 20 días de su desaparición, no se sabe nada del Policía Auxiliar Juan Arturo Martínez Martínez

Diputados apoyan prohibir apología del delito en eventos públicos financiados por gobierno