Apaseo el Alto, Gto.- Luego de sufrir un accidente carretero, un grupo de alrededor de 15 pasajeros terminó regresando por su cuenta a casa, ya sea caminando o buscando su propio medio de transporte, al no recibir atención médica ni auxilio. Esto, en Apaseo el Grande.
El hecho ocurrió el miércoles 9 de abril, cuando un auto particular, una camioneta y un autobús de la empresa Transportes Apaseo el Alto-Celaya S.A. de C.V. se vieron involucrados en un percance sobre la carretera Panamericana, a la altura del balneario Agua Azul.
Ese día, los reportes oficiales señalaron que solo una persona resultó lesionada y fue trasladada al hospital. Sin embargo, Eliseo Gerardo Domínguez, quien afirma tener conocimiento directo del caso, asegura que varios pasajeros presentaron lesiones —aunque menores— y también debieron ser atendidos y llevados a un lugar seguro.
Domínguez explicó que mantiene una disputa legal desde hace 20 años con un familiar por el control de dicha empresa de autobuses, derivada de un conflicto por herencia. Afirmó que este conflicto ha escalado al grado de afectar a los usuarios del transporte público y ha involucrado a autoridades de los tres niveles de gobierno, a quienes acusó de actuar de manera parcial o corrupta en favor de su contraparte.
Entre las instituciones señaladas están la Fiscalía, Tránsito del Estado, la Guardia Nacional, el Poder Judicial, el municipio de Apaseo el Alto, así como notarios y hasta autoridades de Querétaro.
El denunciante advirtió que las unidades de esta empresa —identificadas por su color blanco con líneas azules y un círculo con las letras “Santa Fe”— circulan con placas sobrepuestas, tarjetones vencidos, choferes sin licencia, sin aprobar la revista mecánica, camiones en malas condiciones y, lo más grave, sin seguro para pasajeros.
“Se está poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Esa es la preocupación más grande. En 20 años hemos interpuesto recursos legales, sin resultados”, declaró.
Gerardo Domínguez mostró un documento de denuncia que presentó ante la Guardia Nacional sobre la circulación de estas unidades en carreteras federales. Sin embargo, la corporación respondió que no es su competencia sancionar esas irregularidades.
Finalmente, indicó que ha retomado el caso ante la Fiscalía y solicitado audiencia tanto con el fiscal Gerardo Vázquez como con la gobernadora Libia Denisse García, pero hasta ahora no ha recibido respuesta
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